La política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional que publicó la Secretaría de Energía (Sener), y que limita las plantas renovables del sector privado 'no verá la luz' al menos en tres años, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que fuera suspendida definitivamente, estimaron abogados.
"La SCJN dio la suspensión definitiva, lo que significa que el acto reclamado queda suspendido hasta que se resuelva por la SCJN y normalmente se resuelve en dos o tres años", comentó Rogelio Lopez-Velarde, Socio de Dentons Lopez-Velarde.
La suspensión se dio luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impugnara en meses pasados el decreto, bajo el argumento de que viola las facultades que tiene para asegurar la competencia de los mercados.
"Cofece alega invasión de sus facultades en materia de competencia porque al momento que la política de confiabilidad discrimina indebidamente e ilegalmente a las tecnologías limpias en favor de plantas termoeléctricas que consumen combustóleo por parte de Pemex, viola la Ley", explicó Lopez-Velarde.
En este sentido, indicó que la política de confiabilidad no solo viola aspectos de competencia económica, sino también regulatorios, ambientales y acuerdos internacionales que tiene México en materia ecológica.
"Lo que quiere este gobierno es regresar una vez más a un monopolio estatal que es perjudicial y anacrónico para el país", concluyó el abogado.
Cambiarían Constitución
En relación al fallo de la Corte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que de ser necesario, buscará una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación.
"Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional, para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés del pueblo esté por encima de interés personales o de grupos por legítimos que sean", dijo el mandatario.
"Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho. El propósito para decirlo con claridad, era dejar el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero", expresó López Obrador.
Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, declaró que una reforma constitucional requeriría mayoría calificada en el Legislativo, y dijo que el asunto ya tiene impacto en las inversiones.
"El segundo generador en México después de CFE (Iberdrola), ya anunció que no va a hacer inversiones en México, entonces, esto puede traer varias consecuencias, que se detenga el flujo de inversiones en México cuando hay una demanda anual de 3 por ciento de energía y CFE no tiene los recursos para invertir en nuevas plantas de generación, por lo que se requiere la participación de la iniciativa privada", advirtió.
Además, señaló que ya hay una ola de amparos presentados por las empresas y puede haber más.
"Por un lado, se pueden invocar los capítulos de protección a las inversiones de los tratados de libre comercio que México tiene firmados con EU y países europeos", afirmó el experto.