Hace pocos días el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer su estudio acerca de la competitividad internacional en 2022.
No fue sorpresa que México retrocediera en este índice. Y, además, que lo hiciera por temas que han estado presentes en la discusión pública sobre competitividad desde hace mucho tiempo: el estado de derecho y el desempeño económico.
Casi al mismo tiempo, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostraron que México junto con Sudáfrica, son los únicos países integrantes de este organismo cuyo nivel del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de este año se encuentra todavía por debajo del que tenían antes de que se produjera la pandemia.
Aunque el fenómeno del crecimiento lento se ha agravado en los últimos años, particularmente en esta administración, en realidad viene desde tiempo atrás.
Es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí dañó adicionalmente al potencial de crecimiento con diversas políticas, pero hay otros factores que tienen una raíz más profunda.
Es bien conocido el diagnóstico que ha hecho desde hace años el exPresidente Ernesto Zedillo, hoy director del programa de estudios sobre la globalización en la Universidad de Yale, en el que señala que los tres principales problemas que existen en el país son: estado de derecho, estado de derecho, y estado de derecho.
En términos prácticos, lo que el exPresidente refiere es que hay un problema serio de certidumbre jurídica en el país.
Esto tiene repercusiones muy diversas y concretas. Incide, por ejemplo, en las altas tasas de interés que se cobran a las familias y a las empresas, pues sigue habiendo niveles elevados de incertidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar garantías a los créditos bancarios.
Pero va más allá y también afecta la posibilidad de realizar inversiones de mediano y largo plazo con la garantía de que las reglas del juego fijadas por la autoridad no van a modificarse.
Desde luego, también está el problema de la corrupción, que obliga a las empresas a realizar desembolsos ‘extra oficiales’ para poder obtener licencias, permisos o simplemente realizar determinado tipo de trámites.
Sin embargo, aunque la falta de certidumbre jurídica es un factor de gran relieve, hay otros que también inciden en la baja productividad y el bajo crecimiento.
Uno de los más señalados desde hace mucho tiempo, es el peso tan elevado que tiene la economía informal en nuestro país.
Se estima que el valor del PIB generado a través de la economía informal representa el 22 por ciento del total nacional en tanto que el nivel de empleo que existe en la informalidad es del orden del 56 por ciento.
Esto quiere decir que las unidades productivas que operan en la informalidad tienen niveles de productividad casi 60 por ciento inferiores a los del promedio de toda la economía mientras que los trabajadores formales tienen en promedio un nivel de productividad superior en 44 por ciento al conjunto de las personas empleadas.
Los años pasan, y pese a esfuerzos de simplificación fiscal y administrativa que pretenden incentivar a las empresas informales a entrar a la formalidad, la realidad es que el peso de este sector sigue siendo muy elevado y es un lastre para el crecimiento.
Los informales operan sin acceso a créditos bancarios, y en muchas ocasiones en condiciones de inversión sumamente precarias.
De este modo, se tiene un segmento muy importante de la economía mexicana con muy baja productividad.
Otro de los factores que también lastran el potencial de crecimiento y de competitividad de la economía mexicana tiene que ver con las dificultades para que las empresas pequeñas se conviertan en medianas y las medianas en grandes.
Hay una tendencia a que las empresas pequeñas se queden así un tiempo prolongado o incluso es también identificable que las tasas de mortandad de este tipo de unidades productivas son demasiado elevadas.
Esto conduce a que no haya una acumulación de activos que genere una suficiente masa crítica para conseguir la modernización de la tecnología con la cual operan.
En el caso de las empresas medianas que no logran convertirse en grandes, hay que señalar que uno de los factores relevantes es la debilidad de nuestro mercado de capitales.
Esto limita las fuentes de financiamiento de las corporaciones y conduce a que su crecimiento sea lento aún cuando tengan una escala de operación relevante.
De acuerdo con la encuesta de Banxico sobre financiamiento a las empresas, en el segundo trimestre de este año apenas el 26 por ciento de las empresas de menos de 100 empleados usaron crédito bancario y no hay ninguna que haya colocado deuda en el mercado bursátil, mucho menos acciones.
También debe subrayarse que la falta de cultura empresarial es otro de los factores que pesan pues existen muchas empresas de tamaño relativamente importante que siguen operando con estructuras familiares y con carencia de una administración profesional. Lamentablemente, en nuestro país, desde hace mucho tiempo hemos tenido la ausencia de una política orientada al crecimiento de la productividad y de la competitividad que busque incidir sobre todos esos factores.
El sexenio pasado se creó una Unidad de Productividad en la Secretaría de Hacienda, que buscaba una visión transversal para que las diversas dependencias públicas alinearan sus políticas para favorecer la productividad, pero nunca logró su propósito y acabó desapareciendo.
Por eso, es muy probable que las empresas que aterrizarán en nuestro país, como parte del nearshoring, tengan cadenas de suministro que lleguen con ellas y que sean mayormente de empresas extranjeras o de empresas mexicanas pero de mayor tamaño.
Para aprovechar el potencial que este proceso ofrece para elevar la productividad de las empresas medianas en México, sería necesario contar con una política que no existe y que muy probablemente en el curso de la actual administración tampoco la tendremos ya que la competitividad y la productividad no son parte de las metas de este gobierno.
El que el propio presidente López Obrador haya desestimado la relevancia del crecimiento del PIB en el mensaje con motivo del Cuarto Informe de Gobierno muestra que las preocupaciones de esta administración poco tienen que ver con el crecimiento, la productividad y la competitividad.
Así que, en el mejor de los casos, puede ser una materia a considerar para la próxima administración.