La iniciativa que busca eliminar el outsourcing en el país, tal como está ahora, podría tener consecuencias y riesgos, explicó este jueves Jorge Sales Boyoli, coordinador del comité de derecho laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
La pregunta sobre los riesgos, señaló Sales, debería ser en relación a la transferencia de personal de una compañía de outsourcing a otra, tomando en cuenta que se estima que hay 4.5 millones de personas en este esquema, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"Qué consecuencias va a tener que transfiramos a 4 y medio millones de personas de una compañía de outsourcing a otra. Creo que un riesgo que hay en esta transferencia, y que tendría que cuidarse, es que al transferir estos empleos no se 'desparramen' algunos de estos empleos a la informalidad", apuntó en el EF MEET POINT. Iniciativa outsourcing: ¿amenaza al empleo?
Sales Boyoli consideró que existe la posibilidad de que haya compañías que no tengan la capacidad financiera de soportar el costo que supondrá el tránsito de sus trabajadores a otra compañía de subcontratación u outsourcing.
"Y ahí puede ser muy seductor o despedir personas o buscar esquemas de informalidad que generen precariedad y vulnerabilidad", puntualizó en su participación.
La iniciativa tal como está ahora, comentó, es muy acotada y, si entrara en vigor hoy, el outsourcing se convertiría en iegal. Es por esto que es necesario más tiempo para poder hacer una transición ordenada, aseguró.
En tanto Mónica Flores, presidenta de ManPowerGroup Latinoamérica, señaló que en la iniciativa también deberá pensarse no solo en las grandes empresas, sino en las pequeñas y medianas.
"Pensemos por un momento que en este diálogo afortunado que se está teniendo podamos generar reglas claras, sencillas, fáciles de cubrir y de cumplir, no solo por las empresas grandes: recordemos que la economía en el país está basada en la pequeña y la mediana empresa, hay que darles facilidad para que estas organizaciones que generan la mayor parte de los empleos en México puedan seguir invirtiendo y concentrándose con certeza jurídica en lo que es su negocio. La subcontratación legal y ordenada es un imperativo para generar competitividad y flexibilidad", manifestó.
Sales coincidió en que la subcontratación tendría que subsistir de manera diferenciada para el caso de las Pymes.
"Se habla de estos grandes corporativos, pero estas pymes, las fondas, que están cada quincena tratando de sacar la cabeza del agua, y que en el outsourcing legal pueden encontrar un refugio para poder salir adelante", añadió.
El pasado 12 de noviembre, el Gobierno de México presentó una iniciativa para regular la figura de outsourcing, con la cual esta acción quedará prohibida.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, la cual turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público.