Este jueves entró en vigencia la prohibición del aborto en Texas que permitirá aplicar penas severas a las personas involucradas.
Dadas las nuevas circunstancias legales, realizar o participar en un aborto en este estado ahora es un delito grave punible hasta con cadena perpetua. Además, el estatuto también indica que el procurador general “deberá” buscar una sanción civil de no menos de 100 mil dólares más los honorarios del abogado.
Anterior a esto, las clínicas que brindaban este servicio en Texas ya habían dejado de ofrecerlo por temor a ser procesados bajo las leyes estatales de acuerdo a los últimos criterios de la Suprema Corte de Justicia de este país, pero ahora, con las prohibiciones añadidas y otras regulaciones administrativas que rigen el procedimiento, se genera un conflicto legal más grave para todos.
En la nueva ley se señala que será penalizado realizar un aborto, considerando el embarazo desde el momento de la fertilización salvo que la paciente enfrente “una condición física potencialmente mortal agravada por, causada o derivada de un embarazo”.
Esto deja sin muchos recursos para abortar a las texanas, que desde hace meses buscan alternativas para realizarse este procedimiento, tales como acudir a otro estado, o incluso ir a alguna clínica en México.
Una ley ‘ambigua’ que puede generar peligrosos malentendidos
La Asociación de Abogados del Distrito y de Condados de Texas ya ha expresado su preocupación por esta nueva ley y sobre todo por la interpretación de la multa que no queda del todo clara en la redacción.
“Al exigir -a la oficina del Fiscal General- que busque una sanción civil mínima de seis cifras por la misma conducta que potencialmente incurre en una sentencia de encarcelamiento por delito grave y una multa penal -en forma simultánea-, la legislatura ha creado un marco legal, eso podría evitar una condena penal por ciertas violaciones del nuevo delito de ´ley de activación’ antiaborto si la OAG cobra alguna de esas multas civiles”, se lee en un memorando en el sitio web del grupo.
Mientras tanto, el procurador general Ken Paxton se ha ofrecido a ayudar a los fiscales de condado a fincar cargos penales bajo esta nueva ley. Sin embargo, los fiscales de distrito de Dallas, Bexar, Fort Bend, Nueces y Travis han dicho que no piensan hacerlo; por su parte los de Denton y Tarrant han externado que ellos sí perseguirán esta conducta.
Los legisladores de línea más conservadora ya señalaron que tienen la intención de proponer una legislación que permita a los fiscales llevar los casos de aborto fuera de su propia jurisdicción si el fiscal de distrito local no lo hiciera.
“Eso nunca se ha hecho en Texas, pero la legislatura probablemente pueda por lo menos empezar a ‘rodar la pelota’. Entonces, tienes fiscales con opiniones contradictorias sobre el mismo conjunto de hechos, y luego tienes un ‘zoológico’ de verdad”, advirtió el abogado de Dallas, David Coale aludiendo a que en un solo concepto legal convivirían diferentes criterios de aplicación a estos delitos.
Además de estas disputas legales, también está que los estatutos anteriores a Wade vs. Roe están en vigor actualmente, pero la Corte Suprema del estado no ha emitido un fallo final sobre si se pueden aplicar penalmente en un futuro cercano, lo que quiere decir que hay un limbo legal que puede empujar a los fiscales a presentar cargos bajo la ley de activación.