Laredo, Texas.- Con el objetivo de “repeler” y arrestar a los migrantes que cruzan la frontera fuera de un puerto de entrada y regresarlos a México, el representante estatal Matt Schaefer presentó el Proyecto de Ley 20 de la Cámara de Representantes a través del cual se crearía una unidad estatal de oficiales facultados para llevar a cabo dicha tarea sin estar obligados a cumplir con las leyes y procedimientos federales.
A través del referido proyecto de ley de seguridad fronteriza, se pondría a prueba los límites de la capacidad del estado de Texas para hacer cumplir la ley de inmigración, que, es algo que recae en el ámbito federal. El proyecto de ley propone también otorgar a los oficiales de la unidad “inmunidad “de responsabilidad penal y civil por cualquier acción que se tome que esté autorizada” por la ley propuesta.
Y si eso no fuera suficiente, el vicegobernador Dan Patrick, quien supervisa el Senado, anunció su respaldo a la legislación que convertiría en delito estatal que las personas crucen ilegalmente a Texas. De acuerdo con el proyecto de Ley propuesto por el senador Brian Birdwell, republicano por Granbury, se encarcelaría a una persona durante uno o dos años si intenta ingresar al país de manera ilegal por segunda vez. Además, se castigaría hasta con cadena perpetua si ha sido condenado previamente por un delito grave.
De acuerdo con la actual ley federal, una persona arrestada por ingresar al país sin permiso podría ser acusada de un delito menor. Si los agentes de la Patrulla Fronteriza lo arrestan por segunda vez, la persona podría ser acusada de un delito grave y encarcelada hasta por varios años.
El acérrimo defensor del programa más allá de las fronteras en el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Roberto López, calificó el proyecto de ley de la Cámara como “la propuesta más peligrosa que jamás hayamos visto en temas fronterizos”. Afirmó que una nueva fuerza militar bajo el mando del gobernador Greg Abbott, potencialmente integrada por vigilantes designados como autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, no brindará protección alguna a las comunidades fronterizas.
La propuesta de Schaefer también establece que si el gobierno federal alguna vez declara otra emergencia nacional de salud pública por COVID-19, o si establece algún requisito de vacunación contra COVID-19 o similar, para cualquier ciudadano estadounidense, incluidos los trabajadores del gobierno y de atención médica, entonces el estado podría eliminar derechos de migrantes “lo más rápido posible”.
Hasta el momento, la oficina de Dade Phelan, presidente de la Cámara de Representantes que apoyó el proyecto de Ley 20, no respondió a las preguntas enviadas sobre la legislación, pero dijo en un comunicado enviado el viernes por la noche que: “Abordar la crisis humanitaria y fronteriza de nuestro estado es un tema que la Cámara de Representantes de Texas debe aprobar este año”.
César Cuauhtémoc García Hernández, abogado de inmigración y profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, dijo que cualquier intento de este tipo de Texas de hacer cumplir la ley de inmigración enfrentaría demandas.
“La propuesta ciertamente pondría a los oficiales de esta nueva Unidad de Protección Fronteriza de Texas en conflicto directo con los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE -Inmigración y Fiscalización Aduanera-, planteando una seria cuestión constitucional”, explicó.