Guadalajara, Jalisco.- Si se les otorga a las empresas la deducibilidad plena de prestaciones laborales, gobierno e iniciativa privada salen beneficiadas ya que ese peso aunque no vaya a las arcas públicas vía el pago de impuestos, su uso será mucho más eficiente en la generación de valor agregado, coincide especialista económico con los empresarios.
"Distraer un peso de inversión privada a la inversión pública, si tiene un costo en la eficiencia. Se entiende la necesidad del gobierno por tener mayor ingreso tributario; pero en estos momentos inhibe la posibilidad de inversión privada que ha sido el motor ante la reducción de la inversión pública", explicó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
En el marco de la Reunión Anual de Industriales 2016, explicó que los últimos datos de Inegi demuestran que el valor agregado que genera el sector privado con su inversión, ha tenido un crecimiento promedio anual en los últimos 12 años de aproximadamente tres por ciento.
"Un ritmo de crecimiento superior al de la propia economía; en tanto que el valor agregado del sector público es prácticamente del cero por ciento" y agregó que en 2015 el 83.5 por ciento del valor agregado lo generó el sector privado.
Durante muchos años el presupuesto de gastos fiscales, en donde se incluía todo lo que el gobierno dejaba de percibir por esquemas autorizados de subsidios o deducciones, llegó a representar hasta el siete por ciento del PIB anual.
Ante las necesidades que tiene el gobierno de tener mayor ingreso sin crear nuevos impuestos, ha optado hacer ajustes en el presupuesto de gastos fiscales lo que implicó limitar la deducibilidad de las prestaciones laborales.
José Luis de la Cruz reconoció que el gobierno podría utilizar esos recursos tributarios en programas sociales o inversión en infraestructura.
"Sin embargo, en este momento en que se necesita reactivar el crecimiento económico en México parece pertinente dejar ese peso en manos de la parte que tiene mayor capacidad para generar crecimiento ya que al otorgar una prestación al trabajador, también favorece el desarrollo social con actividad productiva al estar vinculado con empleo formal, que también es un objetivo del gobierno", dijo.
Las prestaciones laborales son una obligación del trabajador y no del gobierno, si éste las pagara, le estarían quitando recursos para aplicar en programas sociales, señaló el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida.
"Si no son deducibles no le impacta al trabajador, son obligaciones del patrón. Lo que los ellos querían era que quien las pagara fuera el gobierno y eso sí repercute en la gente porque ese dinero puede utilizarse en gasto de carácter social", explicó.
Entrevistado en este foro de industriales, el funcionario dejó la puerta abierta para negociar con la iniciativa privada y encontrar opciones.
"Vamos a buscar con inteligencia de qué manera podemos generar incentivos a la productividad que efectivamente beneficien a ambas partes, que se repartan democráticamente entre trabajadores y patrones", dijo.
Los empresarios están en cabildeo con los legisladores para que incluyan su petición en sus discusiones de la Ley de Ingresos y Egresos de 2017 con el argumento de que en los últimos dos años que éstas se limitaron, sus costos laborales se han incrementado al 8 por ciento.
"Hay prestaciones de ley que se tienen que dar y esas tendrían que ser deducibles al cien por ciento, eso es lo que demandamos mínimamente. Si tienes que dar por ley mínimamente ciertas prestaciones y no las puedes deducir, reflejas una utilidad que no es correcta, más alta y obliga a las empresas a tributar en un número que no es. Por eso estamos insistiendo ante la autoridad de que regrese la deducibilidad al cien por ciento por lo menos en las prestaciones de ley", dijo Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y advirtió que el negarles la deducibilidad de estos beneficios fomenta el empleo informal.
Economía