El sector privado ve con preocupación que se apruebe la prisión preventiva por sospechas de evasión fiscal, ya que se trata de un desincentivo para las inversiones que están volteando hacia México, señaló Francisco Cervantes Saavedra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Muy preocupados, por eso insistimos siempre en que haya mesas de diálogo para escuchar los argumentos de un lado y escuchar los argumentos de otros sectores para poder sacar algo que verdaderamente nos ayude”, dijo entrevistado en el marco de la presentación del libro “Nearshoring: la oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México”.
En esta coyuntura de la relocalización de las operaciones de empresas globales, México está en un momento importante para atraer inversiones y en ese contexto, se debe armonizar la política pública regionalmente para que el país conserve el título de la economía número uno en América Latina, señaló quien representa al sector empresarial.
“Ahorita que están llegando inversiones, que se está hablando de incentivos, (la reforma) es un desincentivo”, agregó sobre el avance en comisiones del Congreso de la aprobación de la reforma sobre prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales.
“En todas las iniciativas, todas las reformas, hay que revisarlas, hay que platicarlas y sobre de eso (se decide), como lo hemos hecho a lo largo de este sexenio y al menos en el sector empresarial en muchas de las iniciativas hemos sido participantes”, expuso el líder de la máxima cúpula empresarial del país.
Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Constitución con el objetivo de incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, y dentro del catálogo figuran la defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
El siguiente paso es la discusión y eventual aprobación de la reforma, una vez que se establezca la próxima legislatura en septiembre.
“Está en discusión todavía (la reforma) y en ese pedacito pueden cambiar, nos comprometeríamos en hacer un juicio anticipado”, dijo Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
Sobre la participación del sector privado en mesas de trabajo para exponer sus consideraciones sobre esta reforma, el líder de los industriales señaló que mantienen un equipo legal que está participando.
“Estamos escuchando, no de la Concamin directamente, pero hay parte del sistema empresarial de la parte legal revisando y estamos completamente enterados”, apuntó.
Faltan contrapesos
Por su parte, Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, advirtió que la prisión preventiva oficiosa como se está planteando en el proyecto de ley que sigue avanzando en comisiones del Congreso, puede ser un arma muy peligrosa en contra de los contribuyentes pequeños y debe haber contrapesos.
“De ser aprobado en sus términos el proyecto de ley se podría acusar de defraudación y mandar a prisión preventiva oficiosa a contribuyentes que deban desde un peso al SAT, o a quienes no notifiquen a la autoridad tributaria su cambio de domicilio”, recalcó.
En entrevista, opinó que la reforma debería establecer la prisión preventiva oficiosa cuando sea un delito calificado y supere los 10 millones de pesos el monto presumiblemente defraudado.
“Lo que yo haría sería poner en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el artículo 19 constitucional diga: defraudación fiscal en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y el código nacional establezca, que se refiere a la fracción tercera, que es la de mayor cuantía del artículo 108 del CFF”, abundó.
“También debe precisarse que la prisión se ejerza cuando haya delitos del orden patrimonial, para que no por el simple hecho de que cambie mi domicilio fiscal ya me quieras meter al bote”, enfatizó.
“Para que no se vayan contra el más pequeño, por ejemplo, si el contribuyente fue notificado, pero este no recibió el aviso, lo puedan estar metiendo a la cárcel porque debe a lo mejor 300 mil pesos”, subrayó.
Romero Aranda reiteró que los delitos fiscales, y en específico los de defraudación fiscal, sí deben tener preventiva oficiosa, pero no en la manera como lo están planteando en esta reforma.
“El concepto en primera instancia te podría decir que no lo veo mal, debido a que es lo que yo siempre impulse, esto ratifica la política fiscal de perseguir a los grandes capos, a los grandes criminales”, recordó el experto.