En los meses más fríos del año, una espesa niebla se extiende sobre el ejido de Coatitila en el oriente de México, ocultando las abultadas colinas cubiertas de pinos que lo rodean. Al mediodía, el sol dispersa la niebla y deja expuestos algunos parches en el terreno donde los árboles han sido cortados para la tala o el trabajo agrícola.
En 2019, los líderes de Coatitila pensaron que habían encontrado una forma de proteger los bosques —cada vez más escasos— y, al mismo tiempo, generar un cambio importante en una economía local donde la persona promedio gana, cuando logra encontrar trabajo, la cantidad de 6.40 dólares al día. Una de las organizaciones climáticas sin fines de lucro más prestigiosas del mundo, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), ayudaría a ejecutar un programa que remunera a las pequeñas poblaciones a cambio de que estas reforesten sus bosques de propiedad comunal y mejoren la gestión forestal. El proyecto traería efectivo de una agencia del Gobierno de Estados Unidos y del gigante petrolero BP, quien finalmente compraría los créditos de carbono que generaran los pobladores.
A finales de 2021, después de dos años de trabajo, el pueblo recibió su primer pago anual. El monto, dividido entre 133 miembros de la comunidad, ascendió a cerca de 40 dólares por persona, una fracción de lo que esperaba el entonces líder del pueblo, Álvaro Tepetla, quien consideraba que recibirían hasta 44 mil dólares en total por año o por lo menos que igualarían los 8 mil 100 dólares que recibieron por un programa de conservación del Gobierno cancelado recientemente. La suma final fue 30 por ciento más baja y equivalía a poco más que el trabajo de una semana por persona.
El programa se financia con bonos de carbono, una herramienta financiera que tiene como objetivo luchar contra el cambio climático convirtiendo el dióxido de carbono capturado al proteger los árboles en un producto valioso. Cada compensación debe equivaler a una tonelada de carbono absorbida. En este caso, como comprador de los créditos, BP recompensaría a la comunidad por su cuidado de los bosques al tiempo que adquiría un activo que podría conservar como inversión o vender a terceros y ser utilizado para eliminar las emisiones de carbono corporativas.
BP se topó con una ganga en algunas de las áreas más pobres de México. En más de una docena de lugares identificados por Bloomberg Green, la petrolera adquirió bonos de carbono a un precio muy bajo, según revelan entrevistas hechas a 18 personas en tres estados y Ciudad de México que participaron en el programa o estuvieron cerca de formar parte de él. Al pagar 4 dólares por bono a agricultores en áreas remotas con menos acceso a educación e internet, BP ha desembolsado cerca del 15 por ciento de lo que otros ofrecen actualmente por este tipo de bonos en otros proyectos mexicanos. Para facilitar el programa estuvo WRI, uno de los nombres más confiables en el trabajo climático.
Tras conocer de la disparidad salarial gracias a la información de Bloomberg Green, los miembros de la comunidad en Coatitila dicen haber confrontado a uno de los contratistas locales de WRI. Semanas más tarde, el contratista le dijo a los pobladores que BP había accedido a aumentar su pago. Kathy Gregoire, directora ejecutiva de Pronatura México AC, la principal organización ambiental sin fines de lucro de México que administra el proyecto, indicó que luego de las negociaciones, BP se comprometió a pagar una cantidad variable basada en el precio de mercado, pero no proporcionó más detalles.
La mayoría de los líderes comunitarios entrevistados para esta historia no sabían en cuánto se venden este tipo de bonos en el mercado, o que el comprador final de sus bonos de carbono era BP. “Es algo injusto”, dice Tepetla, un musculoso hombre de 45 años, parado frente a su casa de madera de dos piezas con la montaña asomándose a través de la niebla de fondo. “Nadie te explica, por eso no te enteras. Te enteras hasta el final”.
El proyecto, llamado CO₂munitario, abarca 59 comunidades en más de media docena de estados y cubre alrededor de 200 mil hectáreas de tierra. En 2019, BP aportó 2 mil 5 millones de dólares para iniciar el programa, monto que fue igualado por USAID, la agencia de desarrollo del Gobierno de EU. En 2021, el gigante petrolero firmó un acuerdo con Pronatura para comprar hasta 1.5 millones de compensaciones de carbono a 4 dólares cada una.
El precio es abusivo, dice Benjamin Rontard, investigador climático en el centro de México que escribió su tesis doctoral sobre el mercado de carbono mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien señala que se estaría sacando provecho de campesinos que no tienen otra actividad económica.
“El objetivo de BP como socio en el programa CO₂munitario es generar nuevas oportunidades en el mercado voluntario de carbono en México, proteger los bosques en el país y apoyar las oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades locales”, dijo la compañía en un comunicado. “Nuestra meta es crear condiciones que ayuden a los propietarios de tierras a generar ingresos a partir de la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques”.
Los bonos de carbono son una fuente de controversia constante, dado que los programas a menudo no brindan los beneficios climáticos que prometen al tiempo que los contaminadores continúan con la quema de combustibles fósiles. Los proyectos mexicanos de BP no parecen enfrentar los mismos problemas climáticos que encaran otros programas. Sin embargo, los bonos que compra BP evidencian otra falla en el mercado naciente: la falta de supervisión podría dejar a las personas que viven en pobreza expuestas a la explotación, en nombre del progreso climático.
El mercado de bonos de carbono, donde los operadores compran y venden la solución climática favorita de Wall Street, creció el año pasado a mil millones, pero las dudas sobre la legitimidad de este tipo de proyectos han sumido el futuro del nuevo producto en la incertidumbre. Un importante proveedor de compensaciones de EU le dijo a Bloomberg Green que la mayoría de los proyectos, incluidos algunos propios, resultan ser insuficientes. Un exfuncionario australiano describió los proyectos en ese país como “en gran medida una farsa”. Por su parte, BloombergNEF, un grupo de investigación de energía limpia, señala que el mercado podría dispararse a más de 100 mil millones de dólares o bien, desmoronarse si no mejoran y entregan valor climático real.
El enorme potencial ha atraído a muchos líderes climáticos a los bonos de carbono. Quizás ninguno de ellos resulte más crucial para el establishment climático que WRI, una organización sin fines de lucro muy respetada en Washington que ha elaborado pautas de mejores prácticas sobre este tipo de herramienta. La organización ahora dice que los pobladores merecen un mejor pago por los bonos que ayudaron a generar para BP.
“Sabemos y reconocemos que es un precio bajo”, indicó en una entrevista Javier Warman, director de Bosques de WRI México. Cuando comenzó el proyecto, dijo, “no pasaba nada y no había demanda, entonces para las comunidades, la decisión de aceptar 4 dólares era mejor que nada”.
WRI, Pronatura y USAID dicen que el proyecto es una forma de impulsar el desarrollo real en las economías rurales y al mismo tiempo de proteger los bosques en peligro de extinción de México. Aseguran que se han movido para ajustar el precio a medida que se desarrolla el mercado global. WRI y Pronatura señalaron que las discusiones sobre la desigualdad financiera en la cumbre climática COP26 en noviembre pasado también los inspiraron a renegociar con BP.
La mayoría de los líderes del pueblo no tenían conocimiento sobre la disparidad entre su cheque de pago y el precio de los bonos en el mercado. Sin embargo, ninguno se sorprendió por la dinámica de poder en juego. “A los mexicanos nos tratan como nos ven, así como personas que no servimos, que no valemos”, dice Vicente Martínez, líder de Lázaro Cárdenas Número 2, un ejido en lo profundo de la selva sureste de Campeche.
Manuel Nah, líder de la población vecina 20 de Noviembre, hace eco de este sentimiento: “Toda la historia ha sido de explotar a los países más pobres”.
En cuanto al comportamiento corporativo en torno al calentamiento global, WRI tiene una enorme influencia. El grupo ayudó a desarrollar estándares industriales voluntarios que ahora respaldan todos los informes de las empresas sobre emisiones a través del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, que las grandes compañías de todo el mundo han adoptado ampliamente. También supervisa de manera informal los planes climáticos corporativos a través de la iniciativa The Science Based Targets, una especie de organismo de control que puede otorgar o negar su sello de aprobación.
WRI tiene poca experiencia directa en la ejecución de programas de bonos. Su función habitual es la de asesorar a grupos activos en el mercado de compensaciones y sugerir las mejores prácticas en una industria floreciente con pocas normas establecidas. Hay directrices escritas por WRI para las empresas que buscan hacer uso de programas forestales, por ejemplo, la que advierte a los posibles compradores que primero “construyan confianza de que están haciendo todo lo posible para reducir sus propias emisiones ahora y en el futuro” antes de comprar bonos.
Esa recomendación, publicada el año pasado, crea un estándar claro: antes de comprar bonos, una empresa debe maximizar los recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para observadores como Charlie Donovan, un exejecutivo de BP que ahora enseña finanzas sustentables en la Universidad de Washington, desarrollar proyectos de bonos de carbono es “un conflicto de intereses inherente” para una organización que establece estándares como WRI. “No se puede ser zorro y gallina al mismo tiempo”, señala.
Warman de WRI dice que la organización se unió al proyecto mexicano porque “no pasaba nada” en el mercado local en ese momento, por lo que vieron el financiamiento como una oportunidad para “acelerar el proceso”. WRI calculó su capacitación y desarrollo en 3.50 dólares por crédito para los pobladores además de los 4 dólares en efectivo, mientras que Pronatura lo valoró en 2 dólares. A partir de fines de 2024, esas comunidades podrán vender directamente en el mercado, agrega Warman, y WRI ayudará a garantizar que las comunidades logren un acuerdo justo.
Cuando se firmó el contrato en 2021, no había un precio promedio establecido para los proyectos de bonos de carbono. BloombergNEF estima que en 2020 el costo promedio de las compensaciones basadas en la naturaleza era de 5.60 dólares por tonelada y de 4.73 dólares por tonelada en 2021, pero los precios varían mucho según la geografía, el tipo y la calidad de los proyectos. ICICO, una organización sin fines de lucro con varios proyectos de compensación de larga duración que operan en el estado de Oaxaca, generó un promedio de 9.75 dólares de 2019 a 2020, según su coordinador internacional, Rosendo Pérez. El gigante latinoamericano de comercio electrónico MercadoLibre, anunció este año el financiamiento inicial de un proyecto en el que espera que su inversión tenga un valor promedio de entre 24 dólares y 34 dólares por bono, según el rendimiento.
Gregoire de Pronatura dice que la cifra de 4 dólares surgió al observar en 2019 los precios del impuesto al carbono, que según ella estaban entre los 2.50 dólares y 3.50 dólares. La propia investigación de WRI muestra que los ciudadanos han sido muy mal remunerados. Los compradores globales están dispuestos a pagar una prima de al menos 7 dólares por ofertas basadas en bosques, más otros 2.30 dólares para apoyar a comunidades pobres, según el resumen de un estudio coproducido por WRI para el proyecto. Ese total es más del doble de los 4 dólares que pagó BP.
WRI tiene una política de no trabajar con compañías petroleras, por lo que Pronatura funge como intermediario entre ellos y BP. Warman reconoció que es como una “pendiente resbaladiza” trabajar en un proyecto forestal cuyo comprador es un gran contaminador, y que tal vez “habrá algunos aprendizajes” para la organización en ese frente.
BP ostenta estar a la vanguardia de las compañías petroleras que buscan hacer la transición a una economía verde. La empresa ha dicho que para 2030 su objetivo es “ser un tipo diferente de compañía de energía” y se comprometió a que para 2050, todas sus operaciones, producción y ventas serán cero emisiones netas.
El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, ha estado al frente y centro de esta campaña, hablando de la necesidad de una “transición justa”, en tanto que el proceso debería beneficiar a todos: “Debemos asegurarnos de que los trabajadores y las comunidades no salgan perdiendo mientras nos esforzamos por ayudar a nuestro planeta. Debemos avanzar todos juntos”, dijo Looney el año pasado. “Queremos una transición que asegure que nadie se quede atrás”.
Además de ser un tema de conversación justo, sería una buena estrategia. Pagar precios bajos por los créditos de carbono podría acabar socavando las posibilidades de un proyecto eficaz contra el cambio climático. Para que las compensaciones forestales funcionen, advierte Donovan de la Universidad de Washington, los bosques deben protegerse durante décadas, lo que significa que los lugareños deberán ganar lo suficiente para evitar que terminen talando los árboles para abrir tierras de cultivo.
“Cuatro dólares por tonelada no alcanzan para impulsar un cambio real y duradero en el uso de la tierra”, dice Donovan. “Nunca he visto un caso en el que 4 dólares por tonelada haya sido suficiente para lograr un cambio”. USAID y WRI dicen que el sistema de pago mejorado de BP ayudará a garantizar la longevidad del proyecto.
Ya en 2018 BP había detectado oportunidades baratas de compensación de emisiones de carbono en México. Durante una expedición de exploración, los funcionarios de la compañía visitaron proyectos de compensación administrados por ICICO en Oaxaca. El gigante petrolero tenía un precio en mente: entre 2.50 dólares y 3 dólares por bono.
Dado el limitado financiamiento disponible en ese momento, Pérez, el coordinador internacional de ICICO, estaba dispuesto a trabajar con BP a pesar de los precios que ahora dice eran “bastante abusivos”. BP finalmente eligió asociarse con WRI y Pronatura. Pérez dice que BP logró acordar precios bajos debido a la falta de otras opciones de inversión.
La estructura resultante puso capas intermedias entre los pobladores mexicanos y el gigante petrolero. Pronatura prepara informes y coordina el financiamiento. WRI tiende a administrar los proyectos de manera más directa, subcontratando y capacitando a pobladores y empresas forestales locales para que realicen el trabajo técnico. BP y USAID se repartieron el costo inicial del proyecto.
Las comunidades que se unieron desde un inicio, como Coatitila y otras en las montañas del estado de Veracruz, que abarcan cientos de kilómetros de la costa del golfo de México, ya comenzaron a recibir pagos. Mientras tanto, WRI y Pronatura han establecido los próximos proyectos en las selvas tropicales del sureste de Campeche, Quintana Roo y otros lugares. Los programas de créditos de carbono capacitan a las comunidades en la gestión forestal mejorada, lo que puede significar la tala selectiva de árboles más viejos que absorben menos carbono para dejar espacio para que crezcan los más jóvenes.
La gente de Coatitila escuchó por primera vez sobre el proyecto a través de un experto forestal local subcontratado por WRI y Pronatura, quien llevó su discurso a una reunión en el ayuntamiento, dice Eusebio Tepetla, tío de Álvaro y también exlíder del pueblo. “Allí nos platicó del programa ese. Dice que los bonos de carbono, pero uno no sabe qué cosa es eso”, señala Eusebio.
La comunidad entendió que se les pagaría por el uso de su tierra y que tendrían que pasar algunos días al año cortando árboles. El experto forestal fue vago sobre cuánto se les pagaría, recuerda Eusebio, y dijo que esto dependería de qué empresa termine comprando las compensaciones. Otros pueblos dicen que obtuvieron más información pero no así más margen para negociar. A la comunidad de 20 de Noviembre en Campeche se le dijo que sería de 4 dólares por bono. “Con WRI la oferta es tomas o dejas”, dice Nah, miembro del grupo de dirigentes.
Al igual que muchos otros representantes, Álvaro dice que creía que la remuneración se habría reducido debido a los grandes gastos necesarios para arrancar el programa y la necesidad de recuperar los costos. No estaba al tanto de que USAID había donado hasta la mitad del capital inicial. Warman de WRI asegura que el papel de USAID no se ocultó a las comunidades, ya que la organización participó regularmente en sesiones informativas.
Las comunidades se comprometieron libremente con el proyecto y fueron informadas de acuerdo con los principios de derechos indígenas de las Naciones Unidas, incluso se les dijo que BP era el comprador, dijo en un comunicado John Vance, portavoz de la Embajada de EU en Ciudad de México. El proyecto cuenta con un mecanismo de reclamo y es auditado periódicamente por terceros para garantizar sus beneficios, dijo.
Tanto Vance como un portavoz de WRI dicen que sus organizaciones, que no formaban parte del contrato con BP, entendieron que el gigante petrolero se había comprometido a no vender los bonos, sino a usarlos internamente.
Sin embargo, BP dice que planea vender los créditos como productos básicos a los clientes, porque se ha comprometido a no utilizar las compensaciones para cumplir con sus objetivos de emisiones de fin de década. Los bonos mexicanos podrían usarse para calificar el gas como “compensación de carbono”, como lo hizo con las compensaciones de otro proyecto mexicano el año pasado. Pronatura, que firmó el contrato con BP, dice que el proyecto no reguló el uso de las compensaciones por parte de la empresa.
Por ahora, el gigante petrolero tiene un activo lucrativo. La compensación forestal promedio en el mercado global se vende entre 12 y 16 dólares, dice Guy Turner, fundador de Trove Research, que analiza los mercados de carbono. Eso es tanto como el cuádruple de lo que BP pagó a los pobladores.
Un viaje largo y lleno de baches desde las turísticas ruinas mayas en la jungla de Campeche conduce al pueblo de Lázaro Cárdenas Número 2. No hay industria importante más allá de la agricultura de subsistencia, y el líder comunitario Vicente Martínez está desesperado por el pago de BP y WRI que él llama una “miseria”. Dejó la escuela a los 13 años, salió de su ciudad natal en el centro de México y buscó trabajo agrícola en el sureste. En estos días, dice, nadie más está haciendo el serpenteante viaje a través de la selva tropical con mejores ofertas económicas.
En los próximos años, “yo creo que sí van a ser de mucho sufrimiento porque es muy poco dinero”, dice Martínez, de 55 años, una figura fornida con un sombrero de vaquero blanco y jeans. Pero después “vamos a quedar libres de venderle al mejor comprador”, dice. “Aunque nos toque al principio, lo hacemos con ese fin de que el beneficio sea por nuestras futuras generaciones”.
Los planes del pueblo para expandir la tierra bajo conservación para los bonos forestales se desmoronaron una vez que los residentes descubrieron que se les pagaría la mitad de los 8 dólares por compensación que esperaban. Habían destinado los ingresos para pagar costosos estudios para ampliar el trabajo, pero esos costos superarán los aproximadamente 50 mil pesos (2 mil 548 dólares) que ahora esperan de su primer pago anual, dice Martínez (Warman de WRI dice que no sabe cómo el ejido llegó a esperar 8 dólares por compensación).
A menudo el trabajo no abunda en muchos de los pueblos que aceptaron la promesa de las compensaciones de carbono. Si BP estuviera desembolsando 16 dólares por crédito, el extremo superior de la tasa promedio en los mercados internacionales, sus pagos anuales valdrían más que cinco semanas de trabajo de campo por miembro de la comunidad en un lugar como Coatitila.
Un precio más alto podría mantener a más hombres jóvenes en casa. Tal como está, muchos pasan meses cada año viajando por trabajo estacional. Para el hijo de Álvaro Tepetla, de 25 años, un pago más alto podría haberle permitido pasar más tiempo del
año con su pequeña hija en el pueblo. Ahora vive a horas de distancia en Oaxaca. El primo de Álvaro, Braulio, de 35 años, ha estado recogiendo espárragos con turnos de 18 horas sin fines de semana en una finca en Michigan.
Braulio ha pasado la mayor parte de su edad adulta viajando por trabajo entre EU y México. Apenas ha visto crecer a sus tres hijos. “Es horrible”, dice. “Cuando te da tiempo los escuchas, cuando llega la noche, pues ya se durmieron”. Que las empresas paguen las tarifas del mercado también alentaría a las personas a agregar sus tierras de propiedad privada al proyecto, lo que generaría ingresos para ayudar a hombres como Braulio a pasar más tiempo en casa, dice Álvaro. “Más gente trabajaría sus bosques”, dice, si el trabajo pagara mejor.
Al ayudar a una gran petrolera con un proyecto de bajo pago, WRI y Pronatura están participando en una especie de “colonialismo del carbono”, dice Silvia Ribeiro de ETC Group, una organización sin fines de lucro que estudia la tecnología, la biodiversidad y la pobreza. Si bien BP continúa produciendo combustibles fósiles y emitiendo carbono, también extrae productos valiosos de las comunidades pobres en un país muy expuesto a los riesgos del cambio climático.
“Estas dos organizaciones no actúan como defensores ambientales y defensores de las comunidades”, dice Ribeiro. “Lo que están haciendo es ganarse la vida ayudando a las empresas contaminantes a justificar su contaminación”.
Gregoire de Pronatura reconoce que se trata de un “tema polémico”, pero dice que la organización negocia compensaciones porque las ve como una forma de crear un “impacto asombroso en las comunidades forestales” mientras el mundo hace una transición lenta hacia la energía renovable. Pronatura y WRI están aceptando el pago mínimo posible para tratar de cubrir los costos de funcionamiento del programa, señala.
Algunas comunidades han comenzado a resistirse a la baja compensación por el trabajo de carbono. En Quintana Roo, cerca de las resplandecientes playas de la Riviera Maya, algunos pueblos tienen más tierra, mejor educación y mayor proximidad a otras oportunidades económicas y, por lo tanto, más poder. Ellos han recibido ofertas de organizaciones competidoras y no necesitan con tanta urgencia de dichos ingresos como para apresurarse a cerrar un trato bajo malos términos. Algunos desarrolladores toman una parte de la tasa de mercado, mientras que otros pagan un precio fijo de 8 a 12 dólares por compensación.
Los proyectos de BP en Campeche y Quintana Roo comenzaron más tarde que los de Coatitila y sus vecinos del estado de Veracruz, y la pandemia también los ha retrasado. El programa no presiona a dichos pueblos para que firmen un contrato vinculante hasta poco antes de comenzar a realizar los pagos, dijeron los pobladores. Esto les da a las comunidades una salida potencial.
Petcacab, que se encuentra a poca distancia en automóvil de la próspera ciudad turística de Tulum en Quintana Roo, es el único de los 10 lugares que visitó Bloomberg Green donde los propietarios lograron negociar con los representantes del programa. Primero aceptaron el trato habitual, pero pronto otras organizaciones se acercaron a ellos con mejores ofertas, dice Celso Chan, quien habló frente al ajetreado aserradero de la empresa de muebles que posee en Petcacab. Usando eso como palanca, persuadieron a los administradores del proyecto para que pagaran 10 dólares por crédito en la mitad de la tierra, mientras seguirían pagando cerca de 4 dólares en la otra mitad, dijo Chan.
Chan dice que el pueblo se quedó con BP porque se sintieron obligados a cumplir su palabra después de recibir fondos para arrancar el programa. También confiaba en la conocida multinacional BP y en los funcionarios de USAID que en otras organizaciones de las que no había oído hablar.
“Tenemos una regla, cuando hacemos un acuerdo no lo rompemos. Nos pueden venir a ofrecer algo más, pero si tenemos un compromiso, lo cumplimos”, dice Chan, de 48 años, quien tiene un título en silvicultura y es miembro del grupo de dirigentes del ejido.
Ayuda que en Petcacab el dinero dista mucho de ser imprescindible. Están planeando usar la mitad para financiar proyectos de compensación de carbono que quieren ejecutar ellos mismos, dice Chan, con la experiencia que han adquirido durante el proceso.
Mientras tanto, otros con arcas más llenas desarrollan el proyecto con su propio dinero, dijo Juan Manuel Herrera, un miembro de la comunidad que dirige una consultora forestal. Por ejemplo, en mayo negociaban un préstamo con un banco europeo de desarrollo a una tasa de interés de 6 a 8 por ciento para financiar el proyecto, que esperan poder saldar después de un año de vender compensaciones en el mercado, dijo Herrera.
“Como no llegamos a un buen acuerdo con nadie, pues vamos solos”, dice Herrera. “No tenemos compromiso con nadie entonces”.
Otro pueblo bastante próspero, Laguna Om, decidió darle la espalda a BP. Después de unos días de sesiones de capacitación a cargo del programa, el representante Gualberto Caamal Ku dice que otras organizaciones se acercaron con ofertas. Los miembros del grupo de representantes, que han trabajado como maestros y contadores, investigaron el programa de WRI y concluyeron que sus términos eran un “abuso”, dice Caamal, de 61 años, maestro de escuela primaria jubilado.
Laguna Om llegó a un acuerdo de 10 años con Toroto SAPI de CV, una empresa social emergente, que paga el 77.5 por ciento de las compensaciones que se vendan en el mercado. La mayor parte del resto iría a Toroto, con una tarifa del 5 por ciento para los expertos técnicos locales. “Si quieren ganar lana (dinero), deben pagar más”, dice Caamal sobre BP.
Más allá de salvaguardar la tierra ya comprometida con los proyectos de compensación, la llegada de mejores salarios podría ampliar en gran medida el área que los pobladores ponen a disposición. Los ojos de Álvaro se agrandan y una sonrisa revela líneas de expresión en su rostro juvenil cuando habla de lo que haría la comunidad si las compensaciones proporcionaran ingresos redituables. No solo cuidarían más los bosques de propiedad comunal que ya forman parte del programa, sino que los líderes de los pueblos alentarían a las personas a cuidar sus tierras de propiedad privada, dice.
“Nos haríamos un grupo”, dijo, y agregó que dicho grupo estaría formado por parceleros. “Nos enfocaríamos más al bosque. ¿Por qué? Porque sabemos que de esos arbolitos después vamos a estar comiendo”.