A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una convocatoria al sector automotriz para recoger su opinión respecto a la legalización de autos “chocolate”, al final no fueron convocados, ni les pidieron su opinión y colaboración, dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En entrevista con El Financiero, el representante industrial remarcó que ahora deben esperar a la publicación del decreto que prometió el mandatario que firmaría para la regularización de los autos usados importados para analizar las opciones legales que tienen para defender a su industria.
“Estamos en contra de la legalización del contrabando, esto solo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitadas. No conocemos los términos del decreto que firmará el presidente, y a pesar de que ofreció una convocatoria a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar y opinar”, comentó.
Entre enero y agosto de 2021 se importaron en México 106 mil 502 autos usados, lo que representó un incremento de 35.7 por ciento comparado con lo registrado en igual periodo del año pasado. Este es el mayor incremento que reporta el sector en ocho años.
“Vemos un incremento acelerado desde julio cuando el presidente prometió en Tijuana la legalización de estos vehículos (…) Si llega a firmarse el decreto se incrementará más la entrada de estas unidades, muchas en calidad de chatarra, y podría causar un daño a la economía como fue el decreto que firmó Vicente Fox en 2006″, explicó Rosales.
En 2006, el entonces mandatario permitió la legalización de autos usados importados, lo que ocasionó que se importaran más de un millón de autos usados de Estados Unidos, superando en 58 por ciento las ventas del mercado interno de autos nuevos, lo cual también generó el cierre de negocios de esta industria.
Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo que la regularización de vehículos ilegales afectará el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos legalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de estos ante la saturación de la oferta que se daría con la regularización.
La agrupación que preside José Zozaya señaló que también, al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, “no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales”.
“La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando sólo permitirá que la “basura automotriz” continúe circulando en nuestro país, y propiciando la introducción tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente, generando un impacto ambiental y de seguridad”, explicó la asociación.