OPINIÓN
La relación entre los empresarios mexicanos y el gobierno a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI ha sido una historia de encuentros y desencuentros, de amor y odio.
El sector empresarial mexicano moderno realmente nació hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
En los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron dos procesos concurrentes. Por una parte, los regímenes políticos derivados de la Revolución Mexicana, a través del reparto agrario y de acciones como la expropiación petrolera, disolvieron en buena medida a la capa empresarial que venía desde finales del siglo XIX.
En paralelo, en el incipiente proceso de industrialización del país, sobre todo en la década de los cuarenta, empezó a surgir un grupo de empresarios locales que crecieron al amparo del Estado.
En este proceso hubo, sin embargo, algunas excepciones. El caso de los empresarios de Monterrey fue el más significativo. La industria en la capital de Nuevo León empezó a crecer con el nuevo siglo y fue afectada en menor medida respecto a otras latitudes de nuestro país por la Revolución Mexicana.
Así, la Cervecería Cuauhtémoc, por ejemplo, fundada en 1890, prohijó el negocio del vidrio y luego el del cartón. En una medida importante, los industriales de Monterrey crecieron por impulso propio.
En otros lugares de la República ocurrieron procesos equiparables con grupos en una escala menor.
Pese a estas excepciones, el gran proceso de industrialización de nuestro país, que adquirió un nuevo aliento en la década de los cincuenta, fue escenificado por un sector empresarial vinculado de manera cercana con el gobierno emanado de la Revolución.
A lo largo de varias décadas fue usual el tránsito de altos funcionarios del sector público a la empresa privada al término de su responsabilidad pública.
La visión económica prevaleciente en aquellos años estaba orientada a desarrollar la empresa nacional a través del proteccionismo comercial, de la creación de bancos de desarrollo, de los contratos del sector público, de los apoyos fiscales, entre otros elementos.
El empresariado requería del gobierno y este tenía entre los empresarios un completo respaldo.
Aunque existieron algunos desencuentros, como en el sexenio de Adolfo López Mateos, quien respaldó a la Revolución Cubana y tuvo algunas inclinaciones estatistas, se trataron en realidad de disgustos menores.
En la década de los sesenta empezó a llegar una importante cantidad de empresas extranjeras, sobre todo provenientes de Estados Unidos, que buscaron aprovechar el creciente mercado mexicano y también estuvieron cerca del Estado.
Fue precisamente en estos años que ocurrió lo que se conoció entonces como el "Milagro Mexicano", en el cual el Producto Interno Bruto del país creció a tasas promedio de alrededor de 6 por ciento al año por más de tres lustros consecutivos.
El acelerado crecimiento generó también una gran desigualdad en el país y gradualmente se dio además un choque entre las clases medias emergentes en las ciudades y un sistema político arcaico, que correspondía a una etapa en la cual el país era predominantemente minero, agrario y sin escolaridad.
La expresión más clara de estas contradicciones fue el movimiento estudiantil de 1968.
En esa circunstancia se reforzó la alianza entre el Estado y el sector privado.
Sin embargo, el movimiento estudiantil de aquellos años prendió las alarmas dentro del gobierno respecto a los riesgos políticos y empezaron a surgir tendencias que buscaban una mayor apertura política y un cambio en el modelo económico, que muchos en la sociedad consideraban que generaba profundas desigualdades.
Luis Echeverría, quien tomó la presidencia de la República en 1970, fue parte de esas corrientes. Su gobierno tuvo una fuerte tendencia estatista, que asumía que era indispensable una mayor participación del Estado en la economía, aun a costa de los espacios del sector privado y de la estabilidad del sistema económico nacional.
Se gestó así una nueva política económica que género un enorme déficit en las finanzas públicas y produjo la primera gran ruptura entre el sector privado y el gobierno.
Uno de los protagonistas fundamentales de esta ruptura fue el Grupo Monterrey, que a lo largo de varias décadas logró consolidarse como un actor económico clave del país. Los empresarios regiomontanos encabezaron la ruptura con el gobierno de Echeverría, sobre todo después del asesinato, en un intento de secuestro, de Eugenio Garza Sada, uno de sus patriarcas más connotados. En ese contexto se fundó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El desorden económico producido por las políticas de Luis Echeverría dio lugar a la primera gran crisis financiera al final de 1976, cuando terminaron 22 años de estabilidad del tipo de cambio.
La llegada al gobierno de José López Portillo pareció poner las cosas en su lugar, pues arrancó su administración haciendo un llamado a la unidad y a la alianza con el sector empresarial.
No solo fueron palabras. A partir de que en esos años se descubrieron enormes yacimientos petroleros, se generaron grandes cantidades de recursos que no únicamente catapultaron el gasto del Estado, sino que permitieron también un importante crecimiento de múltiples grupos empresariales.
En ese periodo, sin embargo, hubo desorden y excesos, generando un insostenible endeudamiento que al final produjo un nuevo colapso financiero que derivó en la devaluación del peso y la suspensión de los pagos de la deuda externa.
Envuelto en el desorden y la catástrofe, López Portillo buscó a quien responsabilizar y encontró en los banqueros privados al chivo expiatorio.
La estatización de la banca el 1 de septiembre de 1982 marcó una segunda gran ruptura entre el Estado mexicano y el empresariado nacional.
A lo largo del siguiente sexenio, el país vivió en una crisis interminable que dio lugar a la hiperinflación y a una crisis de la deuda externa.
Fue hasta la llegada de Carlos Salinas de Gortari en 1988 que ocurrió un nuevo arreglo entre el Estado y los empresarios.
Salinas encabezó un proyecto modernizador que privatizó empresas estatales, de manera notable, la banca que se había estatizado. Además, negoció un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El sector privado mexicano volvió a acercarse estrechamente al nuevo gobierno con quien se identificó plenamente.
Las recurrentes crisis financieras mexicanas se hicieron presentes nuevamente en 1994, cuando se devaluó la moneda y se inició una grave crisis que condujo prácticamente a la quiebra de la totalidad del sistema financiero nacional.
El gobierno de Ernesto Zedillo orquestó entonces un rescate apoyado por el presidente estadounidense Bill Clinton, quien recién había llegado a la Casa Blanca.
Pese a las dificultades económicas, la alianza entre el sector privado y el Estado se mantuvo durante el sexenio de Zedillo y, posteriormente, al darse la transición política con la llegada de Vicente Fox, el primer mandatario opositor que llegó al Poder Ejecutivo. Además, no hubo ningún cambio sustantivo en la relación entre los empresarios y el gobierno mexicano en las siguientes dos administraciones, encabezadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En 2018, llegó por primera vez a la presidencia de la República un gobierno respaldado por fuerzas de izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
La relación del actual presidente con los empresarios fue muy compleja desde la primera ocasión que buscó la presidencia en 2006, pues el CCE lanzó una campaña para tratar de impedirlo.
Con este antecedente, se creía que en diciembre de 2018 empezaría una enorme fractura en las relaciones entre las empresas y el nuevo gobierno.
La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, anunciada en octubre de 2018, parecía confirmar este hecho. No obstante, en el arranque del nuevo gobierno, una política fiscal sensata permitió que pareciera existir la posibilidad de una interlocución productiva entre las empresas y la administración federal entrante.
Aunque hubo jaleo previo, la división más clara se hizo manifiesta tras la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
Los empresarios demandaron que el gobierno mexicano, como ocurría con otros gobiernos del mundo, lanzara un programa de rescate a los sectores más afectados y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas.
López Obrador rechazó por completo esta propuesta generando, de acuerdo a la visión del sector privado y de la mayoría de los expertos, condiciones para que ocurra la crisis económica más profunda de los últimos 90 años.
Este es el gran contexto de la nueva distancia que se ha gestado entre el sector privado y el gobierno.
No sabemos si será transitoria o si realmente implique una ruptura definitiva que marque la historia económica de nuestro país.
Tampoco sabemos si habrá repercusiones económicas y políticas de esta fractura.
Pero, al hacer la retrospectiva histórica, percibimos que podría tener impactos duraderos en la confianza de las inversiones y en el crecimiento del país.