Muchas de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de México comprometen el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial, de acuerdo con un grupo de influyentes legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
A través de una carta dirigida a la embajadora Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los legisladores instaron al gobierno estadounidense a involucrarse de manera activa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso entrante de México para asegurar que las reformas no contravengan las obligaciones asumidas bajo el T-MEC.
“Reconocemos el derecho soberano de cada gobierno a actualizar su constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, señaló la carta.
La misiva, encabezada por el representante Adrian Smith, presidente del subcomité de Comercio del Comité de Ways & Means, refleja la creciente inquietud sobre cómo los cambios en las leyes mexicanas podrían afectar a las inversiones estadounidenses y a las relaciones comerciales bilaterales. De los diez firmantes, nueve son miembros del Comité de Ways & Means, que desempeña un papel crucial en la supervisión de la implementación del T-MEC en la Cámara de Representantes.
I sent a letter to U.S. Trade Rep Katherine Tai over the need to hold Mexico to its obligations under USMCA. As one of our closest trading partners, we cannot afford to compromise on USMCA commitments that provide immense benefits to both countries. pic.twitter.com/38OlvbrMos
— Rep. Adrian Smith (@RepAdrianSmith) September 5, 2024
Los legisladores expresaron su preocupación también por el impacto que ciertas reformas, particularmente aquellas relacionadas con la energía, la minería y la agricultura, podrían tener sobre las empresas estadounidenses que operan en México bajo el marco del T-MEC.
Entre los temas más destacados, los legisladores subrayaron los riesgos potenciales de limitar los métodos de extracción en el sector energético, reducir la exploración de litio, restringir permisos eléctricos y las importaciones de maíz genéticamente modificado, así como la posible abolición de organismos reguladores autónomos en México.
Estos cambios, argumentaron, no solo podrían afectar a las empresas estadounidenses, sino también socavar la competitividad de América del Norte en su conjunto.