El gobierno del presidente López Obrador enarboló desde su llegada la bandera de la austeridad, y efectivamente en 2019, su primer año de gestión, instrumentó fuertes recortes a algunas áreas que condujeron a que el gasto total del sector público se estancara ese año.
Algunos de los ajustes fueron muy visibles pues implicaron gestos simbólicos, como por ejemplo el abandono de Los Pinos como residencia oficial o el hecho de dejar de usar el avión presidencial.
Los principales ajustes al gasto no se presentaron en las erogaciones operativas que tradicionalmente forman parte del llamado gasto corriente sino que se localizaron en la inversión pública.
En el primer año de este sexenio la inversión realizada por el gobierno federal cayó en 11.8 por ciento en términos reales respecto al último año de Peña Nieto.
No es inusual en México que en el primer año de un nuevo gobierno se presente una caída de la inversión pública.
Y por esa razón, también durante el primer año de cada gobierno tiende a darse un bajo crecimiento de la economía. En el caso de este sexenio se presentó incluso un leve decrecimiento.
La inversión privada también retrocedió ante la incertidumbre derivada de las nuevas medidas del gobierno de AMLO y de decisiones como la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
El retroceso de la inversión total fue de 4.7 por ciento en 2019.
El segundo año de esta administración fue completamente atípico como en todo el mundo ya que la presencia de la pandemia y el confinamiento propiciaron un retroceso histórico en la economía.
A diferencia de lo que ocurrió en muchos países, la política fiscal en México no incurrió en un crecimiento considerable de la deuda pública para financiar apoyos a las empresas y a las familias.
El porcentaje de la deuda pública sobre el PIB llegó en 2020 a poco más de 52 por ciento, pero sobre todo por el efecto de una caída de más de 8 por ciento en el PIB.
En 2021 se siguió con la misma estrategia y tampoco se tuvo una política fiscal expansiva. De hecho, la inversión pública del gobierno federal había caído en 4.7 por ciento hasta julio de este año y el Paquete Económico de 2022 estima que en 2021 habrá acumulado un retroceso de poco más del 6 por ciento.
El Paquete Económico para 2022, si bien respeta los lineamientos que pretenden asegurar un equilibrio en las finanzas públicas tiene un cambio de tono y se orienta a apoyar un mayor crecimiento de la economía.
Quizás la modificación más importante radique en la inversión pública a la cual se le ha programado un crecimiento real de 17.7 por ciento, que resulta el más elevado desde el 2008.
En el caso del gasto neto del sector público, también se ha previsto un alza de 1.5 por ciento en términos reales.
A diferencia de las previsiones anteriores que consideraban que para el próximo año ya se pudiera regresar a un balance primario en equilibrio, es decir a un gasto público menos los intereses de la deuda que pudieran ser sufragados por los ingresos presupuestales sin endeudamiento, ahora se ha modificado la expectativa y nuevamente se plantea que haya un déficit primario de 0.3 por ciento del PIB.
Si bien la cifra es relativamente pequeña, pareciera existir una visión que ya no está obsesionada en recortar el gasto, sino que busca niveles de éste que pueden ser compatibles con la expectativa de un crecimiento superior al 4 por ciento.
Para que esto se convierta en realidad, se requiere que los ingresos tributarios continúen creciendo de manera importante, a pesar de que no haya alzas en las tasas impositivas.
La estrategia que se usará en 2022 es la misma que fue empleada en 2021 y parte de 2020, desde que Raquel Buenrostro asumió la titularidad del SAT.
Se diagnosticó que la mejor manera de obtener ingresos adicionales sin aumentar las tasas era por medio de una mejor fiscalización. Sin embargo, ésta se focalizó en los llamados grandes contribuyentes.
De acuerdo con el SAT, caen en esta categoría quienes tienen ingresos anuales superiores a 1 mil 250 millones de pesos y algunos organismos y empresas en específico, como por ejemplo las instituciones financieras o las empresas que cotizan en la bolsa.
Se planteó en el SAT que sería más redituable concentrar la fiscalización en este grupo de poco más de unas 10 mil empresas y el resultado en términos recaudatorios ha sido positivo pues de acuerdo a las previsiones oficiales entre 2018 y 2021 los ingresos tributarios no petroleros se mantuvieron estables pese a una caída acumulada de la economía de poco más de 3 por ciento.
Para 2022 también se propone el uso de financiamiento para sufragar el gasto.
De acuerdo con la Ley de Ingresos propuesta, el techo de endeudamiento para el que se pide autorización al Congreso es de 845 mil 807 millones de pesos.
Esto significa que la deuda pública total estaría en 49.7 por ciento del PIB para el cierre del próximo año.
Si se compara este nivel con el que tienen otros países, resulta relativamente bajo, lo cual asegura que la percepción sobre las finanzas del gobierno sea positiva a nivel internacional, pero al mismo tiempo, hay margen para que no haya una presión excesiva para realizar recortes en el gasto público como los que se tuvieron en años anteriores.
Quizás el punto más frágil de este planteamiento corresponda al crecimiento económico.
El consenso de los expertos expresado, por ejemplo, en la encuesta quincenal que realiza Citibanamex considera un crecimiento de 2.9 por ciento para el próximo año frente al 4.1 por ciento que es previsto por Hacienda.
Un crecimiento menor probablemente implicaría una menor recaudación y eventualmente desequilibrios fiscales superiores a los programados.
La apuesta del gobierno es que se alcance el ritmo económico previsto con el apoyo de mayor inversión privada. Hacienda considera que la demanda de exportaciones que se ha derivado de la recuperación económica en Estados Unidos puede detonar un mayor volumen de inversión del sector privado pues se tendrá que ampliar la capacidad instalada para hacer frente a la creciente demanda de insumos por parte de la economía norteamericana, y con ello, el crecimiento estaría por arriba de lo que espera la mayoría de los expertos.
Es probable que con las últimas cifras económicas del 2021 pueda observarse ya con mayor claridad si esta expectativa es plausible o si ante un menor crecimiento eventualmente tendría que ajustarse también el gasto público de nueva cuenta y se estaría repitiendo la historia.