Hay pocas probabilidades de que 2022 sea el año en que México y la Unión Europea cierren las negociaciones para modernizar su acuerdo comercial.
Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Unión Europea, comentó que, aunque el acuerdo se encuentra “más o menos listo”, ve poco viable que se firme este año.
“La ratificación este año es poco probable, pero estoy convencido de que, si seguimos trabajando, tendremos la ratificación el próximo año, en 2023″, declaró este jueves en conferencia de prensa.
Lange y una delegación de eurodiputados se reunió esta semana con empresarios y funcionarios federales de México para impulsar las negociaciones para modernizar el acuerdo.
México y la UE concretaron un Acuerdo Global en el año 2000. Las negociaciones para la modernización de ese acuerdo echaron a andar en 2015, y los capítulos comerciales quedaron resueltos en 2020. A pesar de que se han logrado acuerdos en principio para varios temas, falta diálogo para que el tratado entero se cierre y se firme.
El documento incluirá, además de acuerdos arancelarios, disposiciones en materia de derechos humanos, derechos laborales, estándares medioambientales e incluso combate a la corrupción.
Europa desea un México con cero emisiones
Los eurodiputados llegaron a México con la reforma eléctrica y los giros en política energética como parte de su agenda.
Al respecto, Bernd Lange declaró que el Gobierno europeo preferiría que el país tome un camino medioambientalmente amigable, que le permita reducir emisiones de CO2 y no afectar la confianza de los inversionistas.
“Cualquier cambio regulatorio no debería erosionar la confianza y la fiabilidad. Por lo tanto, me siento bastante relajada respecto a la futura discusión sobre la reforma eléctrica en el Congreso. Esperamos que, al final, siga ese camino hacia la estabilización de confianza y la reducción de las emisiones de CO2″, dijo.
Añadió que, “aunque no estamos educando a nadie”, a la UE le interesa que en sus inversiones “se garantice una perspectiva con energías renovables y también una perspectiva con menores precios energéticos”.
La reforma eléctrica -y los cambios a la política energética en general- se perfila como un potencial punto de tensión entre México y algunos de sus principales socios comerciales.
El lenguaje ha sido terso, pero funcionarios de varios países han hecho comentarios que dejan claro que hay preocupación entre sus gobiernos y empresarios respecto a la reforma. Estados Unidos envió a su secretaria de Energía (Jennifer Granholm) y a su enviado especial del Clima (John Kerry) para discutir el tema con el Ejecutivo Federal. El embajador financiero de Reino Unido, Vincent Keaveny, comentó en entrevista que, aunque la decisión es del gobierno mexicano, los inversionistas ingleses preferirían una política más “verde”.