A falta de capacidades para incrementar el gasto en pensiones, el Gobierno de México no podrá replicar el financiamiento al sistema como Chile, analizó Marco Morales, economista y profesor asociado en la Universidad Diego Portales (UDP), en Santiago.
“El equilibrio es muy frágil si se dan pensiones demasiado generosas, y por lo visto en México, no se pueden financiar únicamente del ingreso estatal, viendo los números es insostenible”, dijo a El Financiero, además de hacer hincapié en que una de las principales precauciones que deberán tener los gobiernos que pretenden mejorar los sistemas de pensiones recaen en procurar las finanzas públicas.
En ese sentido, compartió que en Chile el aporte del Estado a las pensiones es del 2 por ciento del PIB, y dicho recurso es recaudado a través de impuestos, ya que en dicho país la recaudación fiscal representa el 20 por ciento del PIB.
En contraste, “se proyecta que el gasto federal en pensiones alcance el 6.1 por ciento del PIB en este 2024, casi la mitad de la recaudación tributaria”, además de estar situado México en “un sistema fiscal considerado débil, con una recaudación del 14 por ciento del PIB”, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
A propósito, es importante indicar, que existe una variación demográfica considerable entre ambos países. En Chile, son más de 19 millones de habitantes; mientras que en México, son 130 millones.
Asimismo, Morales apuntó que actualmente, en un contexto inclusive a nivel mundial, las pensiones son más difíciles de financiar por factores como el crecimiento demográfico, así como el aumento de la esperanza de vida de las personas.
“También, en el caso de los países latinoamericanos como México y Chile otro componente muy importante tiene que ver con buscar una mayor rentabilidad en los ahorros de los trabajadores, (las administradoras) tienen que buscar nuevas alternativas de inversión, como los activos alternativos, por ejemplo, sin dejar de vigilar los riesgos, claro”, abundó.
El experto enfatizó que, además de buscar mecanismo sostenibles, se deberá “enfrentar la realidad de la informalidad”, para tratar de mitigarla, sobre todo en el caso de México.
Imperan diferencias en capitalización individual
Las Afores en México replicaron el modelo chileno de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), creadas en 1981, en el cual se estableció que serían los trabajadores quienes ahorrarían para su retiro, a través de cuentas individuales. Sin embargo, actualmente, Chile se encuentra bajo un proceso de reformar su sistema de pensiones.
Dicha propuesta plantea que las homólogas de las Afores separen sus funciones de administrar recursos y gestionar las inversiones. Destacó que en Chile hay más de 11 millones de cuentas administradas por las AFP, pero únicamente la mitad de los cotizantes se mantienen activos.
Algo similar ocurre con las Afores en México, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó anteriormente que en el SAR hay 74 millones de cuentas, de las cuales poco más de 18 millones han sido denominadas “huérfanas”.
“Esta reforma busca separar a la industria y quitarle el tinte monopólico del sistema, por llamarlo de alguna manera”, agregó Morales, además de explicar que dicha administración de las cuentas de los trabajadores estará sujeta a la centralización total, por medio de una empresa (que deberá ganarse la licitación pública) encargada de procurar las cuentas.
Administradoras mexicanas otorgan mejores tasas de reemplazo
Marco citó que en Chile la mayoría de la población está bajo el esquema de las AFP, sin embargo, la tasa de reemplazo que ofrecen son del 20 por ciento o incluso menor, sin contemplarse la pensión garantizada universal que otorga por su parte el Estado, según datos del promedio del último año. Mientras que en México, la Consar compartió, en su informe estadístico 2023, que con la reforma del 2020, la tasa llegó hasta el 72 por ciento, en los pensionados del año pasado.
“La población retirada que cuenta con una AFP, además del apoyo del Estado, que es para todos, recibe al mes actualmente poco más de 250 dólares”, ejemplificó, y bajo esa línea, acotó que la problemática principal de Chile y el autofinanciamiento del retiro recae en que hay bajos niveles de aportación y es el trabajador quien se encarga en su mayoría de su jubilación.
“En Chile, a diferencia de México, el trabajador aporta con el 10 por ciento de su salario mensual; los empleadores no aportan para el retiro y el gobierno lo hace por medio de la pensión garantizada universal que mencioné anteriormente”, comparó Morales.
Especificó que la reforma presentada ante el Congreso Nacional de Chile (CNCh), pretende que los empleadores comiencen a aportar al ahorro con el 6 por ciento, sin embargo, de ese porcentaje extra, se destinará la mitad a la creación de un Seguro Social que tiene por objetivo mejorar las pensiones actuales; y el otro 3 por ciento sí irá a la cuenta individual del trabajador.
A diferencia, en México el ahorro para el retiro es de índole tripartita, es decir, que el trabajador; el patrón; y el gobierno (éste únicamente en salarios menores a 4 UMAS) son los encargados de las aportaciones. En ese sentido, los trabajadores aportan el 1.125 de su salario base de cotización y el sector patronal, de acuerdo a la reforma del 2020, abona el 5.33 por ciento, al menos durante el 2024.
Otra de las particularidades que tiene el sistema chileno, en relación a las administradoras es que no hay semanas mínimas de cotización, según el catedrático, mientras que en la república mexicana el mínimo para pensionarse, hasta 2024, es de 825 semanas, acorde a lo establecido en la reforma de la Ley del Seguro Social (LSS) del 2020.