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Milei se lleva ‘derechazo’: Corte argentina declara inconstitucional su reforma laboral

El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió un nuevo golpe a sus intentos por reformar de manera drástica diversas situaciones en el país sudamericano, como el decreto de reforma laboral.

La reforma laboral de Javier Milei se centró en simplificar las obligaciones de indemnización por despido de los empleadores. (Hollie Adams/Bloomberg)

Un tribunal argentino dictaminó que la reforma laboral que el presidente Javier Milei intentó implementar mediante decreto es inconstitucional, el último golpe a sus planes de reformar la segunda economía más grande de América del Sur.

El fallo, publicado en el sitio web del tribunal este martes, provocó que los bonos en dólares de Argentina ampliaran sus pérdidas. Los pagarés con vencimiento en 2030 bajaron 0.5 centavos a aproximadamente 41 centavos por dólar a las 18:10 horas en Buenos Aires.

El tribunal ya había suspendido la reforma laboral el 3 de enero, tras una apelación del poderoso sindicato CGT, que encabezó una huelga nacional contra las reformas de Milei la semana pasada. Los jueces ahora dictaminaron que el gobierno podría haber propuesto la reforma a través del Congreso, en lugar de intentar implementarla mediante una orden ejecutiva urgente.

La reforma laboral de Milei se centró en simplificar las obligaciones de indemnización por despido de los empleadores y ampliar de tres meses a ocho el período de prueba antes de que una empresa deba contratar a un trabajador con un contrato de tiempo completo, entre otros cambios.

Las leyes argentinas sobre el trabajo

Las leyes laborales actuales de Argentina empoderan enormemente a los trabajadores en cuestiones como aumentos salariales, indemnizaciones y demandas, lo que desalienta a muchos propietarios de empresas a contratar más en el país a pesar de su talentosa fuerza laboral.

En un caso, un exempleado de Citibank ganó un fallo en un tribunal argentino por despido injustificado que saltó de 4 millones a 9.5 millones de pesos argentinos después de honorarios e intereses luego de varios años de litigio. Otras empresas, incluidas Walmart y Latam Airlines Group, cesaron sus operaciones en Argentina en los últimos años, quejándose del entorno empresarial hostil del país.


Las leyes han contribuido a años de estancamiento en el mercado laboral formal del sector privado. Por el contrario, Argentina ha agregado más de 500,000 empleos informales desde los niveles previos a la pandemia, un crecimiento del 12 por ciento.

El extenso decreto presidencial que Milei anunció el 20 de diciembre todavía desregula grandes sectores de la economía. Con excepción de las normas laborales que fueron declaradas inconstitucionales, el resto del decreto sigue vigente a menos que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso de Argentina, lo que no ha sucedido en ningún gobierno reciente.

Milei ahora tiene dos opciones para recuperar su reforma laboral: apelar ante la Corte Suprema de Argentina o lograr que el Congreso la apruebe.

Proyecto de ley ómnibus

Actualmente, los legisladores están centrados en un gran conjunto de propuestas enviadas por Milei al Congreso, y la Cámara Baja celebrará una sesión para debatirlas el miércoles. En un intento por lograr la aprobación del llamado proyecto de ley general, el gobierno retiró planes controvertidos para aumentar los impuestos a las exportaciones, ampliar los poderes ejecutivos de Milei y la privatización de la petrolera YPF.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha dicho que el gobierno planea volver a presentar las propuestas eliminadas más adelante, después de más discusiones con los legisladores. Los aumentos de los impuestos a las exportaciones fueron clave para sus planes de apuntalar las cuentas públicas y eventualmente generar un superávit presupuestario, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El directorio del FMI también tiene previsto reunirse el miércoles para aprobar un acuerdo a nivel de personal sobre la séptima revisión del programa de 44,000 millones de dólares, que desbloquearía alrededor de 4,700 millones de dólares en préstamos que Argentina utilizaría para pagar al prestamista con sede en Washington.

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