No es exagerado decir que, como resultado de la elección del 2 de junio, se está redefiniendo México. Existe el potencial de una auténtica revolución de las instituciones.
Desde 1988, en el país comenzó un proceso de redefinición del sistema político. En aquel año, por primera ocasión en décadas, se presentó una verdadera competencia en la elección presidencial que condujo a que el triunfo del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, fuera apenas con un margen ligeramente superior al 50 por ciento.
Desde ese momento, y en medio de altibajos, avances y retrocesos, el sistema político mexicano entró en un proceso de reconversión integral. Pasó de ser un sistema basado en el poder presidencial, que se imponía a todos los otros, a un sistema con clara división y autonomía de poderes.
Al sistema arcaico que prevaleció por muchos años antes de los cambios referidos algunos lo denominaron “La Presidencia Imperial”, tanto por la concentración del poder en una sola persona como por la facultad de designar al sucesor.
Con la elección de 1988 terminó también la era de un virtual partido único para entrar a la etapa de competencia entre diversas fuerzas políticas. Otro de los ámbitos relevantes de este cambio fue el establecimiento de un árbitro electoral autónomo e independiente, para organizar las elecciones, en lugar de que fuera el Poder Ejecutivo quien lo hiciera.
En primera instancia, ese árbitro fue el Instituto Federal Electoral (IFE) que luego se convirtió en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Este conjunto de modificaciones modernizaron el sistema político del país. Esto implicó el acercamiento a los modelos políticos y económicos que prevalecían en las grandes potencias del hemisferio occidental.
A lo largo de los años que siguieron esta estructura maduró y condujo a que los procesos electorales se desarrollaran con relativa calma y a que prevaleciera un balance de poderes, sobre la base de la autonomía del Legislativo y del Judicial, frente al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, este arreglo empezó a hacer agua a partir del resultado electoral del 2018.
En aquel año, el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue por un porcentaje mucho mayor a lo previsto, condujo a que en la Cámara de Diputados, Morena obtuviera la mayoría calificada y a que en la Cámara de Senadores, obtuviera una mayoría absoluta que permitiera la capacidad de negociación para reformar artículos constitucionales.
Sobre la base de esta circunstancia política, el presidente López Obrador pudo comenzar un proceso de remodelación del sistema político mexicano. Sin embargo, pudo llegar solamente hasta ciertos límites, a partir de que la oposición formó el llamado “bloque de contención”, que, por su presencia en las dos cámaras del Congreso a partir del año 2021, impidió que prosperaran diversas reformas constitucionales relevantes en materia de la organización del Poder Judicial o de la conformación del Poder Legislativo.
El resultado de la elección del 2 de junio de 2024, nuevamente establece la oportunidad para realizar las reformas que no pudo el presidente López Obrador por no contar con el suficiente respaldo legislativo.
En la mayor parte de los análisis y escenarios, se estimaba que Claudia Sheinbaum iba a ganar con facilidad la presidencia de la República.
Lo que casi nunca se contemplaba era que Morena y sus aliados tuvieran la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Esto implica la posibilidad de realizar reformas constitucionales, sin necesidad de negociarlas con las fuerzas de la oposición.
Para todos los fines prácticos, con este arreglo, Morena puede hacer lo que quiera con la Constitución y las leyes.
Al momento de escribir estas líneas no se conoce todavía con entera precisión la composición de las cámaras, pero todo indica que la mayoría constitucional se conseguirá en la Cámara de Diputados y el resultado de la Cámara de Senadores permitiría a Morena atraer a legisladores de otras fuerzas políticas para conseguir dicha mayoría.
Es perfectamente plausible pensar que, de ser necesario, tendría la capacidad para negociar con senadores de Movimiento Ciudadano, del PRD o del PRI, para sumarlos a sus proyectos y obtener entonces la mayoría calificada que le permitiría realizar las anheladas reformas.
Ya ha sucedido en el pasado y no sería nada extraño que continuara ocurriendo en el futuro. Este hecho es el que permite imaginar que en el curso del 2025, o incluso desde este mismo 2024, podrían existir las condiciones para reformar al Poder Judicial y conducir a que los integrantes de la Corte sean electos a través del voto popular.
En el caso del Poder Legislativo, se podría procesar una reforma para eliminar los diputados plurinominales y dar así a Morena, la posibilidad de que en la siguiente elección federal, del 2027, pudieran obtener un porcentaje aún mayor de legisladores garantizando la prevalencia del proyecto encabezado por Morena.
Quizás la única preocupación que existe es que este conjunto de cambios podría conducir a una situación de inquietud en el mundo de la inversión. A los inversionistas no les gusta la excesiva concentración del poder en un solo hombre o mujer.
Los sistemas democráticos en el mundo desarrollado tienen sistemas de pesos y contrapesos. En la medida que los contrapesos desaparezcan de la estructura institucional del país, en esa medida pudiéramos tener una circunstancia en la que la desconfianza podría brotar entre los potenciales inversionistas. Estaría en las manos del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum evitar que se diera esa circunstancia de incertidumbre.
Más allá de poder contar con mayorías constitucionales en las cámaras, si el próximo gobierno manda el mensaje de que no procesará ninguna reforma constitucional que pueda afectar negativamente a la inversión privada, quizás el estrés surgido tras el arrollador triunfo de Morena, pudiera disolverse.
Poco a poco, en el curso de los meses de junio, julio y agosto, veremos que en temas como la composición del equipo de la nueva presidenta, así como la definición de los temas relevantes de su estrategia económica, financiera y política podremos observar si el estilo y visión de la presidenta electa permite que los inversionistas privados puedan tener un nivel de confianza como no lo tuvieron desde los meses de arranque del gobierno de López Obrador.
Por ahora, sin embargo, lo que tenemos en el panorama político mexicano son más preguntas que respuestas.
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