Uno de los aspectos más destacados de la esperada convención de la ONU sobre el cambio climático, celebrada la semana pasada, fueron los ambiciosos objetivos de emisiones anunciados por México, presentados con orgullo por el secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard, junto con el enviado presidencial especial de Estados Unidos, John Kerry.
Solo hay un problema. Los expertos en energía no consideran que el compromiso de México de reducir las emisiones de carbono en un 35 por ciento en 2030 sea indicativo de un cambio de política, sino más bien una maniobra política en una prolongada disputa comercial con su vecino del norte.
Bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha inclinado cada vez más hacia una política energética basada en los combustibles fósiles y dirigida por las empresas energéticas estatales del país, en detrimento de los proyectos de energías renovables impulsados por el sector privado. Las políticas nacionalistas de México han desencadenado un conflicto potencialmente litigioso con Estados Unidos por supuestos incumplimientos de sus compromisos en el marco del acuerdo regional de libre comercio T-MEC, y las promesas climáticas del país se consideran una forma de ganar tiempo en medio de las acaloradas conversaciones bilaterales, con pocas posibilidades de llevarse a cabo bajo la actual administración.
El objetivo de México anunciado en la convención COP27 es “completamente contrario a la política y la retórica que ha salido de México, y no es difícil concluir que están experimentando una presión bilateral”, dijo John Padilla, director gerente de IPD Latin America Latina. “La opinión de mucha gente que sigue de cerca este asunto es que se trata de tácticas dilatorias. La historia aquí no está a favor de las acciones que se están poniendo sobre la mesa”.
Las negociaciones entre EU y México en el marco del T-MEC se extendieron el mes pasado después de que no se lograra un acuerdo sobre la legislación energética de México, que los estadounidenses consideran que perjudica a las empresas extranjeras del sector eléctrico.
AMLO modificó la ley para permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prioridad para sus envejecidas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en la red de energía, mientras que los proyectos eólicos y solares de propiedad privada vienen después en el orden de prioridad. El regulador también ha impedido que las empresas extranjeras impulsen proyectos de energía limpia al no otorgarles permisos para operar.
En caso de que EU solicite un panel como parte del procedimiento de resolución de controversias comerciales del T-MEC, podría allanar el camino para que los socios comerciales de México apliquen medidas de represalia, como aranceles a las exportaciones mexicanas.
“El mayor impulsor en este momento es en realidad AMLO tratando de posponer la acción de EU en el marco del T-MEC sobre la legislación energética”, dijo Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center. “Lo que está haciendo es ganar tiempo en la negociación sobre la consulta y, por lo tanto, el panel. Está tratando de posponerlo el mayor tiempo posible”.
Los representantes de AMLO no respondieron a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la cancillería mexicana declinó hacer declaraciones.
Entre las medidas anunciadas, México planea desplegar más de 30 gigavatios de nueva capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica para 2030, y tiene un plan de inversión preliminar de 48,000 millones de dólares. Su nuevo objetivo de reducción de emisiones es superior al anterior, que era del 22 por ciento para 2030.
El núcleo del plan de AMLO prevé transformar el estado de Sonora, en el noroeste de México, en un centro de energía renovable, repleto de plantas solares y eólicas, minería de litio y fábricas de vehículos eléctricos. López Obrador ha pedido a Estados Unidos que ayude a financiar el llamado Plan Sonora, que, según ha dicho, podría firmar el presidente Joe Biden en una visita a México en diciembre o enero.
Sin embargo, AMLO ha indicado que la CFE sería el propietario mayoritario de cualquier proyecto en Sonora, lo que podría dificultar la implementación del plan debido a la falta de recursos de la empresa estatal, señaló Wood. “Si el Gobierno decide hacer todo esto a través de la CFE, entonces no hay manera de que lo logren”, dijo. “Y también es una señal de que no se lo están tomando muy en serio”.