ECONOMÍA
Después de tres años de tuits y aranceles, el presidente estadounidense Donald Trump se sentó con China a negociar de manera formal.
La "fase uno" del acuerdo comercial firmado el miércoles 15 de enero incluyó, entre otras cosas, el compromiso de China de respetar la propiedad intelectual estadounidense y de adquirir importaciones de ese país por valor de 200 mil millones de dólares, compras que deberían ayudar a reducir el déficit comercial. Trump logró al menos un acuerdo parcial que muchos escépticos dudaron que fuera posible. Y en un gesto previo a la firma, el gobierno de Trump anuló una decisión tomada en agosto de designar a China como país manipulador de divisas.
Pero incluso esa victoria deja a Trump en el mismo dilema que enfrentaron sus predecesores. La opinión bipartidista en Washington es que los presidentes han sido engañados por décadas por una China que a menudo no ha cumplido sus promesas.
Trump y sus lugartenientes insisten, por supuesto, en que esta vez es diferente, que los expertos que ven la "fase uno" como más de lo mismo están equivocados. A diferencia de los acuerdos negociados por administraciones anteriores, este es ejecutable, dicen, y habrá repercusiones económicas reales e inmediatas para China si no cumple.
Además, no es el final de la historia, dice la Casa Blanca. Próximamente, aunque Trump reconoce que tal vez no antes de las elecciones presidenciales de noviembre, habrá un segundo acuerdo para abordar las quejas de larga data que no están cubiertas en el documento inicial de 86 páginas. Entre ellas: los subsidios estatales (desde préstamos con descuento hasta electricidad barata) que han alimentado a un creciente club de multinacionales chinas.
Algunas personas tanto cercanas como al interior de la Casa Blanca dudan de que alguna vez se materialice ese segundo acuerdo. Sin embargo, la pregunta más inmediata es si China cumplirá las promesas de la fase uno. Y si no lo hace, la pregunta es si Trump tendrá el valor político de tomar medidas antes de las elecciones, aun si corre el riesgo de agitar los mercados.
"Hay una cláusula real que los obliga a cumplir", dijo el 12 de enero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en Fox News. "Y si no cumplen con el acuerdo, el presidente retiene la autoridad de aplicar aranceles, tanto aranceles existentes como aranceles adicionales".
En un mensaje distribuido en diciembre, la administración de Trump señaló que pidió que cada país establezca una oficina especial para monitorear la implementación del acuerdo y resolver disputas. Si los conflictos no se resuelven en 90 días, Estados Unidos podría tomar medidas "proporcionadas" no especificadas contra China y viceversa. Cualquiera de las partes puede abandonar el acuerdo, por supuesto.
Pero algunos analistas creen que ese mecanismo corre el riesgo de ser inherentemente político.
Wendy Cutler, exnegociadora comercial de Estados Unidos y hoy vicepresidenta de la institución no lucrativa Asia Society Policy Institute, dice que al no recurrir a paneles o árbitros independientes, el mecanismo de resolución de conflictos deja la cuestión de los incumplimientos según el cristal con que se mire, pues no habrá un tercero objetivo e imparcial. Eso significa que es probable que interfieran la política y las presiones e intereses económicos, como lo han hecho antes. También significa que el único árbitro que resolverá si los chinos están cumpliendo su parte del trato será la administración Trump, que puede ser renuente a admitir que las cosas no van bien.
Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca, afirma que no habrá suficiente tiempo antes de noviembre para que el presidente tome medidas si China no cumple con el acuerdo. "No creo que podamos determinar si cumplieron con los compromisos hasta después de las elecciones", apunta.
Bannon, quien desde que dejó la administración en 2017 ha asumido una línea dura en lo tocante a China, dice que los partidarios de la línea dura como él, que ven a la China comunista como una amenaza existencial para su país, están decepcionados por una fase uno del acuerdo que relaja la presión sobre Beijing. Una segunda fase solo será posible si China se ve sometida a una "coacción extrema" por un asalto económico en múltiples frentes, incluidas las restricciones de acceso a los mercados de capital estadounidenses, dijo a Bloomberg News.
Los observadores más moderados también tienen sus dudas. Jude Blanchette, experta en China en el Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, dice que ya hay señales de que la nación asiática y particularmente sus propios nacionalistas económicos se han envalentonado por la primera fase del acuerdo y están ignorando los compromisos que incluye.
"Hay una gran posibilidad de que solo veamos que la historia se repite, la misma que ha estado sucediendo desde la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001, haciendo todo lo posible para pasar de puntillas sobre la letra de la ley, pero en formas fundamentales ignorando el espíritu de la ley", señala Blanchette.
Esto se debe en parte a que todo, desde el juicio político de Trump hasta las inminentes elecciones e incluso la forma en que el presidente manejó el asunto de Irán, abona a la percepción que tiene China de debilidad en lugar de fortaleza en Washington.
"Huelen los problemas de Trump", menciona Blanchette. "Siempre ha habido, especialmente desde el impeachment, una narrativa en China de 'lo tenemos donde lo queremos, tenemos mucha más influencia sobre él que antes'".
Rod Hunter, quien sufrió la política exterior estadounidense hacia China mientras laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush y ahora es socio de la firma Baker McKenzie, argumenta que ningún acuerdo único puede salvar la enorme "asimetría de intereses" entre Estados Unidos y China sobre temas clave como el fuerte papel del Estado en la economía del país asiático.
"Nosotros vemos eso como un problema. Pero el gobierno chino lo ve como una particularidad, una virtud de su sistema", explica Hunter.
Avances
Por otra parte, Beijing sigue avanzando. El primero de enero activó una ley de inversión extranjera que acaba con las transferencias forzadas de tecnología que las empresas extranjeras estaban obligadas a ceder a sus socios locales. El gobierno también presentó planes para permitir la plena propiedad extranjera de compañías de seguros de vida, futuros, valores y fondos mutuos para 2020, tras abrir la puerta en 2018. Y aunque Estados Unidos calificó a China como "manipulador de divisas" en agosto en el apogeo de la guerra comercial, el Banco Popular de China lleva mucho tiempo sin intervenir la moneda.
"En el último año, China ha hecho avances constantes en la reforma y la apertura", afirmó Cui Tiankai, embajador de China en Estados Unidos, a principios de enero en una gala en Nueva York para las empresas chinas que invierten en Estados Unidos.
Superar las diferencias requiere un cuidadoso equilibrio de diplomacia y juego de fuerzas. Una solución impulsada por Mnuchin es revivir un foro de discusión bilateral que la administración Trump disolvió en 2017, pero aún no está claro si el presidente aceptará esa idea.
Hunter y otros reconocen que incluso si China no cumple con los términos del acuerdo en su fase uno, Trump ha logrado restablecer la relación de modo que no termine en una reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales y una reducción en las importaciones chinas, eso que los círculos políticos llaman desacoplamiento o nueva Guerra Fría.
Querellas tecnológicas
Washington ha aplicado una nueva concepción más amplia de la seguridad nacional y ha dado a los funcionarios de defensa e inteligencia una mayor participación en la política económica, particularmente en la que atañe a China. En términos prácticos, eso ha significado restricciones más severas a la inversión china en Estados Unidos y a la capacidad de las empresas tecnológicas estadounidenses de hacer negocios con China, como se pudo apreciar claramente cuando el gigante tecnológico chino Huawei entró en la lista negra.
Esos esfuerzos no terminan con esta nueva tregua. De hecho, se están extendiendo. El Departamento de Comercio estadounidense prepara, por ejemplo, una normativa para restringir las importaciones estadounidenses de equipos de telecomunicaciones, como los fabricados por Huawei, que pudieran amenazar la seguridad nacional del país.
Los aranceles, mientras tanto, seguirán siendo un castigo directo. De acuerdo con el Instituto Peterson para la Economía Internacional, los impuestos de Estados Unidos sobre las importaciones chinas promediarán un 19.3 por ciento incluso después de que el acuerdo entre en vigor, seis veces más el nivel que guardaban antes de que comenzara la guerra comercial en 2018.
"Una presidenta Warren, un presidente Biden, no podrá resolver eso", advierte Hunter, refiriéndose a quien pudiera ganar la presidencia en 2020. "Cuando jure el cargo el 21 de enero de 2021 no podrá decir 'olvídenlo, vamos a eliminar los aranceles sin obtener nada a cambio".
Con la colaboración de Joshua Green, Miao Han y Saleha Mohsin.