Los escenarios de la reforma eléctrica

OPINIÓN

El Congreso mexicano está en proceso de reformar la Ley de la Industria Eléctrica con objeto de privilegiar la participación de la CFE en el sector, así como poner mayores obstáculos a la inversión privada.

Salvo que una sorpresa ocurra, en el curso del mes de marzo esta legislación habrá sido aprobada por las dos Cámaras del Congreso.

Existe la duda respecto a si esta reforma es constitucional. De hecho, algunos expertos consideran que podría ser cuestionada en la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Pese a las opiniones en contra que han expresado tanto instituciones privadas como expertos, no parece haber la disposición de retirar la propuesta legislativa ni hacerle cambios.

En caso de que la reforma siga la ruta prevista, ¿qué es lo que va a suceder tras de que se convierta en Ley?

Lo más probable es que las empresas privadas promuevan amparos y que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) vuelva a plantear una acción de inconstitucionalidad.

Eso fue lo que sucedió el año pasado con la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la secretaría de Energía.

Diversos jueces otorgaron a las empresas suspensiones en lo que se resolvía el fondo del asunto mientras que la Segunda Sala de la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de la Cofece.

Finalmente, el pasado 2 de febrero, la Segunda Sala de la Corte le dio la razón mayormente a los argumentos de la Cofece y echó por tierra los planteamientos de la secretaría de Energía.

Hay quien piensa que ese podría ser el camino de la reforma a la Ley Eléctrica.

Pero, hay otro escenario que contempla el gobierno federal.

Existe la posibilidad de que, por la trascendencia que tiene el tema se proponga su discusión en el Pleno de la Corte.

De acuerdo con las reglas que prevalecen en México, solo se puede decretar la inconstitucionalidad de una ley si se consiguen 8 votos de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte.

Y existe la percepción de que el gobierno podría reunir los 4 votos que necesita para evitar que se declare inconstitucional la reforma a la Ley.

Sin embargo, no es imposible que en el transcurso de este proceso en la Corte, en los juzgados se dieran suspensiones que impidieran que entrara en vigor la reforma.

Es decir, si en algún momento del mes de marzo, este cambio legal se hace efectivo, probablemente tuviera que esperarse todo este año para que entrara en vigor en términos prácticos.

Es probable que también se presente un conflicto paralelo en la cual algunas empresas estadounidenses y canadienses pudieran reclamar violaciones a los términos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En ese caso tendrían que constituirse paneles de expertos para resolver el litigio.

En todo este lapso, lo más probable es que las empresas privadas no inviertan en el sector eléctrico mexicano, más allá de los proyectos en curso y del mantenimiento indispensable a las instalaciones que ya operan.

La situación de incertidumbre que se crearía sería suficiente para cancelar los futuros proyectos privados en el sector.

De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad podría empezar a recuperar gradualmente una parte importante del mercado que perdió en las pasadas dos décadas.

Para todo propósito práctico se trataría del fin de la reforma energética en su capítulo eléctrico.

En este contexto también se han presentado muy diversos análisis a propósito del impacto que tendría este cambio en los costos de la energía eléctrica, ya que la generación privada en términos generales resulta más eficiente y barata que la que realiza la empresa estatal.

Para el grueso de los usuarios, el incremento de los costos de generación podría no ser significativo, pues la mayoría de los consumidores domésticos recibe electricidad subsidiada.

Lo que sí ocurriría es una mayor presión sobre las finanzas públicas debido a la necesidad de aumentar el subsidio.

En el caso de los consumidores industriales, comerciales y los que tienen la llamada tarifa DAC, es decir, de alto consumo, sí verían incrementamos los costos de la electricidad que consumen.

En particular, para la industria manufacturera, habría un menor atractivo para invertir en México sobre todo en los procesos que implican un alto consumo eléctrico.

En términos coloquiales, algunos señalan que esto sería simplemente ponerle otra raya al tigre, señalando con esto que ya son múltiples los factores que pueden inhibir nuevas inversiones extranjeras en México, en particular en su industria. Si no hay un mayor dinamismo en las inversiones, lo más probable es que ese hecho frene el crecimiento de la economía en los siguientes años.

El gobierno no tiene la capacidad para generar los volúmenes de inversión que permitan un crecimiento más rápido, así que una de las consecuencias de esta reforma eléctrica podría ser crear una situación de estancamiento prolongado en la economía de México.

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