LAREDO, Texas.- Sin comida, ni bebida, en una celda sucia y con las condiciones más precarias, es como estuvo privada de su libertad la pastora Julie Contreras, líder de la organización United Given Hope, tras ser acusada por la Guardia Nacional de México y autoridades de Migración de dicho país por supuestamente traficar con menores, luego de que acompañara a seis niños migrantes a cruzar de manera legal a los Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo cuando la pastora había convocado a una caminata al mediodía en el Puente Internacional 1 en la frontera de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, para presentar a los menores no acompañados ante las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza -CBP-, una labor que realiza habitualmente desde hace aproximadamente 20 años, a través de la cual busca proteger a los infantes de los peligros que enfrentan en su camino hacia EU, tales como la explotación sexual, laboral o criminal.
“El propósito de nuestro programa Osaka es asegurar a los niños que no están acompañados, siendo niños de otros países o latinos americanos, facilitamos el camino en el puente con seguridad, porque muchos de estos niños no están bajo de la vista ni de los oficiales de la ley de México ni de Estados Unidos, eso quiere decir que están muy vulnerables a la corrupción, a la posibilidad de ser víctimas de explotación sexual, laboral y criminal. Para nosotros, la primera prioridad es la seguridad de esos niños”, dijo.
La pastora, junto a líderes religiosos y dirigentes comunitarios, caminó con los niños por el puente, como de costumbre, tras dar aviso previo a las autoridades de CBP y migratorias de Estados Unidos para que se permita su cruce, además, cada uno de los menores llevaba su archivo legal, y ella tenía copia en su posesión, todos identificados.
Sin embargo, según relata Contreras, en esta ocasión rechazaron a los niños, les fue denegada su entrada por una oficial de CBP de apellido Martínez, una mujer de origen latino que no permitió que cruzaran los niños a territorio estadounidense.
“Rechazaron a los niños, le dije que si por favor se podía comunicar con sus superiores, y yo inmediatamente estoy al teléfono con los abogados de los niños y los abogados en Washington D.C., de la representación del US, derechos civiles y derechos en libertades en esta nación, para identificar la inapropiada acción del rechazo y no aceptar a los niños no acompañados en este grupo en este día”, expresó.
Posterior a ello, Contreras señaló que la oficial Martínez realizó unas llamadas y fue entonces cuando llegaron unos sujetos que en ningún momento se identificaron con ella.
“Solo escuché que eran del DIF y de inmigración de México, alguien llamado Victor Hernández, supuesto representante de inmigración mexicana. Yo he trabajado con muchos oficiales de diferentes países que representan su inmigración de cada país, y este individuo nunca se presentó, nunca se identificó oficialmente, en cambio empezó a gritar a otro pastor que estaba ahí con nosotros, amenazándolo con que la acción que estábamos haciendo era ilegal y traficando niños”, aseveró la pastora.
Posteriormente, la líder de United Given Hope mencionó que Hernández comenzó a gritarle y decirle que no hablaría con ella porque “no era mexicana”, y la acusó de cargos ilegales.
“Comenzó a acusarme de cosas ilegales y yo le respondí que no iba a hablar con él, como no sabía quién era, pudo ser alguien que podría robar los niños en mi perspectiva, y tapé a los niños”, mencionó.
Tras la discusión, llegó la Guardia Nacional de México a arrestarla e intimidarla junto con los seis niños que tenía a su cargo. Así que regresó al lado mexicano para encaminar a los menores al albergue pero fue entonces cuando el oficial Fernández de la Guardia Nacional junto con un elemento más la agarró, la esposó y amenazó mientras ella suplicaba por los infantes y la atención que debían darles, pues dos de ellos tienen capacidades especiales.
“Me arrestaron, me trataron como criminal, me llevaron a varias locaciones, tratando de conseguir cargos en contra de mi por el trabajo que Dios me manda a hacer por décadas. Para mi fue una experiencia que pienso voy a tener sueños de terror por mucho tiempo”, aseveró.
El abogado de la pastora, Santiago Pérez Albarrán, licenciado en derecho especialista en litigio en materia penal, explicó que cuando una autoridad detiene a una persona en México tiene 48 horas para presentar cargos en su contra.
Cuando Contreras fue privada de su libertad, fue llevada a la Fiscalía General de la República por ser un tema de índole federal al estar en la frontera; sin embargo, ahí fue liberada de cualquier cargo tras pedirle los archivos de los niños y autorizaciones de su cruce.
De ahí fue trasladada a la fiscalía estatal, para ver si ellos tienen cargos que perseguir, ahí sin mayores motivos, presentaron cargos en su contra por supuesta privación ilegal de la libertad.
Al día siguiente le notificaron la libertad ya que no encontraron pruebas en su contra en la fiscalía estatal. En total, Contreras estuvo 48 horas privada de su libertad por ejercer una labor humanitaria en favor de menores sin familia en territorio mexicano.
“Yo temía por mi vida. Yo siempre voy a ser un servidor de la verdad y liberación de todo el pueblo de Dios, si tengo que seguir trabajando en México es donde voy a estar. Siempre voy a extender mi mano al pueblo mexicano, o cualquier ser humano que me pida ayuda”, apuntó.
Ahora, la pastora Julie iniciará una serie de denuncias contra las autoridades migratorias mexicanas debido a la situación y trato que se presentó, en especial en contra de Víctor Hernández por su falta de profesionalismo y abuso de autoridad.
Hasta el momento, tres de los niños ya están con sus padres; y tres más se encuentran en el DIF de Nuevo Laredo; de los cuales dos tienen a sus padres en EU, pero registran estatus migratorio no seguro y por ello no pueden ir por sus hijos, la abuelita de uno de ellos tuvo una embolia, por lo cual que no estaba en condiciones para ir a recoger a la niña, y el otro niño no tiene a nadie. Hay un niño hondureño, que no tiene padres, pero sí a un tío que previamente había ido por él al DIF en Monterrey, sin embargo, por su estatus migratorio, ni la fiscal, ni el DIF quieren entregarle al menor.