Muchas de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de México comprometen el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial, de acuerdo con un grupo de influyentes legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
A través de una carta dirigida a la embajadora Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los legisladores instaron al gobierno estadounidense a involucrarse de manera activa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso entrante de México para asegurar que las reformas no contravengan las obligaciones asumidas bajo el T-MEC.
“Reconocemos el derecho soberano de cada gobierno a actualizar su constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, señaló la carta.
La misiva, encabezada por el representante Adrian Smith, presidente del subcomité de Comercio del Comité de Ways & Means, refleja la creciente inquietud sobre cómo los cambios en las leyes mexicanas podrían afectar a las inversiones estadounidenses y a las relaciones comerciales bilaterales. De los diez firmantes, nueve son miembros del Comité de Ways & Means, que desempeña un papel crucial en la supervisión de la implementación del T-MEC en la Cámara de Representantes.
Los legisladores expresaron su preocupación también por el impacto que ciertas reformas, particularmente aquellas relacionadas con la energía, la minería y la agricultura, podrían tener sobre las empresas estadounidenses que operan en México bajo el marco del T-MEC.
Entre los temas más destacados, los legisladores subrayaron los riesgos potenciales de limitar los métodos de extracción en el sector energético, reducir la exploración de litio, restringir permisos eléctricos y las importaciones de maíz genéticamente modificado, así como la posible abolición de organismos reguladores autónomos en México.
Estos cambios, argumentaron, no solo podrían afectar a las empresas estadounidenses, sino también socavar la competitividad de América del Norte en su conjunto.