Alcanzarían para desarrollar 10 nuevos grandes aeropuertos como el que se construye para la Ciudad de México.
También alcanzaría para levantar 60 nuevas plantas automotrices como la de Audi, en el estado de Puebla.
O bien, para cerca de 80 desarrollos inmobiliarios como el de Mitikah, en el sur de la Ciudad de México, que albergará el edificio más alto de la Metrópoli.
Bueno, pues de ese tamaño es la inversión que estima la secretaría de Energía, asociada a la reforma de hidrocarburos y que tiene el potencial de cambiarle el rostro a la economía mexicana en la próxima década.
De hecho, esas inversiones habrán de realizarse en el curso de los próximos 10 a 15 años.
Los proyectos van a todo lo largo de la cadena. Desde la exploración en los bloques que se han licitado hasta la construcción de nuevas estaciones de servicio para dispensar gasolinas o gas, pasando por toda la logística y la transformación industrial.
Hay ya involucradas cerca de 130 empresas de todos los tamaños procedentes de decenas de países, en más de 200 contratos.
Pese al enorme impulso económico que hay atrás de estos proyectos, el común de la gente en México es escéptica respecto a los efectos positivos de la reforma energética.
Y Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero en la mayor parte de las encuestas que miden la preferencia de los electores para 2018, ha basado una parte importante de su mensaje en el rechazo a esta reforma.
¿Por qué razón la gente en México no es partidaria entusiasta de un proceso que va a generar decenas de miles de millones de dólares de inversión y cientos de miles de empleos?
Una de las explicaciones es que cuando se promovió la reforma se generó una percepción equivocada de ella.
Al argumentar que la caída en los precios de la electricidad que se dio en 2014 y 2015 obedecía a la reforma, se generó la idea de que el éxito del cambio habría de traducirse de manera inmediata en menores precios.
La realidad es que la caída de los precios de la electricidad industrial y comercial en ese entonces se debió fundamentalmente a la reducción de las cotizaciones internacionales, producto de la nueva oferta generada por el boom del "shale" en Estados Unidos.
El comportamiento de los precios poco o nada tenía que ver con la reforma, pero se aprovechó esa circunstancia para generar una opinión positiva de ésta.
El mundo cambió. Las gasolinas en México empezaron una trayectoria alcista en sus precios en el segundo semestre de 2016. Y luego, las presiones de las finanzas públicas obligaron al llamado 'gasolinazo' en enero de este año.
Y pasó lo mismo con las tarifas eléctricas. Los costos de la electricidad industrial y comercial bajaron de 2014 a diciembre de 2015 y desde entonces se fueron para arriba, superando incluso –en pesos- los niveles que había antes de la reforma energética.
Estos hechos crearon una imagen negativa de la reforma entre diversos estratos de la población.
La realidad es que, en industrias como la de hidrocarburos o aun la eléctrica, las transformaciones generalmente se miden en lustros o décadas y no en años.
Y, el problema, es que se ofrecieron resultados a corto plazo, aprovechando el comportamiento de los precios internacionales del gas y petróleo.
Y, cuando las cotizaciones cambiaron, la estrategia de comunicación se vino para abajo.
A pesar del indiscutible éxito que el proceso de apertura ha tenido, los frutos de éste en materia de reducción de tarifas no serán ni cercanos ni automáticos.
En el futuro, lo que tendremos es algo que se aproximará a un mercado energético que permitirá que los precios sean buenas referencias para tomar decisiones de inversión.
Pero al mismo tiempo, puede crearse en México una industria muy vigorosa que, a diferencia de lo que hoy sucede, que hace que descienda la tasa de crecimiento del PIB aproximadamente en medio punto, elevaría hasta en un punto porcentual anual el ritmo de la economía.
El reto será tener la capacidad para explicar al votante promedio por qué es mejor para él que tengamos apertura.
Durante las últimas semanas, cuando se reveló que uno de los consorcios ganadores en la licitación 1.1, la primera realizada, había encontrado petróleo en el pozo Zama-1, en las costas de Tabasco, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nalhe, señaló que no había existido ningún descubrimiento, sino que Pemex ya sabía que allí había hidrocarburos y que simplemente subastó el campo.
En efecto, Pemex sabía que existía la probabilidad de que existieran reservas en la zona, como en muchos otros lugares del país, pero el gobierno decidió que fuera un tercero quien tomara el riesgo de verificarlo y eventualmente explotarlo.
En términos económicos, la decisión es inatacable. De este modo, se optimizan los recursos del Estado.
El problema es que políticamente la estrategia puede combatirse, diciendo que el gobierno está 'regalando' el petróleo que debió estar en sus manos y no en las del sector privado; aunque sin los recursos de particulares, el petróleo se quedaría enterrado.
La pregunta que muchos inversionistas se hacen es si un triunfo de López Obrador implicaría que se vinieran para abajo sus contratos.
Creo que en todo lo ya firmado sería muy difícil que eso ocurriera. Más allá de que el gobierno tenga derechos para romper contratos, salvo casos claramente escandalosos, no veo cómo se justificara concluirlos sin crear una crisis de inversiones.
La encrucijada de la reforma radica, sobre todo, en su continuidad.
Quizás por esa razón se pretende que en cuatro rondas de licitación que aún se llevarán a cabo en la actual administración, se acuerden contratos por otros 23 a 25 mil millones de dólares, para llegar a cerca de 100 mil millones de dólares al término de la actual administración.
Las licitaciones serán en áreas de aguas profundas, aguas someras, terrestres, y yacimientos no convencionales en tierra y agua. Como quien dice, de todo.
Por esa razón, se ampliarán y estandarizarán los bloques a licitar, siendo los más extensos los de aguas profundas, que alcanzarán mil kilómetros cuadrados.
Pareciera haber la intención de licitar tanto como sea posible en esta administración… antes de que otra cosa suceda.
¿Qué tanto riesgo tendrá la continuidad de esta reforma en caso de que ganara López Obrador?
Todo parece indicar que difícilmente alcanzaría los votos en el Congreso o en las entidades de la República como para poder impulsar una contrarreforma a nivel constitucional, que exige mayoría calificada (de más de 66 por ciento) en el Congreso.
Incluso, no está claro si podría obtener el respaldo para hacer modificaciones en leyes secundarias que sólo requieren mayoría absoluta en la Cámaras.
Pero, lo que sí podría hacer es… no hacer nada más, y con ello, propiciar que gradualmente la reforma se extinguiera.
Así que, el futuro de la reforma energética en la práctica, no está garantizado.
En buena medida, dependerá de lo que pase en México con el proceso electoral del 2018.