CHETUMAL.- En medio de total sigilo y cuando los ojos están puertos sobre Quintana Roo con la realización del Tianguis Turístico México 2014, el congreso del estado aprobó la nueva Ley de Ordenamiento Cívico, que resultó, luego de algunas "modificaciones", de su antecesora Ley de Ordenamiento Social, aprobada en marzo pasado, conocida como la "ley antimarchas".
Ante la ola de inconformidades por la iniciativa que autorizó el Congreso el 24 de marzo pasado, el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, aseguró que dicha ley se sometería a una "cuidadosa revisión" antes de publicarse en el Periódico Oficial del estado, pero en su lugar esta ahora la nueva Ley de Ordenamiento Cívico.
Diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, destacaron en un comunicado difundido este fin de semana, que "es una ley equilibrada, porque contempla el derecho de los manifestantes de expresarse en cualquier sitio".
Esto aplica, "siempre y cuando se permita el tránsito vehicular, la prestación de servicios públicos y el paso de los servicios de emergencia, lo que representa el respeto a los derechos de terceras personas".
Y añadieron "es una ley innovadora, incluyente, segura y equilibrada", además exhortaron a los ciudadanos a conocerla y analizarla a través del archivo completo que se encuentra en la página web oficial del Congreso de Quintana Roo, www.congresoqroo.gob.mx
Pretenden, dice el comunicado, que "que los ciudadanos tengan acceso total al contenido de la misma para que puedan estudiarla y formar su opinión y cómo es que garantiza tanto los derechos de manifestantes como los de terceros", -además señalan- "es una ley segura, porque el ciudadano no ve vulnerado su derecho a la manifestación y reunión".
Indicaron que, "de haber manifestaciones o plantones, los ciudadanos contarán siempre con asistencia médica y la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo".
Indicaron que la nueva ley es incluyente, pues en ella se contemplaron las opiniones y observaciones de la sociedad civil, especialistas, y organismos internacionales en materia de derechos humanos, y "fue así como finalmente se aprobó por la mayoría de los diputados de la XIV Legislatura".
Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Julio César Lara, reconoció que hay algunos cambios en la nueva ley, en relación con la anterior, pero sigue siendo restrictiva e inhibitoria de derechos constitucionales.
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