Bloomberg Businessweek

Ellos se ‘harán ricos’ con la separación de familias en la frontera de EU

El Gobierno federal estadounidense dará 943 millones de dólares para cuidar a menores detenidos en la frontera.

El Gobierno de Donald Trump planea pagarle a una organización sin fines de lucro casi 500 millones de dólares este año por cuidar a niños inmigrantes que fueron detenidos al cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal.

Según datos de la propia administración, la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, con oficinas centrales en Texas, recibirá más de 458 millones de dólares en el año fiscal 2018, la cifra más grande entre las organizaciones, agencias gubernamentales y compañías que operan un sistema de detención y atención para niños inmigrantes a nombre del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Southwest Key tiene cerca de una docena de centros en Texas, incluido uno en un antiguo Walmart en Brownsville, que ha llamado la atención de legisladores y agencias de noticias.

El presidente Donald Trump ha sido criticado por ambos partidos por su política de "tolerancia cero" hacia las familias que cruzan ilegalmente la frontera de EU con México. Bajo dicha política, todos los adultos indocumentados que crucen la frontera deben ser arrestados y procesados penalmente, incluso si su intención es solicitar asilo.

Como resultado, los niños son separados de sus padres y puestos bajo la custodia de las autoridades de EU, primero en un breve paso por los centros de la Patrulla Fronteriza bajo el Departamento de Seguridad Nacional, y luego son llevados a la Oficina de Reubicación de Refugiados de la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Salud.

La oficina de refugiados alberga y cuida a casi 12 mil niños inmigrantes, de acuerdo con Steve Wagner, subsecretario interino de la ACF. De ellos, más de dos mil fueron separados de sus padres u otros cuidadores tras cruzar la frontera, bajo la política de Trump anunciada en abril; los restantes entraron al país solos.

El Gobierno espera gastar 943 millones de dólares en 2018 en la detención y cuidado de los menores, según datos de la ACF, una cifra que podría aumentar conforme la administración de Trump aprehenda a más familias que cruzan la frontera.

La administración estadounidense gastó en ese concepto 958 millones de dólares en todo el año fiscal 2017, de acuerdo con sus datos. La ACF no respondió a preguntas sobre estos datos y el sistema de detención. Southwest Key tampoco respondió a nuestros mensajes.

El refugio en Homestead

Los datos de la ACF no están actualizados y pueden no reflejar una expansión del sistema de centros de detención. Por ejemplo, el 19 de junio dos legisladores de Florida (el senador Bill Nelson y la diputada Debbie Wasserman Schultz, ambos demócratas) intentaron ingresar a un centro de detención en Homestead, Florida, administrado por la compañía Comprehensive Health Services. Pero se les impidió el acceso. "Esta noche me escucharán estallar como un volcán en el Senado", dijo más tarde Nelson a los periodistas.

La compañía no aparece en los registros de lo que el Gobierno denomina "Programa de niños extranjeros no acompañados". Pero existe, en cambio, un contrato suscrito en febrero para "refugio de emergencia" de hasta 500 niños inmigrantes. El contrato se amplió el 4 de mayo para proporcionar camas para hasta mil niños, y la compañía recibirá 31 millones de dólares.

Comprehensive Health había sido contratada antes por el Gobierno de Obama bajo un programa distinto llamado "Refugio para niños no acompañados" para ocuparse de los menores inmigrantes detenidos en la frontera.

El centro de Comprehensive Health en Homestead había estado operando con Obama, pero fue cerrado el año pasado. Wasserman Schultz dijo que fue reabierto este año sin previo aviso.

Gail Hart, una portavoz de Comprehensive Health Services, se negó a decir cuándo se reabrió el centro de detención y remitió todas las preguntas a la Administración para Niños y Familias.

Un antiguo Walmart

La antigua tienda Walmart en Brownsville, Texas, que Southwest Key convirtió en un centro de detención es propiedad de la empresa local de responsabilidad limitada Chacbak, de acuerdo con los registros de propiedad. La empresa posee al menos otro edificio local también alquilado por Southwest Key, un antiguo hospital convertido en un centro de detención para niños inmigrantes en 2013, según el Brownsville Herald.

Dos grupos de legisladores demócratas visitaron el antiguo Walmart, ahora llamado Casa Padre, que llegó a albergar a unos mil 500 niños durante la parte más complicada de la crisis migrante. Asimismo, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes recorrió Casa Presidente, un centro más pequeño de Southwest Key que alberga a infantes más pequeños.

Los legisladores reportaron que se encontraron con niños menores de un año que habían sido separados de sus padres o cuidadores y llevaban en las instalaciones más de un mes.

"Si el presidente tiene corazón, ¿cómo puede permitir que esto suceda?", declaró el representante Ben Ray Lujan en una entrevista. "Debería venir y ver a uno de estos bebés, tal vez cargarlo. Tal vez sienta algo, tal vez lo haga recapacitar".

Llama la atención que Southwest Key aumentó rápidamente la remuneración de su director ejecutivo, Juan Sánchez, de aproximadamente 269 mil dólares en 2010 a más de 786 mil en 2015, el año más reciente de datos disponibles para sus declaraciones de impuestos a través del sitio Guidestar.org.

La compensación de Sánchez casi se duplicó a un millón 500 mil dólares en 2016, de acuerdo con los registros fiscales de una escuela subsidiada en Austin fundada por él.

El Gobierno federal le pagó a Southwest Key 211 millones de dólares en 2016 y 286 millones de dólares en 2017, según datos de la ACF. Este año, la cifra ascenderá a 458 millones de dólares, casi la mitad de los 943 millones de dólares que proyecta gastar en ese rubro.

La organización está expandiendo sus operaciones. El diario Houston Chronicle informó el 19 de junio que Southwest Key ha alquilado una nave industrial en esa ciudad para construir un centro de detención que podría destinarse al alojamiento a largo plazo de hasta 240 niños, la mayoría de ellos menores de 12 años.

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