OPINIÓN
Bloomberg
En agosto, veinticinco tiendas de conveniencia Oxxo fueron incendiadas en Guanajuato, al igual que algunos otros autos en diferentes localidades a lo largo de la frontera. La situación era tal, que la embajada de Estados Unidos en Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y la que tiene el mayor número de tecnológicas operando en México, pidió a su personal que buscara refugio.
Las peleas entre grupos del crimen organizado ayudan a explicar estos picos violentos: la extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán combinada con el auge de drogas sintéticas altamente rentables y mortales como el fentanilo han sacudido el hampa de México. Sin embargo, la obstinada persistencia de la inseguridad se deriva de las limitaciones de la justicia en el país. Ahora, años después de una supuesta transformación fundamental del sistema jurídico mexicano, con demasiada frecuencia este aún no logra defender el Estado de derecho básico. Si esto persiste, la violencia no disminuirá.
La reforma constitucional de 2008 fue diseñada con la intención de hacer que el sistema legal mexicano fuera más eficiente, transparente y responsable. Reemplazó los procedimientos y documentos escritos con juicios orales y contrainterrogatorios de testigos y pruebas. Llevó a los jueces a la sala del tribunal, fortaleció el debido proceso, dio a los acusados acceso a abogados públicos y ordenó que se implementara el principio de presunción de inocencia. El nuevo sistema también creó mecanismos alternativos de resolución de disputas y sentencias para muchos delitos menores y no violentos.
Los Gobiernos estatales y federales tuvieron ocho años para implementar los nuevos cambios, con el nuevo sistema programado para entrar en funcionamiento en 2016. Ahora, seis años después, algunas medidas de justicia han mejorado significativamente. Los procedimientos son más transparentes. En el nivel más básico, es más probable que los acusados conozcan los cargos en su contra. Los jueces están realmente presentes, y ellos, no sus asistentes, revisan las pruebas, los argumentos y las respuestas de primera mano. Los fiscales y abogados defensores también deben presentarse ante el tribunal.
La coerción o la tortura durante los interrogatorios se ha vuelto menos frecuente: las encuestas muestran que bajo el antiguo sistema casi la mitad de las confesiones se extraían bajo coacción; ahora la cifra está más cerca del 25 por ciento.
Juntas, estas medidas han mejorado las decisiones. Los casos se resuelven más rápido. La duración media de los juicios por asesinato se redujo de 18 a 12 meses, y los juicios por secuestro de 22 a 18 meses. Es importante que la justicia sea más rápida, especialmente para los que están en prisión preventiva y luego son declarados inocentes.
Los años tras las rejas también se han acortado. Las sentencias de 15 años o más se han reducido de aproximadamente 4 de cada 10 a 1 de cada 4. Las sentencias de menos de cinco años ahora comprenden casi un tercio de las condenas. Esto también es importante para delitos menores, debido a que permite a las personas cumplir su condena y volver a la vida en el exterior.
Dado que las audiencias ahora se graban, el proceso de apelación también es más fácil para los demandantes y los demandados, lo que ofrece una mayor oportunidad de rectificar las injusticias.
No obstante, los límites de la justicia en México siguen siendo evidentes. Las tasas de impunidad han aumentado: casi 95 de cada 100 delincuentes escapan de la ley, 10 puntos porcentuales más que en 2008. Las víctimas solo denuncian 1 de cada 10 delitos, dado que consideran que la Policía es demasiado inepta o corrupta. Y aunque los casos de politización judicial de alto perfil son preocupantes, las personas pobres sufren de manera desproporcionada por la justicia disfuncional. En su situación, es menos probable que sus casos sean aceptados, y cuando son acusados, los abogados designados públicamente a menudo están demasiado abrumados o no están a la altura de la tarea.
Uno de los desafíos ha sido el tiempo: la implementación del sistema coincidió con la actual ola de violencia. Los homicidios se han más que duplicado desde 2016, la extorsión ha aumentado. El nuevo sistema y las reglas se retrasaron desde el principio, al tiempo que los investigadores, fiscales y jueces abrumados por los casos navegaban con las nuevas reglas.
Pero esa no es toda la historia o la razón. Un obstáculo mayor es que México no gasta lo suficiente en seguridad en general y en justicia en particular. Su presupuesto de seguridad de mucho menos del 1% de su PIB es menos de la mitad del promedio de la OCDE. Y el dinero que gasta se destina cada vez más a los que visten ropa militar, en lugar de togas judiciales. De acuerdo con el Índice de Paz de México, “desde 2015, el gasto militar aumentó 31.3 por ciento para llegar a los casi 167 mil millones de pesos, el nivel más alto registrado. Esto se corresponde con reducciones en el gasto en seguridad interior del 37.2 por ciento y en justicia del 7.5 por ciento”.
Estas decisiones presupuestarias han dejado a México con muy pocos oficiales de policía, aproximadamente 1 por cada mil habitantes en comparación con un promedio mundial cercano a 3 por cada mil según una encuesta de la ONU. Los policías que cubren las rondas reciben poca capacitación profesional: menos de la mitad de los policías de México han completado su entrenamiento sobre las nuevas reglas. Muchos deben comprar su propio equipo, uniformes, balas y hasta la gasolina de sus autos.
El país también cuenta con muy pocos jueces: menos de la mitad del promedio de América Latina y casi cuatro veces menos que el promedio mundial. Al igual que los oficiales de policía, ellos y otros funcionarios judiciales a menudo carecen de capacitación y experiencia en el nuevo sistema.
El nuevo sistema de Justicia Penal todavía puede tener éxito. Otras naciones latinoamericanas, como Chile y Colombia, han avanzado en este camino.
Pero el Estado de derecho no se logra a bajo precio, y México gasta muy poco, independientemente de las normas legales, para hacer mella. Si México espera un Estado de derecho sostenible, la militarización de la seguridad y la justicia tiene que desvanecerse en favor de la aplicación de la ley dirigida por civiles.
Una vez que se contratan más funcionarios públicos, estos necesitan más capacitación. Los cuerpos policiales deben aprender a preservar la escena del crimen, recolectar y asegurar evidencia, mantener la cadena de custodia (de lo contrario, esta puede ser desechada en la corte) e interrogar a los sospechosos con palabras, no con los puños. Se debe enseñar a los funcionarios judiciales cómo contrainterrogar a los testigos, desarrollar experiencia en balística, genética y medicina forense y llevar a cabo investigaciones de conformidad con las nuevas normas del debido proceso.
Además de la inversión monetaria existe la inversión social. El Estado de derecho es más sólido cuando la gente confía en él, y cuando ser juez, abogado o policía se convierte en una carrera técnica y atractiva.
La confianza en el sistema es el elemento más difícil, pero el más vital, de construir. Sin embargo, tampoco es imposible. Un estudio de 2020 de México Evalúa, financiado por USAID, mostró que una gran mayoría de ciudadanos mexicanos están a favor de la promesa de un nuevo sistema que mejore la seguridad y la transparencia, y quieren que el Gobierno invierta en él.
Hasta ahora, ningún Gobierno mexicano ha estado dispuesto a hacer eso. Si la nación quiere acabar con la terrible violencia actual, eso es lo que debería estar buscando.