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Las entidades federativas mexicanas registran significativos problemas financieros (déficits) en sus sistemas de pensiones, los cuales demandan elevados y crecientes requerimientos de recursos, siendo el problema estructural más importante que registran, destacó la más reciente entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los estudios actuariales de las 32 entidades federativas revelaron que casi la totalidad, salvo dos excepciones y tres que no presentaron su evaluación, arrastran déficits en sus sistemas de pensiones de aproximadamente de 1.6 billones de pesos, del que dependen alrededor de un millón de personas afiliadas.
La falta de información sobre el pasivo y situación de los sistemas de pensiones locales motivó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) estableciera que los entes públicos de los gobiernos subnacionales deben realizar un estudio actuarial de la situación de las pensiones de sus trabajadores y que debe ser actualizable cada tres años, y debe contener como mínimo la información relativa a la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el balance actuarial en valor presente.
En el informe de la ASF se detalló que el Estado de México es el que mayor déficit presenta, de 535 mil 443 millones de pesos; le siguen Jalisco, con 260 mil 580 millones; Veracruz, con 150 mil 965 millones; Chiapas, 138 mil 607 millones; Chihuahua, 130 mil 698 millones de pesos.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, en la información proporcionada por las entidades federativas se destaca que Michoacán de Ocampo presentó inconsistencias entre el estudio actuarial y lo reportado en el formato ocho de la LDFEFM, mientras que el estado de Morelos no lo realizó, en tanto que otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana Roo no llevaron a cabo el estudio actuarial en virtud de que cuentan con convenios con instituciones de seguridad social, como el ISSSTE.
En este monto no se consideran las pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ni de la Comisión Federal de Electricidad.
"De acuerdo con estos estudios recientes, se requiere realizar esfuerzos para homogeneizar los sistemas de pensiones, introducir sistemas de capitalización individual en todos ellos, en el que cada trabajador tenga una cuenta individual en forma complementaria, lo anterior similar a lo realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aumentar la edad de retiro a 65 años y reducir beneficios que se consideran excesivos en algunos casos, lo cual requiere de modificaciones legislativas", recomendó la Auditoria Superior de la Federación.
Presión a finanzas públicas
Entre el 2012 y el 2019, el costo financiero se incrementó de 0.8 por ciento del PIB a 2.7 por ciento, y en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del 2020 se estimó que sería de 3.0 por ciento, para gradualmente disminuir y ubicarse en 2.7 por ciento del PIB en 2024.
"Aunque en términos monetarios seguirá su tendencia al alza, por lo que, en conjunto con otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones, generarán presiones en el presupuesto público y comprometerán recursos que podrían destinarse a inversión productiva y programas sociales".
El gasto en pensiones y jubilaciones ha incrementado su participación en el componente programable, al pasar de 13.9 por ciento en 2013 a 20.6 por ciento en 2019, debido al crecimiento permanente en el número de pensionados y de la pensión otorgada a los trabajadores que acceden a este beneficio anualmente.
La Secretaría de Hacienda espera que aumente el gasto de pensiones de 4.2 por ciento del PIB en el 2020 a 5.3 por ciento en el 2026.
La ASF reitera que, debido a las presiones de gasto que representan las prestaciones asociadas con la jubilación de los trabajadores y el pago de la pensión respectiva, se requiere consolidar la reforma financiera de los sistemas de pensiones, mediante propuestas que consideren (además del monto de las pensiones y su cobertura) la edad de jubilación, la tasa de cotización de los trabajadores y la promoción del ahorro voluntario, a fin de asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazos.
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