Con el objetivo de ayudar a reducir la acumulación de casos de inmigración en Laredo y la frontera suroeste de Texas, llegarán 760 millones de dólares de fondos federales provenientes del proyecto de ley de asignaciones 2022 para atender esta necesidad.
En dichos fondos se incluyen los recursos necesarios para contratar a 100 nuevos jueces de inmigración con personal de apoyo a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).
De esta manera, cada juez contará con el apoyo de un abogado, un asistente legal y otros dos puestos más que mejor le convengan (asistente legal adicional, intérprete y otro personal de apoyo a la misión).
Además, se garantiza que los jueces de inmigración adicionales tendrán espacio suficiente en la corte para llevar a cabo los procedimientos judiciales de inmigración.
Recientemente, el Departamento de Justicia abrió una nueva corte de inmigración en Laredo a fin de ayudar a reducir la acumulación de casos. Sin embargo, a plena capacidad, el Tribunal de Inmigración de Laredo contará con ocho jueces de inmigración.
Antes de la pandemia, cada juez de inmigración atendía en promedio de 10 a 15 audiencias programadas individuales por semana, y de dos a tres audiencias por semana que incluían de dos a 40 no ciudadanos
Por ello, al pedir fondos para eliminar el rezago existente de casos de inmigración no resueltos, el congresista del Distrito 28, Henry Cuellar, señaló que es una necesidad invertir correctamente en este tema, puesto que conforme más pasa el tiempo, más casos se presentan y se acumulan
“Nuestro sistema de inmigración atrasado está sobrecargado, sin fondos suficientes y ha alcanzado un nivel de abandono sin precedentes. La acumulación ahora ha superado los 1.6 millones de casos pendientes a nivel nacional. Más de 268 mil de esos casos están en Texas. El número de jueces de inmigración en relación con el aumento de casos entrantes ha provocado largos períodos de espera, con un tiempo de espera promedio de 866 días”, refirió.
También expresó que, por lo anterior, es fundamental aumentar la cantidad de jueces, personal de apoyo y salas de audiencia, tal como se hará por medio de los recursos federales que aseguró.
“Al emplear más jueces de inmigración, podemos juzgar adecuadamente a las personas y familias que ingresan a nuestro país, transformando nuestra afluencia de inmigrantes en una oportunidad en lugar de una crisis”, explicó.
Al 31 de diciembre, la EOIR tiene 545 salas de audiencias y prevé abrir otras 59 para fines del año fiscal, con lo que la EOIR contará con un total de 600 para el 30 de septiembre de 2022.