El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, adelantó que van a presentar 100 querellas en contra de las personas que han consumido facturas falsas.
Explicó que la política criminal fiscal de la actual administración permitió que se pudieran presentar 42 denuncias en contra de los grupos ‘factureros’ más importantes del país.
Todas las reformas que se fueron aprobando a lo largo del sexenio permitieron desactivar al grupo más importante de subcontratación de personal, ese grupo tenía cerca de 200 mil trabajadores en su nómina, abundó.
La reforma penal fiscal permitió que se equipare con delincuencia organizada el que tres o más personas de forma permanente y reiterada lleven a cabo actividades ilícitas, en este caso lo que es la defraudación fiscal.
La reforma penal fiscal tuvo dos efectos: por un lado permitir poder investigar y poder ir por las cabezas de los grupos delictivos de ‘factureras’; y por otro lado, la reforma que atenta contra los delitos de seguridad nacional, en este caso los delitos de defraudación fiscal.
“Esto nos ha permitido poder iniciar procedimientos en contra de personas físicas e incluso morales que comenten delitos calificados en términos del Artículo 108, del Código Fiscal, que han defraudado arriba de 7.8 millones de pesos y eso ha permitido el poder tener ya ordenes de captura contra personas que han estado en estos supuestos y lo más importante, el poder tener prisión preventiva oficiosa”, enfatizó, al comparecer en San Lázaro para analizar el paquete económico de 2022.
Subrayó que todas las reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados han permitido que no se haya caída lo recaudación y que se haya mantenido y elevado sobre todo en el año 2020.
La política criminal fiscal que se ha podido llevar a cabo incluye también la persecución de delitos de grandes contribuyentes.
Los medios alternos de solución de controversias penales y el poder perseguir los delitos de grandes contribuyentes con la reforma que fue aprobada permitió que se presentaran querellas el año anterior contra grandes corporaciones que habían omitido el pago de contribuciones, cometiendo el delito de defraudación fiscal, se fincaron acuerdos reparatorios y hubo una recaudación muy importante de impuestos de grandes contribuyentes.