¿Cuál es la razón por la cual el gobierno mexicano dejó que el enfrentamiento con las autoridades norteamericanas llegara al punto de que tuviera que plantearse en una negociación formal en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá?
La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la visión que López Obrador tiene respecto al sector energético. Esta visión es la que también permite anticipar los posibles escenarios de esta negociación.
A menos que haya una gran sorpresa y que el gobierno actual decida modificar su perspectiva en materia energética, lo más probable es que, luego de concluir el periodo de consultas que durará 75 días, se tenga que llegar al establecimiento de un panel para la solución de controversias.
Y, si no hubiera sorpresas, lo más probable es que un análisis imparcial concluya que la razón está de parte de los quejosos, por lo cual hay una probabilidad elevada de que se decrete un castigo arancelario a nuestro país. De acuerdo con estimaciones hechas por el diputado Ildefonso Guajardo, quien fuera Secretario de Economía durante la negociación del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, el castigo podría llegar a la cifra de 30 mil millones de dólares lo que implica un fuerte daño a las exportaciones mexicanas.
Pero, vayamos por partes. El gobierno mexicano piensa que, debido a que se incluyó un capítulo en el cual se señala que el control de los hidrocarburos corresponde al Estado mexicano, con ello es suficiente para justificar las políticas que se han aplicado.
El gobierno de AMLO parte de la premisa de que está en su derecho el establecer mecanismos y eventualmente cambiar las leyes para fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y que quien trate de impedirlo estará violentando la soberanía nacional.
El diagnóstico realizado por la actual administración parte de la base de que durante muchos años, y sobre todo a partir de la reforma energética de 2013, Pemex y CFE fueron marginados del mercado petrolero y eléctrico, estableciendo ventajas que consideran indebidas para el sector privado. La reforma constitucional y sus derivaciones en cambios legales, crearon condiciones para que pudiera conformarse un mercado petrolero y un mercado eléctrico.
Cuando existen condiciones monopólicas, la regulación que busca la creación de ese mercado tiende a establecer condiciones asimétricas a los actores de la competencia para poder evitar que los monopolios mantengan el control.
En cierta medida, eso empezó a suceder durante el sexenio de Enrique Peña y es precisamente ese conjunto de medidas lo que el gobierno de López Obrador busca desarticular.
El problema para el actual gobierno es que la visión de construir un mercado energético para sustituir a los monopolios, quedó plasmada en la Constitución y en diversos capítulos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, por ejemplo, los que establecen un trato igualitario a las empresas de los países que suscribieron el acuerdo o los que definen las condiciones de competencia en los diversos sectores económicos.
Estas definiciones del TMEC entran en contradicción con la visión que sostiene la actual política energética en México. El Presidente López Obrador ha señalado que se pedirá el apoyo del actual embajador mexicano en China, Jesús Seade, quien fue el negociador por parte de su administración en el TMEC, incluso antes de que el sexenio comenzara formalmente.
Marcelo Ebrard ha señalado que México buscará no llegar al panel de solución de controversias y tratará de resolver el diferendo durante las consultas pues es elevado el riesgo de llegar al panel. Para que esto fuera posible y se resolviera el motivo de la queja, se requeriría, por ejemplo, que el gobierno modificara la Ley de la Industria Eléctrica o que cambiaran las políticas que han puesto en práctica en la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía.
Sin embargo López Obrador ha planteado que eso significaría una violación de la soberanía y ha condenado a quienes no lo respaldan como traidores a la patria. Con esa visión, la expectativa de llegar a un acuerdo durante la etapa de consultas prácticamente tiende a cero. El problema con la visión del gobierno mexicano, o por lo menos del presidente de la República, es que no parece reparar en que cuando se suscribe un tratado de libre comercio o incluso cuando se va más allá y se establecen reglas específicas en diferentes aspectos de la relación, los países de facto hacen una renuncia parcial a su soberanía.
No es solo el caso de México. En el mundo actual, eso lo han hecho todas las naciones que han suscrito acuerdos. El caso extremo y más claro es el de aquellas naciones que constituyen Uniones Económicas, como el caso de la Unión Europea. Sin embargo, aunque el TMEC no llega tan lejos, los compromisos suscritos sí implican una renuncia parcial a la soberanía, aunque no guste al gobierno actual.
Hay que recordar que en términos jurídicos, un tratado internacional ratificado por el Senado mexicano, como es el TMEC, tiene un nivel jerárquico superior al de leyes secundarias y se encuentra solamente condicionado a la Constitución de la República. Bajo esa premisa es que el escenario más probable, lamentablemente, es que se llegue a la decisión de aplicar sanciones arancelarias.
Si esto sucede, y de acuerdo a prácticas internacionales, lo más probable es que se apliquen en aquellos sectores que puedan generar un mayor daño en la economía mexicana, pues precisamente se trata de un castigo.
Así, por ejemplo, se considera que uno de los sectores que podría ser sujeto de sanciones es el de las exportaciones agroalimentarias.
Pudiera ser que los productores de tomate o de berries, por ejemplo, sin deberla ni temerla, fueran los receptores de las sanciones. Diversos productores en los Estados Unidos han reclamado que productos mexicanos les quitan mercado así que una jugada del gobierno norteamericano para castigar a los mexicanos podría permitir al gobierno de EU congraciarse con grupos importantes de productores locales. Es probable que en otros sectores en los cuales se pudieran aplicar los castigos tengan que ver con exportaciones mexicanas en las cuales hay poca participación de empresas estadounidenses.
De acuerdo con los tiempos previstos por el propio tratado pudiera ser factible que el desenlace de todo el proceso pudiera definirse en la primera mitad del 2023, pero, desde ahora y hasta entonces, el tema estaría en la agenda pública, lo que sería un factor adicional de incertidumbre que afectaría negativamente a las inversiones en los siguientes meses y años. Ojalá nos equivoquemos.