Las empresas de brazaletes electrónicos están teniendo un muy buen año gracias a ‘clientes’ como Lozoya

En marzo, cuando el COVID-19 amenazaba a las poblaciones de las cárceles en Países Bajos, 200 presos no violentos que casi habían cumplido su condena fueron liberados con brazaletes electrónicos de vigilancia. "Escuchamos las noticias un sábado y para el martes todos los prisioneros tenían brazaletes", señala Eric Staal, asesor de políticas de servicios de libertad condicional. Había suficiente brazaletes, pero de todas formas el Ministerio de Justicia y Seguridad compró mil 500 adicionales a Attenti Group.

El coronavirus ha diezmado muchas empresas, pero a los fabricantes de brazaletes electrónicos les está yendo muy bien. Gobiernos de todo el mundo están liberando un número récord de presos por temor a que la pandemia revista riesgos para la salud de las poblaciones carcelarias. Según cálculos de Bloomberg Businessweek, ahora hay entre 25 y 30 por ciento más reclusos con brazaletes que hace unos meses. Para las compañías, esto puede ser un primer ensayo para un cambio a largo plazo en las sentencias, sin embargo, quienes abogan por reformas en la justicia penal temen que esto se convierta en una capa adicional de vigilancia en un campo que ha estado plagado de abusos.

"El coronavirus brinda a las compañías de vigilancia electrónica una oportunidad sin precedentes para expandirse", menciona James Kilgore, director del proyecto de reforma de libertad condicional Challenging E-Carceration. Kilgore agrega que los equipos de monitoreo más nuevos rastrean datos como la biometría, hábitos de consumo y problemas de salud, aunque no está claro qué están haciendo las empresas con esa información.

Desde que comenzó la pandemia, los países de la Unión Europea han colocado dispositivos electrónicos a miles de delincuentes no violentos, alrededor de 3 mil 400 en España y mil en Italia, por ejemplo, y en Estados Unidos, la Oficina Federal de Prisiones ha enviado a cerca de 4 mil 600 presos a reclusión domiciliaria, un incremento de 160 por ciento desde fines de marzo.

Estados como Wisconsin han provisto con brazaletes a casi mil 500 reclusos, mientras que el condado de Cook, en Illinois, planea poner a 700 en monitoreo electrónico; en Nueva York y Nueva Jersey, las cifras son aproximadamente de 150 en cada estado.

"La demanda se ha disparado en todas partes", dice Robert Murnock, vicepresidente de desarrollo de alianzas en BI, un fabricante de equipos de monitoreo en Boulder, Colorado. Al igual que otros fabricantes, no revela su clientela debido a los acuerdos de confidencialidad, pero añade que BI ahora tiene mil 300 cuentas en Estados Unidos. "Recibimos llamadas de diferentes jurisdicciones y otros países con los que nunca hemos trabajado", comenta Murnock.

Por lo general, al recluso se le coloca un brazalete de tobillo que usa GPS (que permite al usuario viajar a lugares preautorizados) o bien radiofrecuencia (para cuando están mayormente recluidos en casa). Si alguien abandona un área específica, un centro de monitoreo alerta a la policía. Los brazaletes que Attenti vendió a Países Bajos cuestan alrededor de dos mil euros cada uno, según el ministerio de Interior, y eso es solo el precio del hardware, no incluyen los costos asociados con el software de monitoreo o los oficiales de libertad condicional que supervisan a las personas. En Estados Unidos mantener a un reo federal cuesta 100 dólares diarios, según la Oficina de Prisiones, y alrededor de 140 dólares para un preso estatal, de acuerdo con el Instituto Vera de Justicia, un grupo de expertos en Brooklyn, Nueva York. La mayoría de los países europeos pagan 100 euros o menos, según un informe del Consejo de Europa.

La investigación demuestra que los dispositivos electrónicos de monitoreo pueden reducir los costos de la justicia penal, disminuir las poblaciones carcelarias y la reincidencia. Pero a menudo los prisioneros deben pagar parte de los costos, que pueden oscilar entre 10 a 35 dólares por día, según el estado, y se desconoce si las tasas se han visto afectadas por el aumento de liberados en medio de la pandemia.

Los costos pueden tener efectos financieros devastadores. En una demanda federal colectiva de 2018 contra el condado de Alameda, en California, y la compañía de monitoreo Leaders in Community Alternatives (LCA), Robert Jackson, uno de los tres principales demandantes, calificó sus pagos como "extorsión". Jackson fue liberado con un brazalete para cuidar a sus tres hijas tras la muerte de su esposa.

Con un trabajo de operador de montacargas, enfrentó una cuenta de 4 mil 500 dólares por 113 días de monitoreo electrónico. En la demanda, arguyó que no solicitó una reducción de la tarifa porque le preocupaba que lo enviaran de nuevo a la cárcel. Dijo que LCA llamaba rutinariamente para acosarlo por estar atrasado en los pagos y que tuvo que vender su casa para pagar la factura, por lo que se vio obligado a buscar cuidadores para sus hijas.

Las fallas en los dispositivos también son un problema y pueden hacer que el portador vaya a prisión. Cuando los brazaletes no se cargan correctamente, no pueden rastrear a las personas; en ese momento, salta la alarma en los centros de monitoreo, se envía a la policía y el usuario incluso puede ser acusado de violar su libertad condicional. En el condado de Los Ángeles se encontró que uno de cada cuatro dispositivos GPS estaba defectuoso, según reveló una auditoría del estado en 2013.

Los críticos aseguran que la rápida expansión del monitoreo electrónico no ha tenido un incremento equivalente en los servicios de vivienda, asesoramiento y empleo necesarios para garantizar que el sistema funcione de manera responsable. El consultor holandés Michiel van der Veen, que educa a los gobiernos sobre cómo emplear los programas de monitoreo electrónico, señala que los proveedores deben comprender mejor lo que están vendiendo. "Nunca les ha interesado cómo se usa el equipo, no hay pautas", dice. Pero Murnock de BI replica: "Si las agencias solicitan un dispositivo, se lo conseguimos. Nuestro trabajo no es determinar qué correctivos aplicar con el dispositivo".

Algunos oficiales penitenciarios que operan programas de monitoreo electrónico dicen que ya estaban rebasados antes de la pandemia y ahora es peor. En el condado de Cook, el sheriff Thomas Dart escribió a las autoridades a cargo de la justicia penal del estado para advertir que no tiene los recursos para atender el aumento de presos monitoreados.

Las empresas que venden dispositivos de monitoreo también ofrecen otros servicios a los centros penitenciarios. Los críticos se oponen a tales arreglos, pues imponen cargas financieras injustas a los reclusos y sus familias.

Securus Technologies, propietaria de la compañía de monitoreo Satellite Tracking of People, ofrece servicios telefónicos en las prisiones. Fue acusada de cobrar 100 veces la tarifa normal del mercado en las llamadas de los reclusos y en 2016, los reos Juan Romero y Frank Tiscareno interpusieron una demanda colectiva contra Securus alegando que la compañía grabó ilegalmente sus llamadas privadas (Securus resolvió el caso de Romero y Tiscareno sin admitir irregularidades. Y una vocera de la compañía afirmó: "Nuestra tecnología de monitoreo ha ayudado a algunas jurisdicciones a sacar a más personas de las instalaciones correccionales y regresarlas a sus comunidades mientras se preserva la seguridad pública. También hemos proporcionado casi 20 millones de llamadas telefónicas gratis para que las familias estén conectadas").

Las compañías de monitoreo electrónico a veces tienen contactos políticos y esas relaciones también plantean cuestionamientos. El Instituto para la Justicia, un bufete jurídico sin fines de lucro en Arlington, Virginia, presentó una demanda en mayo contra el juez Paul Bonin del Tribunal Penal de Distrito de la demarcación de Orleans en Nueva Orleans por ordenar a los acusados usar brazaletes y pagar más de mil dólares a ETOH Monitoring. Los ejecutivos de ETOH habían donado fondos a la campaña electoral de Bonin y el juez ha tenido vínculos personales y profesionales de larga data con ellos, sostiene la demanda.

"El juez Bonin violó la garantía del debido proceso de la 14ta Enmienda al exigir a los acusados pagar cuotas a una compañía con la que tuvo una relación", dice Jaba Tsitsuashvili, un abogado del bufete. "Las compañías privadas de monitoreo electrónico deben adherirse a los estándares constitucionales cuando realizan funciones gubernamentales".

En Países Bajos, Staal, el asesor de políticas de los servicios de libertad condicional, señala que el país planea usar brazaletes con presos o detenidos en prisión preventiva mientras el coronavirus constituya una amenaza. "En el futuro inmediato, los sistemas penitenciarios van a depender del monitoreo de la ubicación de las personas. Y los brazaletes electrónicos son la mejor herramienta que tenemos".