La Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Querétaro consideró urgente una reforma al Código Urbano estatal que permita mejorar los procesos de entrega–recepción de fraccionamientos, y en consecuencia existan garantías para los ciudadanos que recibirán los servicios básicos.
El presidente del organismo en la entidad, Pedro Roberto Reyes, precisó que el sector sostiene que se requiere una reforma que brinde certeza a los desarrolladores que invierten, pero que establezca sanciones importantes (pecuinarias y hasta suspensiones provisionales o definitivas) ante el incumplimiento de sus obligaciones.
También, dijo que esa reforma al código debe establecer procedimientos claros y expeditos para que el municipio pueda hacer efectivas las garantías ante el incumplimiento de los desarrolladores y que obligue al municipio a prestar los servicios públicos a los habitantes de un fraccionamiento, aunque éste no le haya sido entregado; así como a ejecutar las obras omitidas por el desarrollador, con cargo a las garantías o sanciones económicas respectivas y sancione a los funcionarios públicos municipales que no cumplan con lo anterior.
Se necesita, comentó, una reforma que regule la intervención de las Asociaciones de Colonos para garantizar la protección de los derechos de los habitantes de los fraccionamientos.
"Ojalá la Legislatura de Querétaro sea sensible a la problemática existente y convoque a mesas de trabajo en las que intervengan y se vean representados los habitantes de los fraccionamientos, los desarrolladores y los municipios a efecto de determinar la mejor manera de reformar el Código Urbano para corregir la situación de la irregularidad en los fraccionamientos que impera en nuestro Estado".