Argentina pidió a un tribunal de Manhattan que impida a Burford Capital tratar de embargar inmediatamente sus activos extranjeros, en el contexto del intento del fondo de cobertura de cobrar los miles de millones de dólares que una jueza dictaminó que debe pagarle el país sudamericano.
En un escrito presentado el lunes a la jueza de distrito de Estados Unidos Loretta Preska, Argentina se opuso a la intención de Burford de iniciar el proceso de embargo de activos inmediatamente después del 10 de enero, calificando el momento de “innecesario y prematuro”. En otros casos, escribieron los abogados del país, “los tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos”. Preska, que se espera que se pronuncie sobre el plazo el martes, ya ha concedido múltiples prórrogas en la ejecución del caso.
Burford había solicitado en su propio escrito que se determinara que el día después del 10 de enero era un “período de tiempo razonable” para comenzar a intentar embargar activos extranjeros. Esa es la fecha límite en la que Argentina debe ofrecer una garantía a los demandantes, uno de los dos requisitos que debe cumplir para que Preska prorrogue la ejecución de su sentencia de 16,100 millones de dólares a la espera de la apelación del país ante un tribunal superior.
En los tribunales, Argentina ha dicho que no tiene intención de entregar una garantía (acciones de YPF y cuentas por cobrar de una planta hidroeléctrica) y que tampoco está en vías de cumplir el segundo requisito de solicitar un proceso de apelación acelerado. El presidente Javier Milei, que asumió el cargo el 10 de diciembre, reiteró que Argentina no tiene dinero para pagar y planteó la idea de pagar a los demandantes con un bono perpetuo, una propuesta que rápidamente motivó escepticismo entre los analistas.
El caso contra Argentina fue presentado por empresas que no recibieron una oferta pública cuando el mayor productor de petróleo del país, YPF SA, fue nacionalizado en 2012, una violación del estatuto de YPF en ese momento. Burford está financiando el caso y tiene derecho a una gran parte de los 16,100 millones de dólares del fallo.