El gobierno mexicano anunció a Estados Unidos que está dispuesto a trabajar con la administración del presidente Joe Biden en la elaboración de un plan para remediar la negación de los derechos de los trabajadores en la planta de camionetas de General Motors en Silao, Guanajuato.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador envió su respuesta el viernes pasado, antes de que finalizara el plazo de 45 días para que la nación respondiera a una queja de Estados Unidos bajo el acuerdo comercial del T-MEC, según personas familiarizadas con el caso, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la situación.
Ambos países tienen ahora 10 días para consultar y acordar medidas de reparación. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos puede solicitar la creación de un panel laboral de respuesta rápida para determinar si ha habido una denegación de los derechos de negociación colectiva.
Si el panel determina la existencia de una denegación de derechos, Estados Unidos podría imponer soluciones como la revocación del estatus de libre comercio para los camiones, lo que significaría que los vehículos se enfrentarían a un arancel del 25 por ciento.
La oficina de prensa de la Secretaría de Economía de México declinó hacer comentarios, mientras que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.
El mes pasado, Estados Unidos pidió a México que revisara la supuesta denegación de los derechos de los trabajadores en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, la primera vez que Washington inició por sí mismo una disputa laboral bajo el nuevo pacto comercial entre los países. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, había pedido a México que revisara si a los empleados de la planta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.