El régimen político mexicano está dando un giro de 180 grados y regresando a un pasado que parecía ya muy distante. A partir de la última década del siglo XX, la sociedad mexicana y su sistema político emprendió un proceso de modernización, pero hoy parece regresar a las circunstancias de hace 50 años, las que se vivieron en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.
Digo lo anterior porque todo parece indicar que la llamada 4T tendrá la facultad de modificar la Constitución sin negociación alguna.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con una votación de 7 a 4, decidió interpretar literalmente la Constitución, asignando el 72 por ciento de los legisladores a Morena y a sus aliados, y por lo tanto alcanzan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Hay dos ámbitos de la polémica que desató la asignación de los legisladores, el estrictamente jurídico y el político. En materia jurídica, como se apreció en las discusiones sobre el tema, el asunto es controversial y sujeto a interpretación.
Hay una redacción ambigua en la Constitución, de modo que si se aplica literalmente, lo que aparece en un párrafo del artículo 54 constitucional viola el sentido general de ese artículo.
Pero al mismo tiempo, si no se aplica literalmente, algunos, como la mayoría de los consejeros del INE, consideraron que se estaría violando el texto de la Carta Magna. Incluso, en el debate, algunos consejeros expresaron su desacuerdo con la norma prevalenciente, pero dijeron que no tenían otra que aplicarla literalmente.
La realidad es que, en el pasado, cuando las fuerzas hoy opositoras tenían el poder para eliminar esa redacción ambigua, mientras le fue favorable a los que hoy impugnan, no hubo el interés de modificarla.
El otro ámbito de la discusión es de carácter político, quizás el decisivo. Los resultados del 2 de junio permitieron dar una vuelta adicional a la tuerca para el rediseño del sistema político mexicano.
En realidad, las reformas político electorales que configuraron el sistema que hoy tenemos comenzaron de manera visible en el sexenio de López Portillo, pero adquirieron un alcance mayor tras la polémica elección de 1988. En 1978 se procesó una reforma electoral que permitió la representación de las minorías y la legalización de fuerzas que operaban en la ilegalidad, como el Partido Comunista. Al paso de los años, se fueron construyendo instituciones que permitieron adecuar el sistema político a la realidad del pluralismo que prevalecía entre nuestra sociedad.
El PAN, existente desde el año 1929, ganó fuerza y finalmente obtuvo triunfos en elecciones estatales. El naciente PRD, producto de las elecciones de 1988 que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, creció rápidamente, convitiéndose en un serio contendiente de los otros dos partidos históricos de México.
La estructura del sistema político se articuló a través de la creación de un árbitro autónomo (el IFE), de un tribunal separado de la Corte, y de la representación proporcional que permitía que en el ámbito legislativo se expresara el pluralismo que teníamos.
Se trataba de un sistema político adecuado a un entorno de una sociedad más diversa, compleja y abierta.
Además, estaba en consonancia con un esquema económico amigable para el mercado que en el año de 1993 se consolidó con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
En esos tiempos, se articularon varias transiciones.
El PRI perdió en 1997 por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados; en el año 2000, un partido diferente a los priistas, el PAN, ganó por primera vez la presidencia de la República y hubo alternancias frecuentes en estados y municipios.
El voto dividido repartió el poder a diversas fuerzas políticas en el conjunto del país.
Este sistema, sin embargo, resultó insatisfactorio para una amplia capa de la población, que no vio beneficios en sus niveles de vida y en sus expectativas.
La clase política, particularmente a partir de 2013, con el triunfo de Enrique Peña, apareció envuelta en la corrupción, lo que la desacreditó.
En 2018, un partido nuevo, Morena, fundado y encabezado por un líder carismático, proveniente del PRI, pero sobre todo del PRD, Andrés Manuel López Obrador, arrolló en las elecciones presidenciales.
Logró, además, mediante una “ingeniería electoral” que no pudo ser impedida por el INE, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta en la de Senadores.
Luego de ese triunfo de 2018, Morena y AMLO realizaron un gobierno que consolidó su posición, tanto a través de políticas sociales que le dieron un amplio respaldo en las capas más pobres de la población, como a través de una estrategia de comunicación que capturo la agenda nacional todos los días en sus casi seis años.
La oposición, en contraste, no logró configurar una alternativa competitiva y en las elecciones del pasado 2 de junio, tuvo una derrota por un margen de 32 puntos, algo que no se veía desde la elección presidencial de 1982, entonces ganada por el PRI.
Durante el sexenio de López Obrador, hubo una estrategia deliberada para debilitar tanto al árbitro electoral (INE) como al máximo tribunal Constitucional en materia electoral (TEPJF), con objeto de facilitar la permanencia en el poder de Morena, y lograr las condiciones para realizar cambios constitucionales a su gusto.
Esa fue la base de lo que hoy estamos presenciando.
Me parece que la mayoría calificada de Morena será la base para el cambio ya en curso en el sistema judicial; para la eliminación de diversos órganos autónomos y finalmente para una reconfiguración del sistema político electoral, para hacerlo acorde a una nueva fuerza hegemónica, Morena, como lo fue el PRI por muchos años.
La diferencia con el viejo sistema priista es que la anterior hegemonía de un solo partido estaba fundada en la rotación del poder.
Cuando un presidente de la República terminaba su periodo cedía todas sus facultades, las legales y las extralegales, a su sucesor.
La elección del sucesor por el presidente en funciones era el momento cúspide del viejo poder, que a partir de allí comenzaba su declive.
Hoy, el poder de Morena, está asentado en su carismático líder, que ha limitado los márgenes de maniobra de Claudia Sheinbaum, su sucesora, imponiendo su agenda política y garantizando la permanencia de algunos de sus colaboradores cercanos.
Si la hegemonía se basa en la autoridad de un solo hombre, existen mayores riesgos de que en algún momento del futuro cercano, surjan grietas al chocar el poder del “caudillo” con el poder de las instituciones legales.
Veremos cuál va a ser el devenir de este nuevo experimento político en México.
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