La empresa Aleatica informó que el pasado 6 de junio, el Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial Federal resolvió que no existe delito que perseguir con relación a la explotación que realizaron del Viaducto Bicentenario, lo que impide que la Fiscalía General de la República continué investigando este hecho, por lo que el abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, buscará impugnar esta resolución.
El abogado puntualizó que la decisión del tribunal se determinó de manera ilegal e inconstitucional pasando por encima de la dignidad de la función jurisdiccional y en contra de los legítimos intereses del país, ya que Aleatica no contaba con una concesión otorgada por el Gobierno Federal para explotar la obra.
“La resolución del Tribunal Colegiado no es definitiva, esa resolución puede y debe ser impugnada por el Gobierno Federal a través del juicio de amparo, porque se traduce en una afectación patrimonial muy grave para el Estado mexicano, en el transcurso de los próximos días presentaré la solicitud formal para que el gobierno federal cumpla esta obligación”, dijo a través de sus redes sociales.
Díez Gargari recordó que aún se encuentra pendiente la resolución de un juicio de amparo en el que le negaron ser catalogado como víctima, por lo que en caso de que este amparo se resuelva a su favor, la resolución del Tribunal quedará sin efecto, ya que el procedimiento tendría que reponerse desde el momento de la audiencia inicial en que el Juez de Control negó el carácter de víctima que previamente la FGR le había reconocido.
Sin embargo, el abogado enfatizó que durante la sentencia del Tribunal se reconoció que el Viaducto Bicentenario es un bien de la nación, y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México se le otorgó a Aleatica una concesión que no es válida, ya que no eran una autoridad competente.
Esto significa que entre 2010 y el 30 de septiembre de 2020, el Viaducto Bicentenario fue explotado de manera ilegal, sin concesión del Gobierno Federal.