Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con un ‘seguro por huachicol’ que puede alcanzar hasta los 21 centavos por cada litro que vende, lo que significa que los participantes del mercado de hidrocarburos y los consumidores mexicanos terminan cubriendo un porcentaje de estas pérdidas económicas consideradas como ‘no operativas’, señaló Susana Ivana Cazorla, socia en SICEnrgy & Madero.
Se estima que al menos el 30 por ciento de los combustibles vendidos en México provienen del ‘huachicol’, y su tendencia, en vez de bajar, es ascendente, lo que representa un impacto importante para las finanzas de la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza.
“Es un tema histórico que afecta gravemente a las finanzas de Pemex, es un tema de seguridad nacional, ya que además del impacto económico, hay participantes del sector de hidrocarburos que están expuestos al crimen organizado”, indicó Cazorla durante su participación en la Expo Encuentro Internacional de Energía 2023.
Por lo tanto, desde 2017, todos los mexicanos pagan el robo de combustible, de acuerdo con la resolución RES/064/2022 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que recientemente, recibió una ampliación hasta el año 2026.
El sistema Topolobampo registró un Costo Trasladable por Pérdidas no Operativas (CTPNO) de 21 centavos por litro, seguido del sistema Sur-Golfo-Centro-Occidente (0.16 centavos) y el norte del país (0.14 centavos).
En esa resolución, el órgano regulador aprobó que Pemex Logística pueda aplicar el CTPNO en los términos y condiciones establecidos para la prestación del servicio de transporte por ducto de petrolíferos.
Las pérdidas por huachicol superaron los 21 mil millones de pesos durante 2022, y existen más de 13 mil tomas clandestinas ubicadas a lo largo del país.
Falta almacenamiento de combustibles
Por otra parte, Perla Díaz, socia de la firma legal Hogan Lovells, señaló que, hasta julio de 2023, hay un registro de 113 proyectos de almacenamiento de combustibles de los cuales solo 14 están en operación.
“Lo que nos dice es que hay un retraso en la infraestructura y que puede ser por diversos factores, como lo fue la pandemia del Covid-19, pero también está el tema de los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de diversas autoridades ambientales que también retrasan este tipo de proyectos”, indicó.
En tanto, Marcial Diaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, recordó que al final de la administración pasada había un listado de 50 proyectos de almacenamiento que iban a traer una inversión directa en esos proyectos de más de 3 mil millones de dólares.
“Sin embargo, hoy conocemos de permisos que están otorgados pero que no tienen ni una barda perimetral puesta y esos mismos permisionarios te andan ofreciendo permisos para echarla andar”, dijo.
Alejandro Montufar, CEO de la Plataforma PETROIntelligence, puntualizó que, a nivel nacional, hay suficiente espacio para cumplir con los cinco días de almacenamiento mínimo que establecen las autoridades.
Sin embargo, de manera desagregada, hay entidades que no cumplirían con este requisito, como Chiapas e Hidalgo, mientras que Quintana Roo y Tlaxcala no cuentan con ningún tipo de almacenamiento.