El 1 de diciembre de 2023 se cumplieron cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una Administración caracterizada por fuertes contrastes.
En materia económica y política, se trata de un gobierno de claroscuros. Quizás el mayor de todos radique en la expectativa económica que se tenía a la llegada de este gobierno contra el desempeño que ha tenido a lo largo del tiempo, pero sobre todo en estos últimos años.
López Obrador llegó con el estigma de ser un político populista y, como la mayoría de ellos, se temía que hiciera un manejo de las finanzas públicas orientado a generar clientelas que le permitieran mantener el respaldo que lo llevó al poder.
Tradicionalmente, ese tipo de gestión provoca un exceso de gasto, déficit público, y desorden financiero que a veces detona crisis fiscales. También había la impresión de que podía estar permanentemente enfrentado con Estados Unidos debido a sus impulsos nacionalistas.
En contra de esa expectativa, la Administración de AMLO se manejó, en términos generales, de una manera prudente en lo que se refiere al balance de las finanzas públicas, así como al respecto de la autonomía y las decisiones del Banco Central.
Participó en la negociación final del TMEC y consiguió que el tratado que negoció el gobierno de Enrique Peña con Donald Trump fuera concluido y respaldado por el gobierno entrante.
El país mantuvo las calificaciones por parte de las principales agencias e impidió que hubiera una degradación de la deuda soberana en esta Administración, otro de los riesgos que se veía en el horizonte.
Hablando de contrastes, no fue ese el caso de Pemex, cuyo desastroso desempeño en materia financiera, condujo a que dos de las tres principales calificadoras, Moody’s y Fitch, degradaran su deuda y la consideraran un activo especulativo, o como algunos lo denominan, un “bono basura”.
En materia económica, el mal desempeño de Pemex será uno de los principales pasivos de esta Administración. En lo que se refiere al desempeño productivo, hay que distinguir dos etapas muy diferentes en la actual Administración. Los primeros dos años hubo una importante caída del Producto Interno Bruto (PIB) que descendió en alrededor de 9 por ciento. En el primer año de la Administración, registró una ligera caída derivada de la desconfianza del sector privado, tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo que generó pérdidas para el mismo y obligaciones contingentes para el sector público, que aún siguen pagándose.
En el 2020, el hecho de no establecer políticas de mitigación del impacto económico derivado de la pandemia, produjo una fuerte caída en el consumo y en la inversión, la mayor desde la Gran Depresión de 1929-1932. Sin embargo, a partir del año 2021 hubo un rebote y se registró un importante crecimiento de ambas variables.
Al llegar al término del quinto año de gobierno, se percibe claramente una recuperación que ha llevado a ambas variables, tanto consumo como inversión, por encima de los niveles previos a la pandemia, si bien la caída previa ha conducido a que el saldo de los cinco años sea relativamente pobre en comparación con el desempeño de otros países.
Pese a todo, se observa que en los últimos años se ha registrado un crecimiento superior al de la mayor parte de los países de América Latina.
El Tratado México, Estados Unidos, Canadá —cuya firma cumplió también cinco años el pasado 30 de noviembre—, fue uno de los ingredientes relevantes para mantener la confianza y la estabilidad, a pesar de algunas controversias que se han producido en el curso de los años. El hecho de que exista este marco jurídico, acompañado del proceso de relocalización industrial (nearshoring) ha conducido a un extraordinario éxito exportador para México, un auge de la inversión y de la construcción industrial.
Junto con esto, las decisiones políticas que condujeron a un crecimiento del consumo por el hecho de propiciar alzas en el salario real, gestaron un desempeño de la economía que está apoyado tanto en las mayores exportaciones como en el mayor consumo doméstico que también ha sido impulsado por las remesas crecientes, que en términos anuales han superado los 62 mil millones de dólares.
Quizá los aspectos que son más preocupantes y criticables del desempeño de esta Administración tienen que ver con el ámbito político.
López Obrador, desde que llegó al gobierno, ha cuestionado el diseño del Estado que se gestó en los últimos 30 años y que condujo al debilitamiento de la figura del Presidente de la República, además de haber dado a luz un conjunto de instituciones autónomas.
Al considerar que no era deseable tal circunstancia, López Obrador ha desarrollado una estrategia para volver a concentrar el poder en las manos del Presidente, como ocurría en México hasta finales del siglo pasado.
Ello ha traído consigo, por ejemplo, una agresión en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como al debilitamiento de otras instituciones con autonomía técnica.
La democracia moderna en México se construyó a partir de restar poder al Ejecutivo, debido a que desde la revolución mexicana, se estableció una Presidencia que algunos calificaron como imperial. Esto significaba, por una parte, el control absoluto de la vida del país en las manos del Presidente, y además la capacidad para definir a su sucesor.
Al no existir entidades constitucionalmente autónomas y tener poderes legislativo y ejecutivo, sujetos a la voluntad presidencial, se carecía del balance de poderes que es característico de las democracias occidentales.
Andrés Manuel López Obrador ha buscado, con un éxito limitado, cambiar esta circunstancia.
El ejemplo más claro de que no logró lo que esperaba es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los ministros que tienen un criterio independiente se han mantenido en la mayoría, y han frenado el intento de hacer reformas legales que violan la constitución.
No será fácil regresar a un arreglo político como el que el PRI obtuvo por muchos años, ya que la configuración social del país es hoy muy diferente a la que tuvimos en buena parte del siglo XX.
Sin embargo, es de esperarse una tensión creciente entre ese propósito presidencial y la resistencia que eventualmente ofrezcan otras fuerzas políticas así como la sociedad civil.
Quizás ese sea uno de los aspectos fundamentales de lo que veremos en los próximos meses que marcarán la fase final de este gobierno.
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