La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada esta semana en la Cámara de Diputados duplica la regulación que ya existe para combatir el ‘huachicol fiscal’, destacaron analistas del sector.
La iniciativa establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificará el cumplimiento de los controles volumétricos, cuando esta disposición ya existe, destacó Rocío Robles, experta en regulación energética.
“La miscelánea fiscal en las resoluciones 30, 31 y 32 estableció que los sistemas de control volumétrico en el expendio tenían que ser mediante software de proveedores que el SAT hubiera autorizado previamente, lo cual al día de hoy está vigente... ¿qué necesidad de incluir en un transitorio que el SAT tiene que actuar en la medida de sus competencias para llevar lo conducente en materia de verificación?”, cuestionó la analista.
Además, señaló que otra norma duplicada se relaciona con una disposición de la CRE que establece criterios sobre medición desde el origen de un hidrocarburo hasta su entrega final, la cual está vigente.
“Estas disposiciones ya están vigentes, pero hay muchos problemas en la aplicación”, y recordó que el volumen de los energéticos varía con el clima y la altura, de tal forma que la cantidad que originalmente sale a la venta puede cambiar.
Sin embargo, con la reforma se busca que las empresas no puedan vender sin antes reportar a la CRE los volúmenes comprados y vendidos.
Susana Cazorla, analista del sector energético, señaló que la suspensión de permisos que establece la reforma, ya existía en la Ley.
“Sin embargo queda claro que buscan fortalecer a Pemex aunque de forma ilegal, porque la competencia debe ser un valor que debiera protegerse en beneficio de todos los consumidores”, manifestó.
Destacó que la reforma busca subir de rango todas las acciones que contravienen la competencia económica y que las autoridades del sector están llevando a cabo de manera discrecional.
“Lo están elevando a rango de ley para seguir haciéndolo. No quieren generar competencia, ni otorgar permisos, quieren debilitar a todos aquellos jugadores que le puedan generar presión competitiva a Pemex”, comentó.
Recalcó que exigir un mínimo de almacenamiento a las empresas antes de otorgarles su permiso está en contra de la lógica de inversión.
“¿Cómo le están exigiendo al sector privado hacer inversiones si hay tanta incertidumbre para que las autoridades cumplan en el otorgamiento de los permisos y en ofrecer las garantías para desarrollar las actividades a las que tienen derecho?”, planteó.
“La lógica es obtener el permiso, y financiamiento en su caso, para poder desarrollar la inversión”, concluyó.