Acusaciones de Lozoya abren puerta a 'contrarreforma' energética: abogados

Las declaraciones del exdirector Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucrarían una serie de acusaciones sobre supuestos sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en 2013, abrirá la puerta para que la administración actual plantee la posibilidad de una contrarreforma en el sector, dijeron abogados.

"Sí podrían (tirar la reforma), pero es un proceso larguísimo, con sobornos o sin sobornos las leyes se aprobaron en un acto legislativo, entonces solo otro acto legislativo puede terminar con el primero... Creo que más que impugnar la legalidad (de la reforma), van a tratar de decir: 'esto se aprobó en un evidente acto de corrupción, entonces hay que tirarla'. No pueden regresar a como estaba antes, tendrían que hacer una nueva reforma", dijo Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie.

Si bien, comprobar los supuestos sobornos entre los legisladores que votaron para aprobar la principal acción constitucional del gobierno de Enrique Peña Nieto no implicaría la derogación de la misma, estos argumentos serían suficientes para que la administración actual presente ante el Legislativo una nueva reforma.

"Pareciera que es un tema más político que legal, pero si toman esa bandera evidentemente podrían hacer los cambios necesarios para hacer una contrarreforma", explica Bernardo Cortés, asociado sénior del despacho Dentons López Velarde.

"Lo que sí tiene que quedar claro es que deben pasar por un proceso legislativo, el posible hecho de que haya actos de corrupción no implica que el proceso de aprobación de la reforma haya sido invalido y que así puedan derogar de facto. Para derogarla debe haber un cambio constitucional", mencionó .

Contratos a salvo

Hasta ahora el gobierno ha respetado los contratos otorgados bajo las rondas petroleras. La posibilidad de una contrarreforma en el sector, dicen los entrevistados, no sería suficiente para cancelar los derechos adquiridos por compañías privadas en el sector petrolero. La única posibilidad legal de cancelación, explican, radica en la comprobación de actos de corrupción en la adjudicación de cada uno de los más de 100 contratos.

"La posibilidad (de cancelación) existe en la medida que lo comprueben respecto a ese contrato en específico. En la medida en que pudieran comprobar que hubo un acto de corrupción sobre un contrato en específico, entonces ahí sí tendrían la posibilidad de poder rescindir", explicó Cortés.