Texas demandó este martes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza corten el alambre de púas colocado por ese estado en su frontera con México.
El fiscal estatal Ken Paxton aseguró en un comunicado que los agentes de la Patrulla Fronteriza “regularmente” cortan la cerca de alambre y a veces “inmediatamente” después de que trabajadores de Texas han colocado alambre nuevo para cubrir los huecos existentes.
Sostuvo que al cortar el alambre de púas, el “Gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del Estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión” del gobernador Greg Abbott para detener el ingreso de personas migrantes.
Paxton señaló que Texas “tiene el derecho soberano de construir barreras fronterizas para impedir la entrada de extranjeros ilegales”.
La demanda fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra la Patrulla Fronteriza y varias otras agencias y funcionarios que, de acuerdo con el fiscal, ayudaron y alentaron los cruces fronterizos de indocumentados.
Con la querella, Paxton ha pedido al Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas que prohíba a las autoridades federales “continuar destruyendo y dañando propiedad privada”.
El alambre de púas colocado a lo largo del río Grande (río Bravo) por autoridades de Texas ha sido criticado por defensores de los derechos humanos, quienes advierten que estas barreras ponen en peligro a las personas migrantes.
Abbott no cede en su intento de cercar el estado
El gobierno de Joe Biden y Texas continúan en la batalla legal por la instalación de una barrera de boyas en el río Grande en julio pasado.
Defensores de derechos humanos denunciaron que Texas ha extendido su polémica barrera de alambres de púas en la frontera con Ciudad Juárez, lo que ha elevado el riesgo para los migrantes que cruzan hacia la ciudad de El Paso.
Desde el lado mexicano, la agencia EFE documentó cómo la Guardia Nacional estadounidense ponía estas barricadas, tal y como había anunciado Abbott en sus redes sociales.
Apenas el domingo 22 de octubre, la cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó con una declaración conjunta que rechazó las “medidas coercitivas”, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración.
La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, fue firmada por los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron en Palenque, Chiapas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.