En México, durante el 2023, el 50 por ciento de las empresas fueron víctimas de actos de sobornos, lo que significa un aumento de 9 puntos porcentuales interanual, de acuerdo con el último monitoreo de la Encuesta de Percepción de Corrupción en el Sector Privado, impulsado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Acorde a la investigación, Baja California se posicionó como la entidad federativa en donde mayor incidencia de corrupción existe con el 67 por ciento; seguida de Puebla y Quintana Roo, ambas con el 65 por ciento; así como Tlaxcala y Sinaloa, quienes compartieron el 63 por ciento.
“Las empresas que reportan haber tenido que pagar un soborno lo hizo para disminuir los costos excesivos en tiempo o dinero de los trámites de gobierno, los cuales pueden involucrar discrecionalidad en las decisiones que toma la autoridad, ya sea para otorgar licencias o sancionar a las empresas”, explicó Ricardo Alvarado, investigador de MCCI.
Asimismo, el transporte se coronó como el sector con mayor incidencia de corrupción con el 70 por ciento, seguido de la minería con el 57 y la industria inmobiliaria con el 53 por ciento. De igual manera, se señaló que la construcción y el comercio registraron un porcentaje del 52, y la agroindustria obtuvo el 53 por ciento.
Alvarado detalló que las empresas afirmaron que la corrupción ha sido un impedimento para su crecimiento, puesto a que los gastos que se generan debido a ella, merman sus recursos, sin embargo, sólo el 17 por ciento de los negocios del país emitió una denuncia, ya que considean que éstas no tienen los resultados esperados por falta de certidumbre jurídica.
Al respecto, José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex señaló que, justamente, la falta de certidumbre jurídica y estado de derecho para las empresas, podría inhibir la inversión ligada al nearshoring.
“Las empresas que ven la oportunidad de invertir en México, lo que nos dicen es que hay tres variables que nos están deteniendo y la primera es el estado de derecho y la certidumbre jurídica, y se preguntan que si llegarán a invertir en el país, la ley los protegería”, comentó.
No obstante, pese a los resultados tanto de MCCI, como la Coparmex indicaron que 8 de cada 10 empresas en el país ya cuentan con un mecanismo para prevenir la corrupción, sin embargo, aún existen muchas oportunidades de mejorarlos.
“La mitad de las empresas, principalmente las más grandes, cuentan con un código de ética, y 3 de cada 10 cuentan con mecanismos de auditoría interna”, acotó Ricardo Alvarado.