En los próximos 14 años se necesitará invertir alrededor de 75 mil millones de dólares, es decir 5 mil millones de dólares anuales para tecnologías renovables, con lo que se cumpliría con la meta intermedia de generar energía limpia con una participación de 25 por ciento en 2018 y de 35 por ciento para 2024.
De acuerdo con reporte elaborado por PWC y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Cespedes), la inversión permitirá incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) en 45 mil millones de dólares que detonarían la creación de hasta 180 mil empleos.
El estudio refirió que los costos nivelados de generación de los proyectos renovables en licitaciones del año pasado presentaron valores competitivos, según el tipo de tecnología y el plazo de realización.
Detalló que para la energía solar los costos pasarían de entre 79 y hasta 120 dólares por mega watt hora en 2014 a entre 60 y 90 dólares para el 2025; en tanto para energía eólica pasarían de entre 59 y hasta 80 dólares en 2014 a entre 50 y 61 dólares por mega watt hora en 2025.
Liliana Estrada, consultora de Inteligencia Pública, dijo que la meta de la Ley de Transición Energética apela también a la diversificación de fuentes de generación eléctrica, dado que advirtió no sólo se puede depender del gas natural.
"Hoy el gas natural, la mayoría lo estamos importando de Estados Unidos, pero, ¿qué pasa si por algo cierran la llave? Lo que esta ley permite es que haya más opciones para generar electricidad", destacó.
Sin embargo, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), dijo que la meta de reducción de emisiones en México es por demás agresiva.
Aseveró que lo que plantea la Ley de Transición Energética va más allá de las posibilidades del país tanto en su desarrollo, como en su economía, como cuando se compara con otros países como China y Estados Unidos, agregó De La Cruz en el Senado de la República.
El compromiso de Estados Unidos tiene otra visión: disminuir las emisiones entre 28 y 32 por ciento pero sin "enfrascarse" a solo utilizar tecnologías limpias, lo que sí sucede en la legislación mexicana, aseveró.
"El problema de tener metas tan ambiciosas y no haber regulado antes esta materia es que la factura la va a pagar el sector industrial", destacó De La Cruz.