A 14 meses de la tragedia en la Línea 12 del Metro, que mató a 26 personas y causó lesiones a más de 100, este jueves, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México finalmente imputó a 8 de 10 personas, entre ellas Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.
Ante el juez de control José Luis Palacios Hernández, la fiscalía imputó a dichos servidores públicos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en la propiedad ajena culposa, los cuales no prevén la prisión preventiva oficiosa.
Minutos antes de las 18:00 horas, el Juez decretó un receso de una hora en la audiencia para que abogados, imputados, ministerios públicos y el mismo juez tomaran alimentos.
Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y algunos otros imputados, dijo que lo atribuido por la Fiscalía se centró en una teoría del caso en la que se da toda la responsabilidad del caso a autoridades del pasado bajo la justificación de que el desplome se debió a deficiencias en diseño y construcción.
“Hay dos elefantes en la sala que son ICA (responsable del Diseño) y Carso (responsable de la construcción) y ambas empresas no están acusadas. En la audiencia no se tocó ni la falta de inspecciones, ni la falta mantenimiento, ni la sobrecarga, ni el sismo de 2017″, dijo Regino.
Consideró que se trata de un caso sesgado, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones en donde ha dicho que la investigación de la Fiscalía es a modo y encubre a Florencia Serranía, quien al momento de la tragedia era la titular del STC Metro y subdirectora de mantenimiento.
En entrevista, Regino dijo que en la audiencia faltan varias etapas por lo que calculó que será hasta después de la medianoche cuando concluya.
Recordó, como ya lo había adelantado por la mañana, que solicitará la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de sus representados, entre ellos Enrique Horcasitas, lo cual podría ocurrir hasta principios de la semana entrante.
Finalmente, precisó, sin dar nombres, que uno de los imputados no se presentó a la audiencia por haber dado positivo a COVID-19 y otro de los exfuncionarios que será imputado, se difirió la audiencia para agosto próximo, no detalló los motivos que lo originó.