La iniciativa de reforma eléctrica sobrecargaría de responsabilidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido que se pretende otorgar un triple mandato, en el que se haría cargo de toda la cadena de suministro de la industria eléctrica, que sea su mismo regulador y que sea haga cargo de toda la política pública e industrial relacionada con la transición energética, apuntó Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.
Durante su participación en el foro 19 del parlamento abierto llamado ‘Misión social y desarrollo productivo de la CFE’, la especialista manifestó su preocupación por este tema, ya que se le eximirá de dos temas muy importantes.
“La reforma exime a CFE de generar valor con sostenibilidad y de competir, bajo el esquema de un organismo del Estado, la empresa ya no estaría facultada para poder trabajar de esta manera en los mercados y atraer inversión”, dijo.
Agregó que de aprobarse la reforma tal y como está escrita, la dependencia que dirige Manuel Bartlett se mandaría sola, “no vemos contrapesos y no quedan claros los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la reforma abriría la puerta a la opacidad, corrupción y discrecionalidad, lo que va en contra de las tendencias nacionales”.
Además, la especialista de México Evalúa puntualizó que actualmente la CFE se encuentra entre las 10 empresas con más riesgos en materia de indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), ya que la dependencia carece de una política de responsabilidad social e impactos medioambientales, no publica reportes de sustentabilidad, entre otras fallas.
A pesar de este contexto, se busca darle todo el poder de decisión de la transición energética a CFE, lo que es una responsabilidad excesiva para un ente gubernamental.
Por otra parte, Sergio Hugo Zugasti, director general de Zugastek Wind Energy y representante del Clúster de Puebla, indicó que a nivel mundial, los países que han logrado disminuir las tarifas eléctricas cuentan con cuatro actores esenciales que son un regulador, operador, un ente que despacha y un generador; sin embargo, la iniciativa de reforma eléctrica busca centralizar todo en CFE.
“Exigimos reglas claras para el futuro del sector y que se garantice la transparencia de cómo se definirán las tarifas eléctricas”, apuntó.
A favor de la reforma, Francisco López Herrera, de la división de investigación de la UNAM, indicó que se requieren cambios en los textos constitucionales ya que existen diversos problemas en la legislación vigente.
“Actualmente, los generadores privados no se responsabilizan de la confiabilidad en el suministro. El uso del ahorro nacional se destina a la construcción de las plantas eléctricas privadas, existe una balcanización y endeudamiento de la CFE y se realizan ventas de energía producida bajo el esquema de auto abasto”, denunció.
Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, abordó el tema de las empresas de auto abasto, a los que catalogó como un fraude, ya que dañan a las finanzas de la CFE y propician el surgimiento de un mercado eléctrico que no está previsto en el sistema jurídico nacional.