QUERÉTARO, Qro.- El desarrollo inmobiliario y comercial Central Park será investigado fiscal, administrativa y penalmente debido a un adeudo de entre 30 a 40 millones de pesos por el Impuesto de Traslado de Dominio con el municipio capitalino y la detección de tomas clandestinas de agua potable.
En un primer momento, el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, amagó con dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que inicie sobre el propietario de Central Park una investigación fiscal relacionada con dicha deuda que tiene con la administración local.
Marcos Aguilar refirió que el propietario original del complejo podría incurrir en responsabilidades penales y fiscales, por lo que el asunto debe resolverse a la brevedad.
Dijo que la administración a su cargo llegará hasta las últimas consecuencias, además, el presidente municipal refirió que el gobierno asesora a los compradores de oficinas y locales de Central Park para regularizar sus propiedades, con el fin de que el municipio pueda recuperar así los 40 millones que se le adeudan.
Marcos Aguilar Vega aseguró que los condóminos han acusado al propietario de incumplir sus obligaciones.
"Solo se firmaron contratos de compraventa privados y desde que esto inició a la fecha, hay quienes ya han realizado compraventas sin informar al fisco y pagar las contribuciones. Esto representa una evasión fiscal que debe ser resuelta de manera inmediata".
El edil capitalino dijo que los contratos de compraventa que los inquilinos tienen en Central Park no les respaldan ante la capital.
Por su parte, el secretario de Gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, refirió que se realiza una investigación administrativa de la detección de tomas clandestinas de agua potable en Central Park, en lo que podrían estar involucrados exfuncionarios públicos.
"El tema administrativo que implica la corrección material y técnica de este tipo de irregularidades; me refiero a las tomas y evidentemente la investigación de orden administrativo por el órgano de control interno respecto de la posible responsabilidad en que hubiese incurrido algún servidor público", explicó.
Indicó que la investigación administrativa la lleva a cabo la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en su órgano de control interno para determinar desde ahí las posibles responsabilidades en que hayan incurrido funcionarios públicos, a quienes en su momento les habría correspondido detectar el hurto del agua o en su caso cobrarlo.
En su momento, el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general de Querétaro, refirió que desde el carácter penal en este asunto se investiga si efectivamente corresponden a tomas clandestinas o falta de pago por omisión en el cobro, y si también están involucrados ex funcionarios públicos.