85 de 120 Fintech tendrán permiso para operar en México bajo la Ley: CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este jueves que un total de 85 empresas Fintech, de un universo de 120 que requieren del permiso, ingresaron su trámite ante el organismo.

Las firmas tenían hasta septiembre para cumplir con el trámite.

"60 solicitaron autorización para operar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Financiamiento Colectivo", informó la CNBV en un comunicado.

Señaló que, a días de que culminara el plazo para presentar la solicitud el número de Fintech que presentaría trámite, era incierto para el ecosistema.

De acuerdo con la entidad reguladora, las empresas que ingresaron su solicitud de autorización podrán continuar realizando dichas actividades hasta que se resuelva su trámite, mientras que las firmas que no ingresaron trámite deberán abstenerse de continuar realizando actividades o celebrando nuevas operaciones.

Es decir, solamente podrían realizar actos tendientes a la conclusión o cesión de las operaciones existentes.

Advirtió que las empresas que no hayan solicitado su autorización y mantengan operaciones, serán sujetas a las sanciones penales y administrativas que marca la Ley.

En el documento, la CNBV dejó abierta la puerta para que los interesados en constituir sociedad de nueva creación inicien su proceso de autorización en cualquier momento.

Durante el proceso, el regulador fue actualizando criterios y las guías de presentación, situación que les ayudó para saber qué es lo que querían, sin embargo, si resintieron no poder enfocarse en sus actividades, coincidieron ambos especialistas.

En México, la Ley Fintech, que regula a empresas que ofrecen servicios financieros a través de herramientas tecnológicas se promulgó el 8 de marzo de 2018 y se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicha ley se encarga de que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) operen bajo regulación y supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la CNBV para, entre otras cosas, proteger la información de los usuarios y prevenir delitos como el lavado de dinero.