Un expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) me comentó alguna vez que la pesadilla de la autoridad de este rubro es tener un resultado muy cerrado en unas elecciones presidenciales. Cuando eso ocurre, crecen los incentivos para impugnar el resultado y tratar de que cambie, o bien, buscar la nulidad del proceso electoral.
Si la diferencia entre el ganador y el segundo lugar resulta amplia, los perdedores tienden a reducir su litigiosidad en vista de que probablemente sea inútil impugnar pues no se podría cambiar el sentido de la votación.
No es casualidad que las elecciones más tormentosas en la historia reciente de México hayan sido las de 2006, cuando el panista Felipe Calderón derrotó por un margen de 0.58 puntos porcentuales a Andrés Manuel López Obrador, un resultado que 17 años después, sigue sin ser reconocido por el actual Presidente de la República.
En aquel proceso electoral, quizás algunos lo recuerden, fue decisiva la calificación realizada por el Tribunal Electoral que encabezó entonces el Magistrado Leonel Castillo, quien en septiembre de 2006 entregó la constancia de mayoría a Felipe Calderón. El dictamen, que aún genera polémica, reconoció la intervención de Vicente Fox en la elección, pero no encontró motivaciones para declarar la nulidad de la elección. A partir de esa ocasión, se detonó una reforma electoral que limitó de manera más rígida la posible intromisión de los funcionarios públicos, especialmente del Presidente de la República, en las elecciones, algo que en aquel momento fue exigido por el hoy Presidente de la República y hoy es sistemáticamente cuestionado por él mismo.
Para calibrar qué tan relevantes serán las autoridades electorales en el proceso de 2024, es indispensable prever si el resultado será un triunfo amplio de alguna de las fuerzas políticas o si será una elección cerrada.
Es muy temprano para saberlo, pero creo que no puede descartarse una elección cerrada pese a que, en las encuestas, la ventaja que tienen actualmente los posibles candidatos de Morena sea muy amplia en careos con los opositores.
Debe recordarse que, por ejemplo, hace seis años, López Obrador tenía una ventaja de alrededor de 10 puntos con Ricardo Anaya faltando poco menos de un año para la elección, y en las campañas, esa diferencia se ensanchó hasta hacerse de casi 30 puntos. En 2006, la elección a la que aludimos anteriormente, durante casi toda la campaña, AMLO apareció en primer lugar en las encuestas y acabó perdiendo.
Es decir, las campañas sí influyen. Un escenario de competencia cerrada hace relevante la acción tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si al INE se le recortan 10 mil millones de pesos a su presupuesto como lo sugirió el Presidente López Obrador, probablemente se le limitará su capacidad de fiscalización para garantizar que no se rebasen los topes de gastos que se vayan a autorizar a los candidatos.
Será crítico lo que suceda en los próximos meses, antes de la aprobación del presupuesto, para definir si la autoridad electoral podrá cumplir cabalmente su función.
En cuanto a la integración del Consejo General del INE, aunque se pensó que la llegada de cuatro nuevos consejeros, entre ellos la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, podría debilitar y dividir a la institución, paradójicamente, los ataques del Presidente López Obrador a la autoridad electoral han conducido a que se genere una especie de ‘espíritu de cuerpo’ en el INE, y ya han existido resoluciones, como la de la Comisión de Quejas que ordenó al Presidente abstenerse de hacer cuestionamientos a Xóchitl Gálvez, que fueron tomadas con la participación mayoritaria de nuevos consejeros.
En las próximas semanas se realiza un cambio en la integración de las comisiones, por lo que va a ser importante ver qué consejeros quedan al frente de algunas muy importantes, como la de fiscalización o la de quejas y denuncias.
Sin embargo, pareciera que la nueva integración del INE no lo habrá debilitado.
En cuanto a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Tribunal, quien deberá calificar la elección presidencial del 2024, será muy relevante el proceso de sustitución de dos magistrados de los 7 que conforman la Sala Superior de ese órgano.
Terminan su encargo en los próximos meses José Luis Vargas e Indalfer Infante.
Particularmente, Vargas tiene recientemente una historia de votaciones proclive a Morena, mientras que Infante, aunque no aparece tan volcado al partido en el gobierno, no ha sido especialmente crítico.
El procedimiento de sustitución ha comenzado ya y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá proponer al Senado dos ternas, una de hombres y otra de mujeres, para que sean votadas.
Las designaciones requieren mayoría calificada, de la que carece Morena, por lo que su fracción está obligada a negociar con los partidos opositores para obtener el nombramiento. También es posible, como ha sucedido en otros órganos autónomos, que el Senado postergue la votación y el Tribunal quede solo con 5 integrantes.
Morena ha actuado así en el caso de la composición del gobierno colegiado de los órganos autónomos, por lo que no es imposible que suceda de nueva cuenta en el Tribunal Electoral.
Lo singular es que la calificación de la elección presidencial requiere un quorum de seis integrantes en el Tribunal por lo que se prevé en la Ley que si no hay ese número cuando tentativamente se esté realizando la calificación, sea el decano de los magistrados que integran las salas regionales, quien se sume a la Sala Superior, para reunir el número requerido.
Y como habría un número par, en la eventualidad de que hubiera un empate en votos, la decisión la daría el voto de calidad que puede ejercer el presidente del Tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez, quien ha asumido una postura independiente y distante del Ejecutivo y por lo menos hipotéticamente podría ser él, en lo personal, quien tuviera que tomar la determinación de declarar válidos los resultados de la elección.
A veces se habla del riesgo de que las elecciones se “judicialicen”, aludiendo a que tendrían que ser los tribunales los que acabaran decidiendo la elección.
En sentido estricto eso es lo que sucederá en 2024 pues por ley es el Tribunal el que debe calificar la elección presidencial.
Una revisión de lo que podemos esperar de las autoridades electorales en este proceso, nos permite concluir que tienen la solidez para garantizar un proceso creíble en México. Ya lo veremos.
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