La inseguridad urbana y la inestabilidad económica de Argentina llevaron a Alberto Barbieri, un empleado farmacéutico de 35 años, a concretar su decisión el 29 de febrero pasado: abandonar su departamento en la localidad de Bernal, en los alrededores de Buenos Aires, y utilizar sus ahorros para crear su propia panadería, ubicada en Colonia del Sacramento, en Uruguay.
"Sufrí un violento robo y no quiero volver a vivir una situación similar con mi familia", dice.
Su nueva vida es, ahora, la de muchos otros argentinos que prefirieron trasladarse al país vecino antes de que se cerraran las fronteras con motivo de la pandemia, y luego de los cambios de rumbo que tomaron las economías de ambos países.
"Cuando la gente está harta, primero busca mudarse. Si no puede hacerlo, muda su negocio, y si no, muda sus ahorros a través de los bancos", dice Martín Litwak, CEO de la firma Litwak & Partners. Las consultas sobre Uruguay se dispararon desde las elecciones primarias en inmobiliarias y despachos de abogados y de contabilidad. Luego, se profundizaron en el comienzo de año y continuaron a pesar de la cuarentena estricta declarada por el COVID-19.
"Muchos quieren evitar las restricciones cambiarias, pagar menos impuestos y ven a Uruguay más estable, tras el cambio de gobierno, con reglas de juego más firmes", explica Ignacio Meggiolaro, socio del despacho MBP Partners, que asesora a grandes bancos y gestores de fondos en Buenos Aires. "Hay preguntas para cambiar la residencia o comprar o constituir una sociedad anónima en Uruguay, para cambiar el centro de facturación del negocio".
Los habitantes perciben las diferencias en torno a la ancha frontera del Río de la Plata: del lado argentino, la inestabilidad cambiaria, la presión impositiva y el desorden institucional. En el extremo uruguayo, la paz cambiaria, los beneficios impositivos y la estabilidad política.
Una cuarentena más flexible en Uruguay también tienta transitoriamente a los argentinos. El país nunca ingresó en un confinamiento estricto y obligatorio como el de Argentina, y aun así la tasa de contagios se ha mantenido baja.
"Hace años que queríamos mudarnos. Pero hoy Punta del Este tiene el equipamiento necesario para vivir en el invierno", comenta Alejandra Covello, fundadora de una inmobiliaria que lleva su apellido y quien dejó Argentina en febrero para irse a Uruguay con su familia. Al mismo tiempo, su compañía recibe un 40 por ciento más de consultas que el año pasado de quienes desean invertir o mudarse a inmuebles ubicados en Montevideo, Punta del Este, Carmelo y Colonia. "Al perfil de cliente que tuvimos siempre, que es el inversor mayor a 50 años de edad con excedentes de ahorros, se le suman ahora jóvenes de 30 años de clase media alta que buscan más verde en casas en barrios cerrados para su familia" explica.
El despacho Bergstein Abogados, con sede en Montevideo, ha observado un aumento notable en las llamadas de extranjeros en los últimos 45 días, pidiendo cómo obtener residencia o mover sus negocios a Uruguay, relata el socio Jonas Bergstein en una entrevista telefónica.
La firma ha ayudado a varias decenas de personas y empresas argentinas a obtener su residencia y radicarse en Uruguay este año. Sin embargo, le ha sido muy difícil tramitar nuevas solicitudes de residencia desde que se cerraron las fronteras internacionales, debido a los requisitos de presencia física.
El desarrollador inmobiliario Altius Group ya vendió 10 departamentos a argentinos en lo que va del año, comparado con 12 unidades en todo el 2019, señaló el director y fundador de la empresa Mauricio Levitin, quienes optimista y espera que los argentinos compren hasta 30 por ciento de las 240 unidades que la empresa tiene contemplado vender en el 2020. En años anteriores, la demanda argentina representaba solo 10 por ciento de sus ventas.
En tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aprovecha el malestar de los argentinos y trata de seducirlos. Mediante un decreto, su gobierno flexibilizó en julio los requisitos para recibir grandes patrimonios: redujo a 380 mil dólares, desde los 1.7 millones, el valor de la propiedad que deben adquirir los argentinos para obtener la residencia fiscal y de 5.3 millones de dólares a 1.6 el tamaño de participación que deben tener en una empresa de ese país.
"Desde lo fiscal, esto sirve para quienes tienen una parte importante de su patrimonio fuera de Argentina. Estamos recibiendo las mismas consultas que en 2011, cuando el gobierno de Cristina Kirchner fijó restricciones cambiarias, y 2001, cuando el país sufrió la peor recesión de su historia", dice César Litvin, socio del despacho Lisicki, Litvin y Asociados en Buenos Aires.
El 2 de julio, Lacalle Pou dio a entender que no habrá una pronta reapertura de la frontera. "El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención que así sea" durante la emergencia sanitaria, señaló.
Las recurrentes turbulencias cambiarias también están entre las grandes molestias que apuran a intentar una mudanza. Los argentinos sufren ahora, como en otros momentos de su historia, restricciones para comprar divisas en el mercado oficial. Quien desea obtener divisas en grandes montos debe pagar por ellas un costo adicional del 65 por ciento en el mercado paralelo.
María Eugenia Saliva, de 43 años, es profesora de inglés en Buenos Aires. Tiene como meta para este año irse a vivir al país vecino. "No estoy feliz de dejar mi país pero odio la política argentina. Venderé mi departamento y alquilaré uno en Maldonado (Uruguay)", dice.
En los bancos ya se ven los efectos de la tendencia observada desde agosto pasado, cuando las elecciones primarias de ese país marcaron un cambio político y provocaron un desplome del peso.
Los depósitos de no residentes aumentaron en 82 millones de dólares en abril a un máximo de tres años de 3 mil 200 millones de dólares. Se cree que una gran parte de ellos pertenece a argentinos que buscaban un refugio que fuera completamente seguro para su dinero.
No obstante el entusiasmo de los argentinos que voltean al otro lado del Río de la Plata, muchos ven que ya no es el refugio que fue, gracias a leyes contra el lavado de dinero y un pacto de intercambio de información con la agencia tributaria argentina. Pese a ello, muchos insisten en hacer las maletas.
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