S&P Global Ratings afirmó las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ y ‘BBB+’ de largo plazo en moneda local para México. Las perspectivas se mantienen estables, según comunicó este jueves.
“La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que prevalecerá una gestión macroeconómica cautelosa durante los próximos dos años, a pesar de las complejas condiciones globales. Este horizonte incluye el período previo a las elecciones nacionales de junio, el período de transición presidencial y el inicio de la próxima administración”, manifestó.
En general observó que hay condiciones macroeconómicas estables, con un crecimiento del PIB real superior al 3.0 por ciento en 2023 ante una sólida demanda interna y una inflación moderada. Esto prepara el escenario para las elecciones y la llegada de una nueva administración al poder en octubre próximo, dijo.
“Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, el próximo gobierno ampliará el historial de ejecución cautelosa de políticas macroeconómicas de México, incluida una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos”.
En este sentido, en su escenario base descartó avances en iniciativas políticas importantes que mejoren o perjudiquen el clima de negocios de México (o afecten la tendencia del crecimiento económico) en medio de las elecciones en Estados Unidos y México de este año.
Además, S&P Global Ratings estimó que el próximo gobierno presentará un presupuesto para 2025 que reduzca el déficit público esperado este año, de 4.9 por ciento.
Plantea riesgos
En tanto, al plantear un escenario negativo aseveró que fricciones inesperadas en la gestión macroeconómica, o en las relaciones entre los socios del T-MEC sobre el fortalecimiento de la cooperación, la resiliencia de la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos debilitarían el sentimiento de los inversionistas y podrían llevar a una rebaja en los próximos dos años.
También lo haría si los déficits del gobierno son persistentemente más altos que conduzcan a un aumento más pronunciado de lo esperado en la deuda, lo que aumentaría los riesgos fiscales y agravarían el apoyo extraordinario a Pemex y CFE.