El Senado busca catalogar la defraudación fiscal y la comercialización de facturas falsas como delincuencia organizada y, por tanto, susceptible de ser materia de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, empresarios y expertos aseguraron que esa penalización es excesiva con los contribuyentes cumplidos, quienes quedarían en incertidumbre ante la lupa del fisco.
"Nos parece excesivo generar un instrumento con la potencial posibilidad de dañar a empresas inocentes. Nosotros queremos estar en las discusiones, debates y explicaciones que sean necesarias, vamos a estar en el camino del diálogo", sostuvo Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Juvenal Lobato, presidente de la Comisión de Derecho Tributario Constitucional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, aseguró que "las reformas que buscan los senadores son excesivas, generan incertidumbre a los contribuyentes cumplidos. Es como si quisieran dar un cañonazo y no tiros de precisión a los factureros".
Lobato advirtió que el mayor riesgo es para los contribuyentes que son cumplidos con el SAT, esto porque con las reformas existe el riesgo de que si una persona física o moral por algún error contable omitió registrar debidamente sus ingresos o registró mal sus deducciones, el fisco podría interpretar esos errores como dolosos y catalogar a ese contribuyente como defraudador fiscal.
Responsabilidad debe ser del emisor
Javier Zepeda, especialista en temas fiscales, afirmó que "las reformas son excesivas por una sencilla razón: le están fincando una responsabilidad al contribuyente receptor, cuando éste no tiene el alcance de supervisar que el contribuyente emisor está en operaciones simuladas de facturas o que esté en regla, el contribuyente al que le tendrían que fincar la responsabilidad es al emisor de las facturas".